Las investigaciones sobre la red de juegos clandestinos que operaba en la provincia con el aval de altos funcionaros judiciales y legislativos, y por las que se inició un trunco pedido de desafuero al senador Armando Traferri, tuvo este jueves un nuevo capítulo cuando diputados y senadores sesionaron en conjunto para definir la destitución temporal de Rodrigo González, hasta entonces fiscal de Reconquista y quien el martes próximo deberá afrontar una audiencia imputativa por irregularidades en la función pública.

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La decisión fue tomada de forma unánime este jueves, luego de que los miembros de ambas cámaras evaluasen las conclusiones elaboradas por la Comisión de Acuerdos. Además de la destitución, la bicameral dictaminó la reducción en un 50 por ciento del sueldo y el impedimento de acercarse a dependencias del Estado por parte del funcionario, quien actualmente aguarda a ser procesado por sus presuntos favores con las redes de juegos clandestinos liderada por Leonardo Peiti.

 Ganzález aguarda a ser procesado por sus presuntos favores con las redes de juegos clandestinos liderada por Leonardo Peiti

González fue puesto en la mira luego de que se develaran las vinculaciones entre Peiti y los exfiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Fue a raíz de este hecho que el fiscal de Melincué (localidad ubicada al sur de Rosario), Matías Merlo, decidió repasar los expedientes de una investigación iniciada años atrás, en 2017, que investigaba las maniobras delictivas de la banda en el pueblo vecino de Hughes, a fin de chequear si las nuevas implicaciones permitían seguir la pista de otros funcionarios que pudiesen estar complicados. Y efectivamente, repasando los expedientes, Merlo descubrió que algunas de las llamadas telefónicas comprometían a su par de Reconquista.

De este modo, la trama del juego clandestino que ya abarcaba a varias localidades del sur santafesino (Hughes, Venado Tuerto, Weelwright, Casilda), sumó a varias otras zonas del norte provincial. De acuerdo a Merlo, González utilizó su rol en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para encubrir las tareas que la red de Peiti realizaba en localidades como Vera, Avellaneda y Reconquista. Acusó por ello a González de "ciertas omisiones en su función", y le atribuyó la doble responsabilidad de haber cometido errores administritivos vinculados a hechos ilícitos. Tanto González como Peiti (para quien ya se solicitaron ocho años de prisión) se encuentran procesados por Merlo.

Pero los ribetes políticos que envuelven a esta trama lejos están de acabare en las figuras de González, Serjal y Ponce Asahad. Cada vez queda más claro que Peiti (quien tiene además emprendimientos legales en Mar del Plata, Formosa, Misiones y Paraguay) no pudo haber montado su maquinaria de juego ilegal y de lavado de dinero sin la complicidad de funcionarios del más alto nivel que derivaron en una feroz pelea entre el gobierno y dirigentes del Frente Progresista.

El fallido avance contra Traferri (quien zafó del desafuero gracias a los votos de un sector del peronismo y del Frente Progresista) generó una guerra fría entre el gobernador Omar Perotti y su vice Alejandra Rodenas, a quien se le atribuyó puertas adentro la responsabilidad por los pocos votos cosechados por el pedido de desafuero (cuatro de trece necesarios) y dejó heridas difíciles de sanar en la Legislatura.