
La Corte Suprema de Santa Fe emitió un fallo este martes de altÃsimo impacto en el esquema agroexportador del paÃs que ya viene golpeado por la caÃda de precios, alta carga impositiva y la caÃda de gigantes como Los Grobo y Surcos.
Ahora, el Máximo Tribunal provincial habilitó el cramdown o salvataje que viene proponiendo el Grupo Grassi que opera en sintonÃa con un poderoso estudio jurÃdico de Rosario con importantes nexos en el ecosistema de medios de comunicación local, para quedarse con la empresa concursada.
En un fallo mayoritario que llevó la firma de Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco rechazaron la propuesta que presentó VicentÃn y que tuvo amplia aceptación entre los acreedores, para allanarles el camino a la estrategia de Grassi y compañÃa para quedarse con el holding agroexportador.
La decisión encierra un mensaje envenenado al gobernador Maxi Pullaro, que está avanzando en una profunda reestructuración de la Corte santafesina. Le genera además un probable conflicto laboral de gran escala, justo en el inicio de la campaña electoral para las elecciones de constituyentes: un paso clave para habilitar la reelección del gobernador.
El problema que advirtieron los trabajadores es que ahora afrontan el riesgo de paralización de las plantas, al menos hasta que se reactive con el salvataje que, calculan, puede llevar meses. La situación es crÃtica porque en diez dÃas, el 28 de febrero, se vencen los contratos de fason con los que se mantienen activas las instalaciones y no habrá granos.
El gremio de Aceiteros SOEA que conducen Daniel Succi y Leandro Monzón le enviaron la semana pasada una nota al presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, para que los reciban ante el inminente fallo, pero nunca recibieron respuesta.
Ahora, con el cambio en la conducción de la empresa que impone el tribunal santafesino deja al descubierto la situación de la empresa que tiene las plantas de procesamiento de granos más modernas del paÃs por donde se exportan cereales, harinas, aceites y otros derivados.
La situación tambÃen tiene un impacto polÃtico-judicial. La Corte de Santa Fe viene arrastrando un enfrentamiento con el gobernador Maximiliano Pullaro quien pretende renovar la totalidad de los seis integrantes y sumar un sillón más para conseguir un tribunal impar. El tema puso en alerta a los magistrados.
El fallo de la Corte aparece cuando el gobernador consiguió renovar a dos jueces y sumar al séptimo mientras que busca correr a los otros cuatro en los próximos meses: "lo antes posible y si es en buenos términos, mejor", dijeron altas fuentes oficiales a LPO. En ese contexto, la Corte tomó una definición que llena de incertidumbre a uno de los principales grupos económicos de la provincia.
Por otro lado, como se dijo, el 13 de abril se eligen los constituyentes que reformarán la Carta Magna provincial y el oficialismo se arriesga a atravesar la campaña con uno de los principales grupos económicos paralizados con el agravante que es uno de los pocos que tiene sede tanto en el norte de Santa Fe como en el polo portuario del Gran Rosario, afectando trabajadores de toda la provincia.
[Revelan una supuesta maniobra para quedarse con Vicentin a través de la triangulación offshore]
En cuanto a la decisión de la Corte de Santa Fe favoreciendo al Grupo Grassi, agitó sospechas de tráfico de información privilegiada semanas atrás cuando se supo que bancos internacionales vendieron sus créditos por montos superiores a los USD 500 millones por apenas un 11% del valor del crédito al empresario Esteban Nofal, cuando VicentÃn habÃa ofrecido pagar el 25%, como anticipó LPO.
¿Porqué los bancos aceptaron recibir once centavos por dólar cuando la empresa concursada ofrecÃa 25? La respuesta es un misterio y no se conocen muchos antecedentes de entidades bancarias que les guste perder plata. Lo cierto es que el plan quedó expuesto en un paper al cual habÃa accedido este medio caratulado como "Only in Argentina. The Oportunity" que diseñó la consultora Cima.
En el mismo plan de salida, el Grupo Grassi daba detalles de una sinuosa triangulación de fondos en sociedades off shore registradas en Uruguay, Luxemburgo, Bahamas e Islas VÃrgenes, algunas firmas aparecieron en los Panamá Papers, como publicó en ese momento LPO.
Lo cierto es que este esquema de sociedades financieras generaron dudas sobre el "salvataje" y temen que el nuevo directorio profundice los problemas que ya arrastra la cerealera.
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