El juez del fuero Civil y Comercial que entiende en la quiebra del financista Luis Herrera e hijos comenzó a seguir el rastro de las acciones en el mercado de futuros de Rosario. Los financistas están detenidos desde el año pasado acusados de organizar una de las mayores estafas financieras que se recuerden en la ciudad.

En el marco del proceso de quiebra, un juez Nicolás Villanueva ordenó rastrear y transferir a una cuenta judicial las acciones que el operador tenía en A3 Mercados (ex MATba Rofex S.A.), el mercado de futuros que funciona en Rosario y que concentra buena parte de las operaciones financieras del agro.

El objetivo es rescatar activos que puedan servir para cubrir al menos una parte del agujero millonario que dejó el colapso de la financiera de Herrera. La investigación penal ya habla de un faltante cercano a los 35 millones de dólares, dinero que habría sido captado de inversores con promesas de rendimientos en operaciones internacionales y contratos a futuro.

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La orden judicial surgió dentro del expediente de quiebra del financista, donde el magistrado pidió la intervención de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación para identificar y liberar las acciones que Herrera tenía registradas en el mercado. La intención es que esos títulos sean transferidos a una cuenta judicial para integrar la masa de bienes que podrían utilizarse para pagar a los acreedores.

 En el marco del proceso de quiebra, un juez Nicolás Villanueva ordenó rastrear y transferir a una cuenta judicial las acciones que el operador tenía en A3 Mercados (ex MATba Rofex S.A.), el mercado de futuros que funciona en Rosario 

En paralelo, este lunes los Herrera se enteraron de que seguirán presos. La jueza de Cámara Gabriela Sansó resolvió extender la prisión preventiva de Luis Herrera y de sus hijos Diego e Ignacio mientras la causa avanza hacia el juicio. El próximo 14 de abril, si no hay contratiempos, la fiscalía y los abogados querellantes presentarán la acusación formal con todo el material probatorio reunido durante la investigación.

En ese expediente se reconstruye el esquema financiero que, según los fiscales, montó Herrera junto a sus hijos para captar ahorros prometiendo inversiones en mercados internacionales y contratos a futuro, aunque sin respaldo real para sostener los compromisos asumidos. La maniobra habría permitido atraer a cientos de inversores en Rosario y otras ciudades con una metodología equiparable a los Ponzi.

El defalco es tan grande, por cantidad y montos de ahorristas estafados que el peso de la causa hizo naufragar el juicio abreviado en un acuerdo legal entre las partes y fiscalía que estipulaba cinco años de prisión para Luis Herrera y tres años de libertad condicional para sus dos hijos. Sin embargo, un importante número de querellantes se opusieron y la estrategia se derrumbó. 

Ahora la causa se dirige a un juicio público y entre las pruebas aparecen recibos entregados a los clientes que simulaban la apertura de cuentas comitentes, similares a las que utilizan las sociedades de bolsa reguladas. Esa fachada de formalidad fue clave para generar confianza y convencer a pequeños y medianos ahorristas de entregar sus ahorros a la financiera.

La investigación también detectó cuentas en el exterior y movimientos de dinero que todavía no pudieron ser reconstruidos completamente. Parte de esa información depende de datos solicitados a organismos financieros de Estados Unidos para determinar el destino final de una porción de los fondos.

Fiscal Sebastián Narvaja

LPOJonatan Bustos

Los Herrera primero dijeron que la plata estaba pero que no la podían traer porque eran víctimas de una persecución. Cuando la causa penal avanzó, el financista cambió los argumentos y justificó la caída a los vaivenes del mercado sin que pese mala fe ni estafa. Hasta ahora, no pudieron explicarles a los jueces, fiscales y abogados querellantes de qué manera se esfumó esa fortuna a pesar del trabajo exhaustivo de las partes.

Este lunes, la Cámara de Apelaciones sostuvo que la prisión preventiva sigue justificada por el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y la magnitud del daño provocado a las víctimas, muchas de ellas pequeños ahorristas que perdieron los ahorros de toda su vida.

Con el financista y sus hijos detenidos y la quiebra en marcha, la Justicia abrió ahora un nuevo frente: la búsqueda de activos que permitan recomponer al menos parcialmente el dinero perdido.