María Eugenia Iribarren asumió como fiscal regional interina de Rosario en medio de una crisis institucional sin precedentes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de la renuncia de Patricio Serjal, acusado de formar parte de una asociación ilícita que administraba el juego clandestino. El fiscal regional recibía cifras millonarias a cambio de desviar investigaciones. El caso escaló a las más altas esferas del poder y comprometió al senador Armando Traferri que no fue detenido por los fueros legislativos.

"La causa puso en crisis la imagen del MPA, en la percepción que la gente tiene de una institución en la que tiene que confiar y causó un cimbronazo al interior que se sumaron a las dificultades que se arrastraban hacía tiempo en el órgano de dirección de la Fiscalía Regional donde los fiscales no eran escuchados y el trabajo se hacía muy dificultoso", recuerda Iribarren.

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"Con mi designación se trata de reconstruir la confianza hacia adentro y hacia afuera y estamos en ese proceso. Actualmente se trabaja de manera mucho más transparente, más eficiente", sostiene la nueva fiscal regional que recibió a LPO en el moderno edificio ubicado en Rosario, construido especialmente para alojar al órgano de persecución penal, que hoy tiene el desafío de enfrentar las organizaciones criminales más peligrosas del país.

Para acceder al Centro de Justicia Penal hay que atravesar las vallas que impiden la circulación de vehículos, colocadas luego de los ataques a tiros que sufrió el edificio por donde pasaron los jefes de Los Monos, Alvarado y varios líderes de las bandas narco que convirtieron a Rosario en la ciudad con más homicidios de la Argentina.

-Desde el inicio de su gestión tuvieron que enfrentar causas muy complejas como la del capo narco Esteban Alvarado, condenado a cadena perpetua hace pocos días.

-Así es, porque toda esta crisis que derivó en mi designación al frente de la Regional Rosario sucedió en medio de una crisis general de seguridad y de violencia que atravesamos en la ciudad y en la zona. Yo lo dije en el informe de gestión, no podemos decir que la corrupción, en los distintos niveles del Estado, no tiene incidencia en la situación que estamos hoy de violencia y de cómo funcionan las organizaciones criminales en Rosario. Sin corrupción, estas bandas no son viables, no serían factible.

La Fiscalía es un arquero sin defensa, donde recibimos todos los pelotazos y la expectativa está en como lo resolvemos. Pero no tendrían que llegar tantos delitos sino que tendrían que prevenirse y existir controles eficientes del resto de los órganos del Estado. Deberíamos ser la última instancia.

-Esa fue la hipótesis que siguieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el juicio a Alvarado donde hubo menciones muy impactantes de complicidades de la política y el MPA se encontró con una limitación para avanzar sobre algunos actores. ¿Qué evaluación hace de lo ocurrido?

-Cuando hablamos de corrupción nos referimos a distintos niveles. En primer lugar, la corrupción policial donde nosotros hemos puesto énfasis en cómo poder abordarla de una manera más planificada y organizada y no solamente respondiendo a denuncias, sino que nosotros generamos investigaciones y recopilamos elementos porque siempre son una parte de estas organizaciones criminales porque no hacen lo que tienen que hacer o desvían las investigaciones.

LPOJonatan Bustos

Nosotros sentimos que la Fiscalía es un arquero sin defensa, donde recibimos todos los pelotazos y la expectativa está en como nosotros lo resolvemos. Pero no tendrían que llegar tantos delitos sino que tendrían que prevenirse y existir controles eficientes del resto de los órganos del Estado a tiempo y no que todo llegue al delito. Deberíamos ser la última instancia.

-Años atrás, hubo un cambio en el reglamento del MPA donde la Legislatura provincial se adjudicó la potestad sancionatoria. ¿Esto generó una crisis entre poderes?

-El cambio del sistema procesal penal puso en cabeza de la fiscalía una autonomía y una forma muy dinámica y flexible de investigar, muy distinta de la que tenían los jueces de instrucción anteriormente, eso generó que muchas personas dijesen, palabras textuales, que el MPA es un monstruo y lo decían como una cuestión crítica, que era algo desorganizado. En realidad el monstruo es que podía generar investigaciones de cualquier tipo y en cualquier ámbito, un monstruo que muchos no contemplaron.

Pero la base de que el sistema funcione, es la fortaleza que tengan los fiscales para poder investigar en todos los aspectos, que puedan ser independientes, autónomos y que tengan un respaldo si vas a investigar a poderosos. Porque después, es tu cabeza la que corre y eso no se puede concebir como una política de Estado seria en ningún lugar del mundo.

El cambio del sistema procesal penal puso en cabeza de la fiscalía una autonomía y una forma muy dinámica y flexible de investigar, muy distinta de la que tenían los jueces de instrucción. Eso generó que muchas personas dijesen que el MPA es un monstruo y se modificó la ley para que los procesos disciplinarios pasen al Poder Legislativo, se buscó un mecanismo para controlar la fiscalía.

-Eso pasó...

-Sí y no solo pasó, sino que se modificó la ley en distintas ocasiones. Cuando específicamente se modificaron los procesos disciplinarios y todo quedó en manos de un Poder del Estado (Legislativo), claramente se buscó un mecanismo para controlarlo.

No existe en ningún otro ámbito estatal los controles que le impusieron al MPA porque estamos hablando que la Legislatura tiene facultades disciplinarias sobre faltas administrativas. Si un fiscal no va a una audiencia, tiene una investigación disciplinaria y se lo sanciona. Si un legislador no va al debate de su Cámara es estrategia y nadie lo cuestiona.

