"Tengo problemas de juego que arrastro con altibajos desde hace años. Renuncié a mi cargo de fiscal en 2024 por eso. Ofrezco a la Fiscalía que está formulando estos cargos en mi contra toda mi colaboración. Y también una reparación del daño. Pido disculpas a todas las personas que confiaron en mí en especial a mi familia a la que defraudé. Mis padres no me criaron para esto".

Esas palabras delante de una jueza fueron una primera síntesis de Mariano Ríos Artacho, ex fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, quien fue detenido la semana pasada acusado de haber desviado en provecho propio fondos de cuentas judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que es el órgano que agrupa a los fiscales de la provincia de Santa Fe.

Fueron hechos que según los fiscales le permitieron a su ex colega desviar en provecho propio una suma que, actualizada a fin de julio de este año, equivalente a 245 millones de pesos, durante unos siete años. Por esto lo imputaron de jefe de asociación ilícita, peculado en carácter de autor y fraude a la administración pública.

Lo más desconcertante de este caso, la pregunta recurrente desde antes de esta audiencia pero también en los pasillos del Centro de Justicia Penal de Rosario, es que un fiscal en funciones haya utilizado durante años fondos cautelados por el MPA en provecho propio y que nadie se haya dado cuenta, lo que recién pasó a dos años de que le aceptaran la renuncia.

El nudo sin desatar durante las casi nueve horas en la sala donde fue imputado son los lugares de destrozo subjetivo al que puede conducir la ludopatía. Ríos Artacho estuvo en los últimos años implicado en situaciones muy turbulentas. Conexiones con personas involucradas en el campo criminal, incidentes reiterados y presencia habitual en lugares públicos de juego como el Casino de Rosario. Algo que hoy admitió como un problema compulsivo de tipo adictivo que lo dejó en bancarrota económica pero también arrasado en lo personal.

Lo más desconcertante de este caso, la pregunta recurrente en los pasillos del Centro de Justicia Penal de Rosario, es que un fiscal en funciones haya utilizado durante años fondos cautelados por el MPA en provecho propio y que nadie se haya dado cuenta

También fue el fiscal que, de manera controvertida y opaca, le habilitó una probation en 2021 al director regional de la ex AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien como arrepentido reconoció todo tipo de delitos fiscales en favor de empresas. La probation fue por hacerse cargo que eran suyos 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin imputado por estafa.

Ríos Artacho es hijo de un ex camarista de mucho reconocimiento que además fue un jurista de avanzada en temática de procedimiento penal. Este lunes admitió, con algunos matices, los hechos que le imputaron los fiscales Carla Cerliani y Adrián Spelta, que habían sido sus compañeros de trabajo. Pero fue muy enfático en despegar de los hechos a seis personas que llegaron con él igualmente acusados. Dijo que a todos los había arrastrado, que ellos no tenían nada que ver, que habían quedado involucrados a veces porque les había devuelto dinero que les había pedido previamente utilizando justamente las cuentas judiciales.

Los fiscales señalaron que había una asociación ilícita lo que fue rechazado enfáticamente por todas las partes. Indicaron que todos los acusados empezaron a operar en 2017 y que lo hicieron hasta julio de 2024 cuando a Ríos, empujado por problemas que incluyeron una pelea a golpes en el Casino con un empleado de la Oficina de Gestión Judicial, le encontraron la salida de la renuncia.

Según explicaron Cerliani y Spelta, el grupo manipuló sistemáticamente cuentas bancarias judiciales asociadas a procesos en trámite o bajo custodia fiscal, como fianzas o dinero secuestrado por un monto que actualizado al 31 de julio de este año fue de 425 millones de pesos aproximadamente.

Mediante este mecanismo, a partir de Ríos que trabajaba en la Fiscalía de Rosario, hubo un apoderamiento de los fondos de esas cuentas que luego recibían el dinero a partir de un oficio emitido por el propio o les llegaba directamente a sus cuentas personales. Los fiscales le atribuyeron ser jefe de una asociación ilícita por tener el acceso directo a la gestión de las cuentas judiciales abiertas a la orden del MPA.

