La ex jefa de los fiscales de Rosario hundió más a su predecesor Patricio Serjal, quien está acusado en juicio de haber cobrado sobornos de un capitalista de juego clandestino para darle impunidad en sus investigaciones. También declaró que el senador peronista Armando Traferri quedó implicado directamente en el caso luego de que un fiscal que participó de la trama de cobros ilegales dejara una carta, una vez que ya estaba detenido, en la que lo implicó con detalles muy circunstanciados.

Este martes se presentó como testigo María Eugenia Iribarren, una fiscal de larga trayectoria, que justamente quedó a cargo de la Fiscalía Regional Rosario de modo interino cuando el escándalo de corrupción ahora en juicio obligó a renunciar a Serjal.

Básicamente lo que se debate es un circuito de sobornos y contribuciones ilegales a la política que enlaza como organizadores de una asociación ilícita al capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti, que llegó a controlar 200 máquinas y casinos. También al mencionado Serjal y al senador santafesino Traferri, uno de los líderes del peronismo santafesino y reciente convencional constituyente en Santa Fe.

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El fiscal Gustavo Ponce Asahad que obtuvo condena por estar implicado en esta madeja ya declaró con detalles en este juicio dando pistas de los montos y lugares de los cobros de los que se encargaba. La semana pasada el empresario Peiti dijo en las audiencias que le había entregado dinero de sus emprendimientos a Traferri y que aportó 200 mil dólares para la campaña electoral de 2019.

Este es el contexto en el que se presentó a dar testimonio Iribarren. Que era esperado porque ella fue coordinadora de la Agencia de Criminalidad Organizada donde estaban los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que impulsaron la pesquisa que terminó con la abrupta salida de Serjal a quienes los nuevos fiscales del caso les solicitan 12 años de prisión. Traferri no es juzgado junto a Serjal ya que durante casi cuatro años resistió que lo imputaran gracias a que la mayoría de sus colegas del Senado de Santa Fe no le levantaron los fueros.

Armando Traferri

LPO Jonatan Bustos

Iribarren contó que fue un hecho fortuito lo que desnudó esta trama de coberturas al juego ilegal y a sus contribuciones. Fue a raíz del atentado a balazos en enero de 2020 contra el Casino de Rosario donde fue asesinado el apostador Enrique Encino que estaba en un balcón.

La ex fiscal contó que el teléfono de un implicado en ese atentado fue entregado por un vecino que lo encontró al hoy camarista penitenciario Horacio Pueyrredón. Ese celular pertenecía a Maximiliano "Cachete" Díaz que terminaría condenado por el homicidio.

Lo que se debate es un circuito de sobornos y contribuciones ilegales a la política que enlaza como organizadores de una asociación ilícita al capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti, que llegó a controlar 200 máquinas y casinos. También al ex fiscal Serjal y al senador Traferri

Al examinar el contenido del celular, relató Iribarren, se descubrió que Cachete Díaz había acudido a alguien para recibir información de dos secuaces presos desde adentro mismo de la Fiscalía Rosario. "El dueño de ese celular tenía comunicaciones con el capitalista de juego Leonardo Peiti quien le pedía información a gente de la fiscalía sobre la detención de dos personas que, supimos después, iban a cometer un atentado al casino. Peiti manda la información que le pasa con una captura de pantalla al que se la solicita que es Cachete Díaz", dijo Iribarren.

"Supimos que Peiti contactaba con el empleado del MPA Nelson Ugolini. Este trabajaba directamente con los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal", indicó la testigo. Ugolini también es uno de los juzgados en este trámite.

Iribarren contó que para ese tiempo miembros de la banda de Los Monos se contactaban con Peiti para extorsionarlo. Refirió que Luis Rossini, abogado de Peiti, quería aportar información sobre personas de la fiscalía a las que él aportaba dinero. La ex fiscal adujo que eso implicaría abrir uan causa penal contra Peiti pero con ciertos beneficios contemplados por la ley por la colaboración para ahondar en la investigación. "Si nos aportaba datos sobre la asociación ilícita nosotros no le pedíamos a Peiti prisión preventiva por falta de peligrosidad procesal", dijo.

