El juez federal de Rosario Gastón Salmain recibió por segunda vez en una semana un fuerte correctivo de sus superiores ante resoluciones controversiales que tomó. Ahora La Cámara Federal de Rosario anuló la decisión de este magistrado en favor del grupo empresario del ex futbolista Maxi RodrÃguez que desarrolla un extenso barrio privado en Funes, en las afueras de Rosario, al que el gobierno de Maximiliano Pullaro le ordenó paralizar las obras por carecer de certificaciones hÃdricas y de impacto ambiental requeridas.
La semana pasada el mismo órgano judicial le habÃa negado a Salmain que tomara la competencia de dos causas penales que involucran a un alto directivo de la ex AFIP que está sospechado de corrupción institucional y con quien el magistrado tenÃa una relación amistosa y de intercambio de favores.
Con lo que esta nueva resolución contra el magistrado funciona como un llamativo aviso en dos casos consecutivos donde el juez se manejó en favor de intereses poderosos con motivaciones discutibles.
Con el voto unánime de los tres vocales que analizaron el caso, la Cámara Federal rosarina dejó ahora sin efecto la resolución con la que Salmain, después del decreto del gobierno para frenarlas, garantizó la continuidad de las obras del barrio Damfield de Funes, en la complicada y anegadiza cuenca del arroyo Ludueña.
De punta con Pullaro
Salmain es de Buenos Aires, reside en un barrio privado al lado de Nordelta y está en Rosario desde 2023. En junio del año pasado las áreas técnicas del gobierno de Pullaro prohibieron seguir el desarrollo de Dumfield dentro de la reserva San Jorge porque el loteo se encuentra en un área de la represa del Ludueña que debe acumular agua en época de lluvia para aliviar el caudal del arroyo y reducir riesgos de inundaciones. La empresa desarrolladora presentó una medida cautelar contra el decreto del gobernador en la Justicia Provincial, que rechazó el planteo de inmediato basado en la libertad de construir.
Ante la clausura de esa vÃa de protesta la empresa, con sede en Ciudad de Buenos Aires, buscó el camino de la Justicia Federal. Lo encontró en el juez Salmain. En ese fuero nacional la empresa se presentó y con el magistrado obtuvo la aceptación de la cautelar y el salvataje para continuar las obras. La empresa Vial Norcar SRL, que explota Damfield, se basaba en que la provincia invocaba un dictamen del Instituto Nacional del Agua. Salmain aceptó el pedido de cautelar y suspendió el alcance del decreto de Pullaro.
La jugada de Salmain fue fuerte al ir de punta contra un decreto del gobernador avalado por todos sus ministros que evitaba la continuidad de una obra en zona acechada por problemas ambientales e hÃdricos. E igual de sonoro fue el soplamocos que le vino de sus superiores.
El camarista Fernando Barbará le recordó que cuando una medida cautelar va en contra de una ley o un acto de la administración pública es fundamental "que se acredite prima facie, y sin que esto suponga un prejuzgamiento sobre la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad de la norma o del acto atacado". Y que eso no ocurrió.
Vale decir que habilita el argumento que encontró muy sugestivo la provincia. ¿Por qué Salmain fue con poco sustento contra una medida basada en un riesgo basado en dictámenes públicos para frenar una obra en zona potencialmente inundable destinada a viviendas? Barbará destaca además la flojera de afectar el derecho a la propiedad de los inversores cuando hay un planteo de defensa del interés público basados en base a "la afectación de recursos naturales y el medio ambiente, que son los que las reglamentaciones del Estado provincial tienden a tutelar".
Barbará subraya desde el inicio que "no se advierte ninguna forma de arbitrariedad en la norma ni en los actos atacados, ya que conforme surge de lo hasta aquà visto, han sido producto de un proceso administrativo cuya legalidad no fue puesta en duda".
Incompetente
El camarista AnÃbal Pineda fue más duro. Dijo que directamente Salmain es incompetente para intervenir en este caso. Y su colega Elida Vidal, autora del último voto, subraya que el que pide anular el decreto de Pullaro ni siquiera es propietario del inmueble que origina el litigio por lo que no tiene legitimación para apelar. A Salmain le reprocha no haber tenido en cuenta la argumentación de la provincia en relación a los intereses en juego. "Si el juez de grado la hubiera escuchado, habrÃa prevalecido la tutela medio ambiental de evidente contenido público, pese a lo cual, no realizó ninguna valoración sobre sus posibles efectos", afirma.
Denunciaron a un juez por un fallo que obligó a cerrar a una tabacalera en beneficio de Massalin
Salmain viene con reiterados fallos adversos al meterse de manera tachada de polémica en favor de demandantes con fuerte capacidad económica. La semana pasada dos camaristas lo dejaron al margen de expedientes donde está sospechado de corrupción y tráfico de influencias el alto directivo de la ex AFIP Carlos Andrés Vaudagna en la que Salmain, con 48 llamadas intercambiadas con él que delata un lazo de proximidad, pedÃa intervenir.
También fue denunciado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por el dueño de la tabacalera santafesina Bromway. En septiembre de 2023 Salmain le ordenó a la ex AFIP que no le vendiera más estampillas a esta firma en el contexto de una demanda impulsada por su competidora Massalin Particulares.
Asimismo, la Cámara Federal de Rosario anuló un fallo con el que Salmain habÃa aceptado un amparo contra el cepo cambiario y ordenaba al Banco Central que le entregara US$ 10 millones al precio oficial a un grupo empresario rosarino que al mismo momento estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero.
La causa comenzó el año pasado cuando el Fideicomiso Privado DoubleBlue Argentina Credit Trust II (mediante el fiduciario ATTILA) inició una demanda y un pedido de medida cautelar para que el Banco Central lo autorizara a comprar en el mercado de cambios hasta 10 millones de dólares para cancelar deudas. A fines de 2024 Salmain aceptó esa cautelar. El Banco Central apeló bajo el argumento de que el juez Salmain no le dio vista al fiscal federal para que vele por los intereses de la sociedad y que omitió acciones para que el BCRA realice control de lavado de activos, actividades ilÃcitas y prevención del terrorismo
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