En un momento Spelta dijo que la fiscalía seguirá investigando para establecer qué rol les cupo a determinados abogados que depositaron dinero como garantía o fianza en una cuenta judicial tras haber hecho acuerdos con Ríos. En uno de sus pasajes el fiscal acusado salió al cruce. "Si están queriendo decir que yo aceptaba sobornos desde ya les digo que no es así", replicó. "¿Quién pide una coima y se la hace depositar en una cuenta judicial?", se preguntó. Lo que señalan los fiscales como sugestivo es que los abogados que hicieron esos depósitos no fueron luego a reclamar el reintegro de esa plata.

Para los fiscales hubo en esto mucho más que un descalabro producido por una persona tomada por su adicción al juego. Lo hicieron al imputar a Fabricio Romero como organizador de la asociación ilícita y persona de confianza de Mariano Rios Artacho. Dijeron que entre ambos se observaron más de cien llamadas telefónicas con cerca de 50 transferencias bancarias mutuas entre 2019 y 2025.

También señalaron los acusadores para acreditar el vínculo cercano entre Mariano Ríos Artacho, Julio Mercado y Fabricio Romero la constatación de casi una decena de salidas a Brasil (Foz Iguazú) y a Uruguay en el mismo vehículo, a la misma hora y al mismo destino. También mencionó viajes al exterior con otros implicados en la asociación ilícita.

Al Casino de Foz de Iguazú

En su descargo el ex fiscal trató de explicarlo. Sostuvo que era tan honda la adicción al juego que se iban al Casino de Foz de Iguazú en la Triple Frontera cuando por la pandemia los de Argentina estaban aún cerrados. "Ibamos y volvíamos en el mismo día", afirmó. También sostuvo que era deudor en nivel cinco ante el BCRA que es la categoría donde se considera irrecuperable.

Las defensas saltaron en bloque para rechazar que hubiera asociación ilícita. Uno de los que fue detenido e imputado es un abogado muy conocido en Rosario, Emilio Barcaccia, de 67 años. Era el ex cuñado de Mariano Ríos, marido de la hermana, que se despegó de los hechos como los demás. Solamente dos de los coimputados reconocieron

Básicamente lo que dijeron varios de los implicados es que habían quedado entrampados en la situación por haberle prestado plata al ex fiscal. Por ejemplo Daniel Ballistreri, uno de los detenidos. "Mi cliente le hizo un préstamo de 150 mil pesos a Mariano que tiempo después le devolvió ese importe desde una cuenta judicial. Pero él no tenía como saber que era una cuenta judicial ni nada", dijo su defensora Antonella Travesaro. "En este caso ni siquiera hay delito ni dolo. Solo una persona que recibió plata que le había prestado a un amigo. Es imposible ver en esto una asociación ilícita, no hay pluralidad de planes delictivos de una organización. A lo sumo hay una defraudación que sale de un solo lugar en un delito continuado", sostuvo la abogada.

Ríos Artacho reconoció todos los hechos que se le atribuyeron, que incluyó de parte de los fiscales una descripción detallada en la prueba de las maniobras. Pidió perdón y dijo en más de una oportunidad que él arrastró a las nueve personas coimputadas a la situación de estar en un estrado judicial. Sostuvo que no hubo más que una maniobra para afrontar deudas que lo tienen, al día de hoy, en una situación de ruina económica. Y que estaba empezando a recuperarse de ese descalabro actuando como abogado particular cuando, la semana pasada, le anunciaron que quedaría detenido.

Este martes a la mañana se va a reanudar la audiencia para que la jueza María Trinidad Cabrera defina si acepta el pedido de prisión preventiva que hicieron los fiscales para que varios de los doce acusados queden presos.