 Patricio Serjal 

Juan José García

Fue esa la primera vez que dieron los nombres de Serjal, Ponce y Ugolini como personas de la estructura a la que Peiti les pagaba. Lo dijo en la alcaidía de Cañada de Gómez. Se trabajó sin convocar a ninguna repartición policial porque no queríamos que trascendiera", reveló.

El mismo día que declaró Peiti el domicilio del fiscal Ponce Asahad fue allanado. Iribarren contó que cuando trascendió la declaración renuncia Serjal como fiscal regional. "Fue muy desagradable y violento para nosotros hacer allanamientos a gente con la que compartíamos bromas y vivencias", refirió Iribarren.

Tras la renuncia que le sacó los fueros los fiscales actuantes pidieron incautar el celular a Serjal. Una brigada se dirigió entonces a su domicilio. "Lo llamé a Serjal para avisarle que estábamos en la puerta y que le íbamos a secuestrar el teléfono. Lo entregó voluntariamente. No recuerdo la conversación pero fue una situación ingrata. El dijo que estaba bien y que entendía. No hubo conflicto".

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Iribarren contó que habían surgido muchos detalles por las declaraciones de Peiti y el implicado fiscal Ponce de los encuentros para que el capitalista de juego repartiera dinero. Uno de ellos fue entre Peiti y Serjal en el hotel donde este último se alojaba junto a un amigo en Buenos Aires.

Peiti se registró en el hotel donde estaba Serjal en Buenos Aires en el Hotel Etoile de Recoleta. La testigo refirió que el abogado que viajó con él reveló que Serjal le decía que su rol era de coordinación, que no tenía que trabajar, que se iba a Buenos Aires y cortaba la semana. "Pasaba incluso los gastos de peaje cuando iba a cortar semana a la fiscalía porque pedía viáticos. Esto se sabe por la declaración del abogado Rodolfo Minni que estaba con él", indicó la ex funcionaria regional.

La testigo indicó que después de que se produjo la detención del fiscal Ponce Asahad como integrante del grupo que cobraba sobornos este dejó una carta donde, dijo la funcionaria, produjo una llamativa novedad. Y esto fue que se autoincriminó como cobrador de las coimas pero mencionó por primera vez a Traferri como involucrado.

"Cambió su actitud e hizo un aporte colaborando con la investigación. A nosotros nos sorprendió muchísimo, no lo esperábamos. Después de esto los fiscales lo van a entrevistar hasta que le toman declaración". Esto reimpulsó la causa hacia un lugar que ya estaba insinuado en una investigación del fiscal de Melincué, en el sur santafesino, Matías Merlo. Quien ya tenía en 2017 una investigación contra Peiti que mencionaba al entorno de Traferri.

"Para nosotros más importante que el juego clandestino era la corrupción que traía aparejado el juego clandestino. Corrupción vinculada a la posibilidad de blanquear el juego ilegal", dijo Iribarren.

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Aquí es donde los defensores aportaron el nombre de Rodrigo Ortigala, un ex condenado implicado en extorsiones que Peiti recibía de la Banda de Los Monos. Su hermana Mariana Ortigala era informante en otra causa del fiscal Edery, el investigador previo del juego clandestino, y los defensores sugieren que por eso recibió un trato preferencial. Iribarren lo negó. Dijo que a Rodrigo Ortigala le dieron una imputación.

Los defensores deslizan que es sugestivo que no le pidieran prisión preventiva. La ex funcionaria indicó que la evidencia daba para eso y que se justificó en notas a los superiores. Señaló que los elementos contra Ortigala indicaban que tuvo en este caso un aporte aislado en la asociación ilícita. Reconoció que tenía un antecedente condenatorio previo. Pero que todos los demás implicados que no quedaron en libertad venían con imputación por el homicidio del apostador Encino. Ortigala no estaba imputado por asesinato.

