La comisión de acuerdos de la Legislatura santafesina, integrada por cuatro senadores y ocho diputados, resolvió por unanimidad esta semana que se investigue el desempeño que tuvo la fiscal Cristina Ferraro en la custodia de la escena del crimen del empresario y financista Hugo Oldani, asesinado en febrero del 2020, en el marco de un asalto ocurrido en una agencia de viajes de la ciudad de Santa Fe en donde además funcionaba una cueva financiera, que se sospecha lavaba dinero vinculado al narco.

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El crimen de Oldani sacudió al establishment santafesino ya que se sospechaba que en la cueva financiera circulaba dinero de las cajas negra de la policía y la justicia. A las pocas horas de haberse producido el asesinato, la fiscal Ferraro autorizó a familiares y allegados de la víctima retirar una suma aproximada de 3 millones de pesos y 1 millón de dólares que se encontraban dentro de la oficina cuando se debía proteger la escena del delito. 

El crimen de Oldani sacudió al establishment santafesino ya que se sospechaba que su financiera blanqueaba dinero de las cajas negra de la policía y la justicia. 

Lo que empeoró la situación de la funcionaria judicial es que la extracción del dinero se hizo sin la confección de un acta y mucho menos de un inventario pese a que se encontraban los peritos e investigadores de la Agencia de Investigación Criminal y de allí surge la figura de encubrimiento para quien autorizó la sospechosa maniobra.

El primero en advertir la irregularidad fue el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que mediante una denuncia presentada en la Fiscalía Federal 2, denunció que en Turismo Oldani funcionó una "cueva financiera" y que tras el homicidio del financista desaparecieron pruebas, entre ellas, la millonaria suma de dinero en pesos y dólares.  

Los fajos de dólares y pesos que se llevaron los familiares a las pocas horas del asesinato de Oldani

Ferraro fue imputada por "encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública" luego de una investigación que instruyó el fiscal federal Walter Rodríguez, el cual acusó a su par de la Justicia provincial de encubrir un delito de la órbita federal. En este caso, el de "intermediación financiera no autorizada".  

En consecuencia, Rodríguez inició una investigación contra quienes operaban en la agencia de viajes -entre ellas la hija del financista asesinado- por lo que esa causa fue elevada a juicio en febrero de este año al Tribunal Oral Federal. Mientras que en paralelo pidió la indagatoria de Ferraro (junto a dos policías y tres civiles), la cual se concretó el pasado 17 de mayo y que terminó en el reciente procesamiento contra la funcionaria judicial.  

Ahora, la apertura de la investigación en la Legislatura para su posible destitución fue impulsada por el Jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Leandro Busato, que solicitó evaluar la actuación de la funcionaria judicial -del área de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación- tras ser procesada por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que hasta el 1 de junio estuvo a cargo del Juzgado Federal N°2 de la capital provincial.

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A raíz de la resolución judicial, el diputado Busato presentó un escrito ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, conformada por los senadores Joaquín Gramajo (preside) Alcides Lorenzo Calvo, Lisandro Rudy Enrico, Rubén Regis Pirola y los diputados Julián Galdeano, Clara García, Fabián Bastía, Lionella Cattalini, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real, para que se investigue el accionar de la fiscal.

Por unanimidad, los integrantes de la comisión decidieron abocarse al caso Ferraro y designaron como acusador al diputado Busato, quien será el encargado de reunir las pruebas contra la funcionaria judicial. No obstante, una vez que el legislador formule la acusación, la fiscal podrá defenderse de los cargos.

Leandro Busatto, diputado provincial

Culminado el proceso, los integrantes de la comisión deberán volver a reunirse y elaborar un dictamen que puede tener un final abierto: desestimar la investigación, proponer una sanción o considerar que debe ser destituida la funcionaria judicial. El dictamen luego será puesto a consideración de la sesión conjunta de las Cámaras de Senadores y Diputados que dará el punto final.

De ser destituida, Ferraro culminaría su carrera judicial como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, cargo que ocupa desde el 10 de febrero del 2014, cuando entró en vigencia el actual sistema acusatorio de la provincia de Santa Fe y en el cual los fiscales pasaron a tener un rol central en las investigaciones al encabezar las causas penales.

Ferraro, quien se mantiene en silencio desde el inicio de la causa, dejará a su vez un precedente en los pasillos del Juzgado federal de la ciudad de Santa Fe al ser la única fiscal provincial que terminó siendo indagada y posteriormente procesada por un delito de ese fuero.

De igual manera, dicho procesamiento aún resta que sea revisado por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (tribunal superior al Juzgado) que deberán evaluar los cargos atribuidos a la fiscal. La misma situación tendrá que analizar el fiscal de esa instancia, Fernando Arrigo, quien si bien aún no opinó sobre la resolución que adoptó el Juzgado contra Ferraro fue quien ratificó el pedido para que la causa contra la funcionaria judicial se investigue en la Justicia federal, cuando en 2021 el penalista Néstor Oroño y defensor de la fiscal, planteó la incompetencia judicial.