La ola de violencia desatada en Rosario y Santa Fe propició las condiciones de urgencia necesarias para que el arco legislativo, de amplia mayoría opositora al gobierno provincial, le tratase a Omar Perotti un proyecto de ley que busca dictar la prisión preventiva a quienes sean detenidos portando cualquier tipo de arma ilegal.

Tal fue el proyecto de ley que ingresó a inicios de semana el gobernador a la Cámara de Diputados y que tanto Cambiemos como el radicalismo manifestaron la voluntad de "estudiarlo". Sin embargo, en la asamblea legislativa de este jueves (en donde no se trató el proyecto por una cuestión de tiempos procesales) la diputada socialista Lionella Cattalini dio a entender que el Frente Progresista podría no seguir el mismo camino.

"Nos quiere hacer creer que con una ley de dudosa constitucionalidad y que ya existe va a revertir la situación de Rosario", dijo la legisladora sobre Omar Perotti al tomar la palabra, y acusó al gobernador de "hacer demagogia con el lema de la paz y el orden". Una reacción que puso un manto de dudas sobre el rol que jugará el Frente Progresista en esta votación, en donde cuenta con 18 de los 50 escaños. Además sorprendió porque horas antes de la sesión la propia Cattalini sostuvo a LPO que aún no habían discutido el proyecto. 

[ Perotti envió a su ministro de Seguridad a la Legislatura para destrabar la reforma policial ]

La iniciativa de Omar Perotti propone que la Justicia pueda dictar prisión preventiva a quienes porten cualquier tipo de arma ilegal. Para ello se postula la modificación de dos artículos del Código Procesal Penal (el 219 y el 220) y, en palabras del secretario de Justicia provincial Gabriel Somaglia, "permite crear una herramienta más" para que los jueces y fiscales puedan retener a quienes cometen este tipo de delitos.

"El encierro preventivo es imprescindible para impedir las posibles reincidencias del sujeto durante el proceso", se explicó en los considerandos del proyecto.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe

Somaglia destacó también que se propone "una medida cautelar que posibilita que la investigación judicial no tenga obstáculos", y recordó en conferencia de prensa que "el 90 por ciento de los homicidios cometidos en Rosario fueron realizados con armas de fuego ilegales, mientras que en ciudad de Santa Fe la cifra es del 80 por ciento".

 Confiamos en que la ley pueda votarse antes de fin de año, ya sea en sesiones ordinarias o convocando a una asamblea extraordinaria

Por eso ahora la pelota está en la Cámara de Diputados. Y aunque se especulaba con un tratamiento inmediato esta semana, lo cierto es que la alta composición opositora del Recinto terminó primando y quedó todó en pausa hasta la próxima sesión, que debería convocarse antes de fin de mes por ser el último día del período ordinario. "Confiamos en que la ley pueda votarse este año aunque deba convocarse a una asamblea extraordinaria", presionó Somaglia.

Durante la asamblea, además, el diputado del Frente Renovador, Oscar Martínez, llamó al diálogo a todo el Recinto: "Espero que la Comisión de Asuntos constitucionales trate el proyecto, más ahora que estamos en tiempos poselectorales y deberíamos aprovecharnos para unirnos porque Rosario sangra", dijo. Carlos del Frade se manifestó en igual sentido, dando a entender el acompañamiento de los sectores de izquierda.

Es que la notoriedad pública de la seguridad en la agenda provincial auguró consensos para aprobar la propuesta del gobernador. Apenas enterado de la novedad incluso Pullaro (que agrupa 10 legisladores sobre un total de 50 diputados y acérrimo crítico del gobierno de Perotti) avisó públicamente que su bloque "estudiará" la inciativa pese a que para él se trata de un tema que "ya se aplica".

[ Ataque narco a escuelas en la previa a las elecciones: "O se comunican con la mafia o siguen las balaceras" ]

Lo mismo harían los cuatro legisladores de Juntos por el Cambio. El diputado Alejandro Boscarol anticipó a LPO que "por supuesto se va a tratar y acompañar todas las iniciativas para combatir la inseguridad", y recordó además "los tres proyectos de reforma policial y seguridad pública enviados por Marcelo Sain y sobre los que el gobierno no dijo más nada".

Restaba saber la postura del Frente Progresista, interbloque mayoritario con 18 diputados, entre ellos 14 socialistas que hasta la sesión de hoy había prefierido el silencio. Tampoco se sabe que harán los bloques celestes (suman otros cuatro legisladores sin contar el monobloque de Amalia Granata), quienes aún no tienen posición definida. Una señal de alarma que pone en jaque el poroteo.

Otra historia será el Senado. Por el momento, el presidente interino, Rubén Pirola, reconoció la necesidad de darle tratamiento: "Es un tema que debe considerarse para darle un abordaje integral", dijo a LPO. "Debe ir de manera directa con una política mucho más profunda de desarmar a la población, cosa que desde ya hace muchos años no es efectiva", agregó.