El gobernador mantuvo una importante reunión con los presidentes de bloque de la Legislatura y los intendentes de Rosario y Santa Fe para abordar la delicada situación de seguridad que atraviesa la provincia que derivó en una crisis política tras el allanamiento al Ministerio de Seguridad por sospechas de la existencia de una red de inteligencia dirigida por el ex ministro Marcelo Saín para espiar a dirigentes, empresarios y periodistas.

El tema tuvo una fuerte repercusión política y durante los días previos al encuentro, la oposición salió a la opinión pública con los tapones de punta. En ese contexto, se temía una cumbre de extrema tensión. Sin embargo, desde el oficialismo y la oposición coincidieron en señalar que el encuentro fue muy positivo y destacaron el carácter propositivo.

En cuanto a la causa contra Saín y algunos ex funcionarios de su equipo, el gobernador negó estar al tanto de lo que ocurría en la cartera y se comprometió a colaborar con los fiscales, además de ordenar por decreto una auditoría. Desde los bloques opositores le pidieron que además haga público el apoyo a los investigadores.

"Hubo un cambio muy importante de parte del gobernador donde se retomó un canal de diálogo con la Legislatura donde los diputados pudimos contar nuestros proyectos en materia de seguridad y fuimos escuchados", sostuvo al finalizar la reunión el radical Maximilano Pullaro, uno de los más críticos de las políticas de seguridad que había implementado Saín.

Según pudo saber La Política Online, hace unas semanas que el actual ministro de Seguridad Jorge Lagna se puso en contacto con Pullaro, quien ocupó la cartera durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, para retomar algunas de las políticas en la materia que el radical puso en práctica durante cuatro años, sobre todo en logística y selección de autoridades policiales.  

El tono de respeto con que se llevó adelante la reunión sorprendió al mismo Oscar Urruty, secretario de Gobierno, quien tuvo a su cargo la convocatoria que había anunciado una semana atrás y en el medio explotó el escándalo por la causa contra Saín: "me llamó la atención lo propositivo que tuvo este encuentro, quedamos muy satisfechos y hemos recogido proyectos de la oposición muy interesantes para impulsar en las próximas sesiones extraordinarias", consideró el funcionario.

De hecho, el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz reclamó el traspaso del Servicio Penitenciario provincial que se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia al de Seguridad:  "este esquema genera problemas estratégicos y operativos", consideró el legislador a LPO. La propuesta fue avalada por todos los bloques y el mismo gobernador se comprometió a analizarlo seriamente, reconocieron en gobernación.

Además, Chumpitaz le encomendó al mandatario provincial que insista ante Alberto Fernández con el reclamo de mayor presencia de agentes federales para Santa Fe: "hay más de 70 mil gendarmes emplazados en el conurbano porque es la base electoral del kirchnerismo, porque en la distribución de las fuerzas hacer primar un criterio político", dijo el diputado.

Por su parte, Perotti les solicitó a los legisladores el tratamiento de la Ley de Emergencias en Seguridad para darle mayor celeridad a las compras de móviles, equipamiento y tecnología a la policía ya que en el gobierno admiten que están muy atrasados debido a la pandemia, porque las terminales automotrices a las que le compraron vehículos entregan a cuentagotas pero también porque los pasos administrativos son demasiados engorrosos para la situación crítica que vive la provincia, particularmente la ciudad de Rosario.