La Cámara Federal de Rosario dispuso confirmar la prisión preventiva resuelta hace tres semanas contra el juez federal Marcelo Bailaque pero determinó que debe cumplirse en la modalidad domiciliaria. Al mismo tiempo definió que el embargo de bienes dictado contra el magistrado imputado deberá reducirse hasta cubrir el monto de 600 millones de pesos.

Los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbará convalidaron así de manera parcial la resolución dictada hace dos semanas por el juez de garantías Eduardo Rodrígues da Cruz, que impuso prisión preventiva en un establecimiento penitenciario contra su colega, al valorar los indicios reunidos por la fiscalía y estimar la singularidad de un caso de corrupción institucional que implica a un juez en funciones.

La definición de la prisión preventiva solo puede darse cuando el Consejo de la Magistratura habilite, eventualmente, el desafuero del juez, en un trámite disciplinario que se sigue en ese órgano hace más de un año.

Marcelo Bailaque está imputado en tres causas distintas. Una que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra es haber generado una omisión inaceptable al rechazar medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Gabriel Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.

Otra imputación contra el juez federal es haber participado junto al entonces director de la AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).

Dictan prisión preventiva para el juez Bailaque, en un mensaje al Consejo de la Magistratura

El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.

En estas tres causas al magistrado federal le atribuyen delitos tan diversos como extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Solamente la extorsión prevé una pena mínima de cinco años de prisión por lo que no es excarcelable.

La audiencia de revisión de la prisión fue pedida por la defensa de Bailaque, quien rechaza rotundamente haber cometido delito alguno, y que se expresó al respecto al momento de ser imputado, en un alegato en el que no aceptó recibir preguntas de los fiscales. "No cometí jamás ninguna extorsión. A mí no pueden ensuciarme con el mundo narco", dijo en su enfática exposición.

Bailaque negó haber cometido delitos: "A mí no pueden ensuciarme con el mundo narco" 

Los cambios

El camarista Fernando Barbará dijo que la prisión preventiva había sido concedida legalmente, ya que fue pedida por fiscales que encontraron al encartado en un hecho criminal. "Hay verosimilitud en el Derecho que lleva a la prisión preventiva de quien pudo haber cometido algún delito. En ese sentido las razones que motivaron la prisión preventiva son procedentes y fundadas", dijo

A su turno, su colega Aníbal Pineda rermarcó que rige el principio de inocencia y que en esta audiencia solo se analizaron medidas cautelares en un momento inicial de la investigación. "Estamos ante una causa compleja, por el perfil de la persona investigada, que es un juez federal en funciones. Pero también los hechos que se basan en pruebas indiciarias de tres hechos que se le imputan al doctor Bailaque", sostuvo.

"Entendemos que en principio están configurados los requisitos para la prisión preventiva. Me remito a lo que dijo Rodrìgues Da Cruz al dictar prisión preventiva", destacó. Aludió a la gravedad del hecho y la situación particular de ser un juez federal el imputado.

"La fiscalía habló de entorpecimiento de las investigaciones y no peligro de fuga. Respecto a lo primero se motivaban a las herramientas que cuenta Marcelo Bailaque en su rol de juez federal. Su capacidad de acceder al sistema donde se consignan las causas en trámite. Ese peligro de entorpecimiento se neutralizará y la mejor opción para ello es el arresto del investigado en su propio domicilio", sostuvo Pineda. Que subrayó que esta medida recién se puede disponer cuando el Consejo de la Magistratura determine si se puede hacer lugar al desafuero. "La decisión es por 90 días", completó.

La camarista Elida Vidal por último sostuvo que en razón a las medidas de coerción económica la medida de prisión absorbe en algunos de los delitos investigados la pena de multa, por lo que se dejó sin efecto los embargos dispuestos hasta 560 mil dólares.

La magistrada destacó que "nos parece exagerado el monto del embargo" en el caso del dinero transferido a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios y por los efectos dañosos que sufrieron los empresarios Iglesias y Oneto al ser víctimas de extorsión. "Es razonable fijar un embargo por 600 millones sobre los bienes del doctor Bailaque".

Al dictaminar al final de la audiencia, Pineda leyó que se confirma parcialmente la decisión del juez Rodrígues Da Cruz contra el juez Bailaque bajo arresto domiciliario, "lo que es una medida suficiente para neutralizar el riesgo de entorpecimiento probatorio" que pueda atribuírsele al magistrado imputado.