Los defensores también creen que hubo en los fiscales un comportamiento selectivo. Que Traferri fue perseguido, pero no otros funcionarios públicos de relevancia a los que Peiti anunció haber hecho contribuciones. Mencionaron explícitamente a los ex jefes de policía Daniel Corbellini y Miguel Angel Amaya. También al senador radical Lisandro Enrico.

Ponce Asahad

"De haber avanzado por Enrico debería haberlo hecho otra jurisdicción que es la Fiscalía Regional de Venado Tuerto", dijo Iribarren. Los defensores preguntaron si se había investigado a Corbellini y Amaya. "Seguramente sí", replicó. ¿Se llegó a algún resultado?, repusieron. "No recuerdo. Habrá tenido que ver con la prueba colectada", respondió.

El planteo de la fiscalía es que Peiti buscó enterrar a Ponce Asahad y a Serjal porque ellos no le garantizaron la impunidad por la que le cobraban. Por tanto dio información muy detallada, sobre encuentros múltiples, que permitieron construir una acusación. Las otras referencias fueron, indican los fiscales, menciones sin pormenores o difíciles de corroborar. Aducen que sin embargo se investigaron. Los defensores no parecen conformes con esto porque entienden que hay distinciones arbitrarias no explicadas suficientemente.

En 2023 Enrico demandó por calumnias a Peiti y logró un acuerdo reparatorio ya que el capitalista de juego se retractó judicialmente de sus dichos, adujo nunca haberlo conocido ni haberle entregado dinero, por lo que debió indemnizarlo. Enrico fue el senador que defendió a Traferri en 2020 de su intento de desafuero indicando que la evidencia mostrada por los fiscales no era convincente.

Carla Belmonte había reconocido la voz de Ortigala. Se lo imputó en libertad. De los elementos que había sobre Ortigala se consideró que había que imputarlo. Fue el único imputado en libertad. Los elementos contra Ortigala es que fue un aporte aislado en la asociación ilícita. El primer pago que Peiti le hizo fue a Rodrigo Ortigala. Tenía un antecedente condenatorio previo. Todos los demás venían con imputación por homicidio de Encino.

Las persistentes heridas en el Ministerio Público de la Acusación Rosario se notaron al final de la audiencia. Los defensores buscaron desacreditar a uno de los fiscales que hizo la investigación, Matías Edery, porque fue desplazado de la pesquisa, debido a intercambios indebidos con una imputada en la causa de juego clandestino, que le implicaron una suspensión por cuatro meses.

A Iribarren le preguntaron si había impulsado esa remoción de Edery. Algo que pasó, dijeron los defensores, cuando los fiscales Matías Socca y Miguel Moreno denunciaron a Edery. Ella recordó que la salida de Edery la dispuso la actual fiscal general María Cecilia Vranicich quien terminó decidiendo la separación de la propia Iribarren de las causas de Rosario en la Fiscalía Regional.

Los defensores insistieron en esto último y le preguntaron si recordaba los motivos invocados en la medida que la había corrido del cargo.

"La resolución de mi desplazamiento es a mi criterio carente de objetividad y de fundamentación. Sus conclusiones son también arbitrarias y no coincido con ellas", dijo Iribarren. "Nunca quise interponer un recurso porque entendía que hacerlo era producir un daño interno al funcionamiento del MPA. Hubo una auditoría que se dijo era contra la Agencia de Criminalidad Organizada pero si lo vemos en realidad fue en mi contra. Prácticamente entrevistaron hasta los ordenanzas de la Fiscalía Regional pero no a mí. Respondo esto solo porque me están preguntando de manera específica sobre si recuerdo la conclusión de la auditoría y de la resolución de la fiscal general. Pido disculpas no es mi intención hablar de mí".