En Santa Fe la pelea política entre oficialismo y oposición se trasladó a los salones del Poder Judicial. Más precisamente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde la reincorporación de Marcelo Saín a la dirección del Organismo de Investigaciones (OI) detonó una rebelión de gran calibre.

Es que este martes se conoció la resolución del fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, quien expuso en siete páginas los motivos por los que prescindirá del asesoramiento del OI en su jurisdicción, rebelándose así contra una dependencia de la propia institución para la que trabaja.

La noticia alertó al perottismo, quienes emparentan esta acción con la denuncia presentada días atrás por el fiscal de Santa Fe, Carlos Arietti solicitando la destitución de Saín a su actual cargo que ganó por concurso durante el gobierno de Lifschitz.

Según entienden, las resistencias hacia el ex ministro, no casualmente, provienen desde fiscalías regionales sospechadas de haber maniobrado para trabar causas sensibles como la del crimen del financista Oldani en la ciudad Capital o la de haber encarcelado a Leonardo Peiti cuando estaba en libertad como arrepentido en la causa de juego clandestino. En la Casa Gris apuntan a la sincronía con ex funcionarios del Frente Progresista.

Además, en las últimas horas se conoció el procesamiento de la fiscal de San Lorenzo a cargo de Melisa Serena. Esta funcionaria fue recientemente imputada en la causa del juego clandestino que investiga los alcances de la millonaria red ilegal, como contó LPO.

Serena aparece ligada a conversaciones con uno de los empleados del fiscal Gustavo Ponce Asahad, donde mencionan a Saín como una persona "sin escrúpulos" y en la que muestran preocupación por el avance de investigaciones sobre los casinos ilegales y la venta clandestina de cereal en los puertos secos que comprometan al senador Armando "Pipi" Traferri, apuntado de ser la "pata política" de la red.

Hoy Ponce Asahad se encuentra procesado por esta misma causa junto a su entonces jefe Patricio Serjal, y sus declaraciones como arrepentidos, junto a la de Peiti, fueron claves para seguir tirando del hilo político y comprometer aún más a Traferri, quien se sostiene amparado en sus fueros.

Pero un dato no menor es que el abogado defensor de Serena es nada menos que Juan Lewis, exministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Antonio Bonfatti. Él, junto al también exministro Héctor Superti (ocupó la misma cartera durante la gestión de Hermes Binner), habían defendido a tres escribanos en la megacausa de fraude inmobiliario que complicó a varias figuras del establishment rosarino.

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El escándalo obligó al ex gobernador Bonfatti a separar a los ex ministros del equipo de asesores cuando presidió la Cámara de Diputados de Santa Fe. Además, recuerdan que Lewis y Superti fueron los que propusieron a Serena en la terna para ocupar la fiscalía de San Lorenzo, donde Traferri construyó todo su poder territorial.

Juan Lewis, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Bonfatti y actual abogado defensor de la fiscal de San Lorenzo

Por todo ello, las resistencias al retorno de Marcelo Saín a la dirección del OI son vistas por el oficialismo como una estrategia más para impedir que se activen investigaciones que podrían implicar a funcionarios políticos y judiciales.

Primero fue en la Legislatura, en un intento por mantener a flote el pedido de juicio político solicitado por la Coalición Cívica. Luego fue una denuncia ante el Inadi, en la que se le pidió explicaciones a Saín por aquel audio donde tildó a los santafesinos de "negros pueblerinos". Después vinieron las denuncias ante la auditoría del MPA, una de ellas promovida por diputados socialistas y la restante la iniciada por Arietti. Finalmente, la resolución de Vigo.

 Las resistencias al retorno de Marcelo Saín a la dirección del OI son vistas por el oficialismo como una estrategia más para impedir que se activen investigaciones que podrían implicar a funcionarios políticos y judiciales 

Pero es de notar que Arietti aparece ligado en al menos dos casos de escuchas telefónicas comprometedoras, y que además está bajo la lupa por las maniobras de sus subordinados en las investigaciones surgidas tras la muerte de Hugo Oldani.

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Una de aquellas escuchas data de octubre de 2017, cuando se filtraron audios del hoy diputado Maximiliano Pullaro cuando era ministro de Seguridad, charlando con diversos funcionarios políticos y judiciales, entre ellos el fiscal Baclini, algo que en principio da la pauta de la cercanía entre funcionarios de dos poderes distintos.

Pero Arietti además podría enfrentarse a un llamado a declarar ante la Cámara de Diputados. Esto sucedería si la Comisión de Asuntos Constitucionales da pie al pedido de cita a indagatoria para que, junto a la fiscal de Delitos Complejos Mariela Jiménez, den cuenta de diferentes cuestiones vinculadas a las investigaciones derivadas del asesinato del mencionado empresario Oldani.

Arietti quedó en la mira por no actuar con firmeza luego de que la fiscal Cristina Ferraro, a cargo de aquella causa, permitiera que los familiares del ya fallecido Oldani retiraran de la empresa sumas millonarias en pesos y en dólares durante la noche del homicidio. Para el fiscal federal Walter Rodríguez, con esa acción Ferraro había ayudado a encubrir la cueva financiera que, se presume, funcionaba en Turismo Oldani.