La guerra entre bandas narco, que hizo que la ciudad de Rosario tenga récord de homicidios, y los vínculos de las mafias con sectores de la policía, la política local, empresarios y financieras, como quedó expuesto en resonantes juicios como la causa del juego clandestino o en la de Esteban Alvarado, se convirtió en cuestión de Estado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo tomó entre sus prioridades.

El máximo tribunal expresó su total apoyo al fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini y a los fiscales provinciales que investigan las organizaciones criminales. Un acompañamiento político fundamental a la hora de desarticular empresas delictivas que se manejan con una violencia inusitada que va escalando en la crueldad con homicidios que no distinguen a mujeres embarazadas ni bebés, como sucedió recientemente.

Los jueces federales de Rosario quedaron descolocados ante el discurso de Rosatti sobre el combate al narcotráfico

A su vez, el apoyo a los fiscales no se limitó a expresiones sino que activó una serie de decisiones políticas y operativas que estarán implementadas en forma coordinada con la Procunar -Procuraduría de Narcocriminalidad- a cargo de Diego Iglesias y con la procuración General de la Nación, que preside interinamente Eduardo Casal, con especial participación del secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima.

Según comentaron a LPO fuentes al tanto de la estrategia antinarco, la Corte resolvió que en el tema narco estudiará los casos que vayan llegando apenas ingresan para darle una resolución rápida y con ello, tener sentencia firme y cosa juzgada. Generalmente, se trata de quejas que interponen las defensas de los mafiosos para extender el proceso en el tiempo.

El operativo de respaldo al trabajo de los fiscales antinarco de Santa Fe que instrumentó la Corte Suprema incluye el apoyo del titular del procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias y el segundo de la procuración nacional, Juan Manuel Olima.

De hecho, el pasado 15 de mayo, a dos días antes de desembarcar en pleno en Rosario para el Encuentro de Justicia Federal, los magistrados dejaron firme una de las condenas a los cabecillas de Los Monos de 15 años de prisión y revalidaron la decisión este martes cuando rechazaron el recurso extraordinario y concluyeron con la pretensión de los defensores de los Cantero (ver fallo adjunto).

En el máximo tribunal durante su reciente visita a Rosario quedaron impresionados con el trabajo que llevan adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, así como la fiscal regional María Eugenia Iribarren, que con recursos muy limitados se enfrentan a una mafia que cruza a todos los estamentos del poder santafesino.

El fiscal santafesino Matías Edery.

LPO Jonatan Bustos

Además, a través de estas agencias nacionales y con fondos de la misma Corte, se decidió ampliara contratos de personal, la puesta a punto de un Centro de Monitoreo y recursos destinados a acelerar las pericias que requieran los fiscales del Ministerio Público de la Acusación provincial.

 A través de las agencias nacionales y con fondos de la misma Corte, se ampliaran contratos de personal, la puesta a punto de un Centro de Monitoreo y recursos destinados a acelerar las pericias que requieran los fiscales del Ministerio Público de la Acusación provincial 

El respaldo de la Corte a los fiscales rosarinos, que diariamente le ponen el cuerpo a las causas más sensibles enfrentando a organizaciones que durante años lograron penetrar hasta los niveles más altos de la policía de Santa Fe y con contactos resbaladizos con la política que les permitió a los jefes mafiosos moverse a las sombras de la impunidad, es interpretado como signos esperanzadores que comience a revertir la situación que atraviesa la ciudad.

Esta nueva etapa entre la justicia federal y la provincial, se empezó a gestar en diciembre del año pasado cuando el procurador interino Eduardo Casal convocó a una reunión para tratar el tema del narcotráfico en Santa Fe a la que asistió el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación provincial, Jorge Baclini. A partir de allí, los encuentros continuaron y se coronó con la cumbre de magistrados federales en Rosario el 12 de mayo pasado.

Sin embargo, desarticular las redes del delito complejo no va a ser sencillo. Por el contrario, las mafias lograron madurar vínculos corruptos con policías, funcionarios judiciales y políticos. De hecho, sectores de la justicia observan con sospechas el accionar del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, aliado político del senador Armando "Pipi" Traferri, sindicado como uno de los organizadores de la mafia del juego clandestino.

Eduardo Casal, Horacio Rosatti y el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, en la primera reunión en diciembre pasado

Esa causa puso entre las rejas al ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y a un subalterno suyo, Gustavo Ponce Asahad. El legislador nunca fue imputado por los fueros extraordinarios que gozan y una mayoría  la Cámara Alta que rechazaron el desafuero.

 [El presidente de la Corte de Santa Fe cuestionó al procurador Casal por no cubrir las vacantes en las fiscalías federales de Rosario]

Por su parte, Gutiérrez encabezó la defensa de Traferri desde la Corte provincial que impidió que se lo investigue cuando los fiscales Schiappa Pietra y Edery acudieron a la máxima instancia judicial de Santa Fe. El tema escaló y ahora lo tiene Corte Suprema nacional que podría significar un giro en la suerte de Traferri y compañía.

La relación del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez con el investigado senador Traferri acumula una historia complicada y reuniones en la casa del legislador peronista que fueron reveladas por el ex fiscal Ponce Asahad cuando declaró en calidad de arrepentido.

Además de ello, el presidente de la Corte provincial mantiene una pelea abierta con el Fiscal General, Jorge Baclini desde hace años y al advertir que el máximo tribunal nacional comenzaba a darle respaldo a los fiscales que investigan el narcotráfico, Gutiérrez salió a cuestionar al procurador Casal por las vacantes en el sistema de justicia federal, como publicó este medio.

La relación de Gutiérrez con el senador Traferri acumula una historia complicada y reuniones en la casa del senador, fueron reveladas por el ex fiscal Ponce Asahad cuando declaró en calidad de arrepentido.

Además, el senador fue aludido en las investigaciones a bandas narco. El mismo jefe narco Esteban Alvarado salió a defender a Traferri y a su protegida política, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, durante los alegatos del juicio que está a punto de tener sentencia. El nombre del legislador fue mencionado o sugerido por otros gánsters del cordón industrial rosarino.

 Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe 

LPO Jonatan Bustos

El hecho último hecho ocurrió hace una semana cuando se supo que la secretaria de Desarrollo Social de la comuna de la localidad de Ricardone le aconsejó a su hijo continuar con la venta de drogas cuando el joven le pidió ayuda para dejar de matar gente. El caso no comprometió directamente a Traferri pero sí a un intendente de su entorno más cercano, Juan Carlos Doria.

"Por favor, ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30.000 pesos, mami", le dijo el presunto sicario a su madre funcionaria, según las estremecedoras escuchas que se expusieron en un juicio y fueron reveladas en el portal Rosario3.