En una apasionante discusión legal, la Corte Suprema de Santa Fe salvó al senador Armando Traferri de ser imputado en la causa que investiga la organización criminal del juego clandestino que llevó a la detención del fiscal general de Rosario, Patricio Serjal, y a otro fiscal subalterno, Ponce Asahad por haber recibido coimas por proteger a la banda.

Sin embargo, a la hora de avanzar sobre las responsabilidades de funcionarios políticos, los investigadores Matías Edery y Luis Schiappa Pietra se toparon con la reticencia de los senadores para votar el desafuero de Armando Traferri.

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El "Pipi", como se lo conoce al legislador del departamento de San Lorenzo había sido señalado como uno de los principales garantes y organizador del esquema por el cual el empresario del juego Leonardo Peiti explotaba tragamonedas en todo el territorio de Santa Fe. Varios de los testigos que pasaron por los estrados judiciales repitieron el nombre de Traferri ya sea a la hora de recibir dinero para campañas o como parte del engranaje de la organización.

De hecho, tanto los fiscales Serjal como Ponce Asahad, que lograron penas menores y posterior liberación, declararon como arrepentidos haber tenido contacto con el senador cuestionado.

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Lo cierto es que la Corte Suprema de Santa fe acaba de ratificar que los legisladores provinciales gozan de "inmunidad de proceso" que establece la Constitución de Santa Fe, escrita en el año 1962. Esto significa, que senadores y diputados disfrutan de una protección se extraordinaria que se extiende a la imposibilidad de ser investigados e imputados.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Según los acusadores y el Tribunal de Alzada a cargo del juez Mascali consideraron a la hora de avanzar en la imputación de Traferri que dicha inmunidad extraordinaria, que solamente tienen los legisladores santafesinos cuando los congresistas nacionales solo tienen inmunidad de arresto, contradice a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que en definitiva, afectan al sistema republicano.

De hecho, en los pasillos de los Tribunales rosarinos se repetía un paralelismo con casos de relevancia política nacional como los procesos judiciales que pesan sobre Cristina Kirchner quien a pesar de ser vicepresidenta y como tal, la autoridad máxima del Senado de la Nación, la justicia no está impedida de avanzar en las investigaciones y las inmunidades pesarán a la hora del pedido de arresto en caso de ser señalada culpable.

Como sea, cinco jueces de la Corte Suprema provincial, presidida por Rafael Gutiérrez, fallaron a favor del senador Traferri y en contra de la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal de Alzada, argumentando la vigencia del artículo 51 de la Constitución santafesina y los fueros extraordinarios de los que gozan los legisladores locales argumentando que el sistema federal permite que las provincias tengan sus propios cuerpos legales y procesales.

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En definitiva, el fallo de mayorías dice que "sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal".

Por lo tanto, la interpretación que quedó asentada la posibilidad de investigar a un legislador santafesino está condicionada por "la voluntad de los actores políticos: ya sea del legislador -de comparecer o no-; sea del cuerpo legislativo al analizar si correspondiere en el caso el pedido de desafuero o no; y de la soberanía popular en los próximos comicios de renovación de mandato del funcionario".

En el único voto en disidencia, firmado por el penalista Daniel Erbetta, sostuvo que la inmunidad de proceso resulta inaplicable porque en principio atenta contra la igualdad ante la ley y que algunas excepciones que contempla la ley se establecen sobre las funciones y no sobre las personas, esto es, para que aquellas funciones puedan ejercerse con libertad e independencia pero en ningún caso debería extenderse a quien las desempeña per sé.

Daniel Erbetta, juez de la Corte Suprema de Santa Fe

LPO Carolina Niklison

En cuanto al argumento sobre el federalismo, que sostuvieron el resto de los magistrados, recuerda que a pesar de existir el derecho de las provincias para dictar sus propios códigos, deben respetar la jerarquía normativa de la Argentina, esto es, su Constitución Nacional y los Pactos Internacionales.

De ello se desprende que esta prerrogativa que tienen los legisladores santafesinos, que no pueden ser investigados, no corre para los congresistas nacionales. Además, indica que los fallos judiciales no deben ser ajenos al contexto histórico en que se debate determinado aspecto del derecho que, en este caso, se da en tiempos en que la sociedad reclama ética y transparencia de los funcionarios públicos.

Y este punto no es menor, ya que la causa que comprometió a Traferri es sumamente delicada que comenzó a destaparse a partir de un atentado extorsivo de la mafia al Casino City Center de Rosario donde murió un apostador que había salido a fumar al balcón del lugar. El plan de ataque implicó la contratación de sicarios a la banda de Los Monos.

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A partir de allí, los fiscales Edery y Schiappa Pietra tiraron del hilo y llegaron a probar la red de protección judicial que este grupo criminal tenía en el Ministerio Publico de la Acusación que a su vez, se extendía a personal policial y político como el caso de Traferri.

Sin embargo, en Santa Fe no quedó al margen del análisis del fallo la cercanía política que tuvieron históricamente el senador de San Lorenzo con el actual presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez. De hecho, en la transcripción de algunas de las escuchas, se advierte que el magistrado visitaba a Traferri en su domicilio donde compartieron cenas.