Todo eso forma parte del diseño institucional de la provincia. No es casual que hace 20 años no se haya sancionado la Ley de Transparencia. No podemos particularizar ni responsabilizar a toda la clase política porque también tenemos que asumir que existe un MPA gracias a la política que tomó la decisión en su momento.

-¿La política tomó la decisión de crear el MPA y después se asustó?

-No lo sé, no podría decirlo de esa manera. Lo que sí ocurrió y es lo más llamativo es que la ley que cambió el proceso disciplinario de los fiscales se sancionó en 24 horas, sin ningún tipo de discusión previa y por unanimidad.

-Desde la política dicen que no hubo ningún caso en que se haya sancionado a un fiscal por causas arbitrarias...

-Pero hay una espada de Damocles, una amenaza constante.

-La fiscalía también se enfrentó con un límite cuando intentó investigar al senador Traferri.

-Eso es otra cuestión aparte. 

(NdR: el senador Armando Traferri se amparó en los fueros absolutos que le otorga la Constitución de Santa Fe, que data de 1962, que impide siquiera ser investigado. Un pacto entre peronistas y radicales lo salvó del desafuero y luego lo hizo la Corte Suprema provincial. Ahora el tema está en manos de la Corte Nacional). 

Con los fiscales federales estamos trabajando bastante bien, se ha ido mejorando y articulando. Sobre todo, con la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) como nexo y hemos podido avanzar bastante. Antes, que un juez de instrucción compartiera algo más que un café o una reunión social con un juez federal, era impensado.

-Hace poco se realizó en esta ciudad un encuentro de la Justicia Federal de todo el país, liderado por la Corte Suprema, donde se planteó una nueva etapa en la que ustedes tendrían mayor apoyo para investigar al delito organizado. ¿Qué opinión tienen en fiscalía?

-Lo que se habló particularmente en esa en esa reunión no lo sabemos porque no participamos y las cuestiones concretas que se hayan decidido, no quedaron plasmadas en ningún lado. No sabemos si se trató más de una manifestación proactiva o fue algo operativo, que no creo que haya pasado, y no sé si ha trascendido a lo que es la justicia federal donde creo que alcanzaría con cubrir los cargos que están vacantes hace añares. No hace falta solamente aumentar recursos sino cubrir y planificar sobre lo que se quiere.

Con los fiscales federales estamos trabajando bastante bien, se ha ido mejorando y articulando. Sobre todo, con la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) como nexo y hemos podido avanzar bastante. Antes, que un juez de instrucción compartiera algo más que un café o una reunión social con un juez federal, era impensado.

LPOJonatan Bustos

-¿Ven un cambio de actitud de parte de la justicia federal, muy criticada por lo poco que actuó en Rosario ante el avance del narco?

-Antes, directamente nos negaban el acceso cuando queríamos saber algo de la justicia federal. Hoy se han dado cuenta que nosotros tenemos herramientas mucho más ágiles y una dinámica de trabajo mayor y se respaldan en nuestras investigaciones. Antes, declaraban la nulidad de cualquier proceso por el simple hecho de no haberlo realizado ellos.

-En esa dinámica el MPA pudo crear unidades especiales en muy poco tiempo para abordar nuevas estrategias de la criminalidad como sucedió con las balaceras que se comenzaron a investigar de forma sistemática.

-Detrás de cada una de esas decisiones tiene que haber articulación. Nosotros hemos hecho todas las modificaciones con lo que tenemos, reacomodando recursos, sabiendo que no vamos a tener mayores ingresos. Pero requiere horas y horas de trabajo de articulación con distintas agencias como el Servicio Penitenciario.

Es difícil evaluar la gestión de Saín porque no pudo mostrar resultados porque lamentablemente si bien tenía un buen proyecto de depuración de la policía, nunca se empezaron a discutir las leyes de reforma policial. No tenemos dudas que hay que cambiar esta policía.

-Cuando advierten que desde las cárceles se ordenan el 90% de las extorsiones, aprietes, ejecuciones y balaceras, ¿qué se hace con eso?

-Trabajamos con el Servicio Penitenciario que tiene sus propias limitaciones. Estuvimos reunidos la semana pasada con (Walter) Gálvez -secretario de Asuntos Penitenciarios- con planos en mano donde nos explicaba lo que pasaba y viendo qué necesitaban judicialmente para que ellos puedan trabajar de la mejor manera, pero le faltan muchísimos recursos y posibilidad de planificación. En los últimos años, no hubo directrices sostenidas sino al contrario, hubo cambios importantes en el Ministerio de Seguridad.

La gente hablaba de la puerta giratoria y eso no existe más. Quedó en evidencia porque se investiga, se mete preso y se condena en tiempos cortos. Pero la prevención necesita de políticas coordinadas de todo el Estado.

-¿Qué evaluación hace de la gestión de Marcelo Saín?

-Es difícil evaluar una gestión que no pudo mostrar resultados porque lamentablemente si bien tenía un buen proyecto de depuración y transparentar la policía, nunca se empezaron a discutir las leyes de reforma policial y no solo esa sino que no se trató ninguna ley. No tenemos dudas que hay que cambiar esta policía. Lamentablemente no pudo generar estas articulaciones y vínculos imprescindibles, eso es con lo que no pudo avanzar.