La habilitación tenía un precio. Dos policías del Comando Radioeléctrico de Rosario cobraban 50 mil pesos a cambio de liberar la zona que debían patrullar y su reciente detención en el último escándalo de corrupción de la policía santafesina puso al descubierto una práctica histórica pero no representativa de las nuevas modalidades en la materia: la transformación de los policías en mano de obra de las bandas criminales.

"Hay una innovación que no se ve en otras provincias: el cuentapropismo de la policía. En paralelo al modo histórico de recaudación clandestina hay policías que se integran a las bandas como empleados", afirma Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología en la Universidad Nacional de Rosario.

La banda del sindicado capo narco Esteban Alvarado es el caso testigo de los tiempos que corren. Siete policías fueron condenados como integrantes de la asociación ilícita -entre ellos el comisario David Marcelo Rey, jefe de la estratégica Policía de Investigaciones, rebautizada Agencia de Investigación Criminal- y uno más por actuar como infiltrado en el Ministerio Público de la Acusación.

El reciente juicio en el que Alvarado terminó condenado a prisión perpetua reveló además su íntima amistad con el comisario Néstor Arismendi en la época en que el policía se desempeñaba como jefe de policía de Rosario y su injerencia en la elección de Cristian Sola como jefe de policía de Santa Fe en octubre de 2012, después que su antecesor, Hugo Tognoli, fuera acusado por complicidad con el narcotráfico.

Los policías Makath, Quevertoque y Di Franco imputados por participar de la banda de Esteban Alvarado

"Lo que se aprecia es la continuidad de un deterioro institucional que no se termina de resolver. Por debajo de casos puntuales como el de Tognoli hay una cuestión estructural que no solamente tiene que ver con la policía sino con la configuración política y del sistema de justicia criminal de la Argentina. No hay demasiados intentos por solucionar esa cuestión, independientemente de los gobiernos que pasan", analiza Hernán Flom, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2017 y 2019 y actualmente profesor de Ciencia Política en la universidad Trinity College, en Connecticut, EEUU.

Si bien "Rosario es el caso más visible por la conexión entre el deterioro institucional de la policía y la gravedad de la violencia criminal, la policía de Santa Fe no es la única fuerza de seguridad en Argentina que se encuentra en esa situación", aclara Flom, autor de La regulación informal de los mercados criminales en América Latina. El libro, que publica este mes la Universidad de Cambridge, analiza la conformación del narcotráfico en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y en los estados de San Pablo y Rio de Janeiro, en Brasil, en base a 180 entrevistas con policías retirados y en actividad y con funcionarios de seguridad.

 Rosario es el caso más visible por la conexión entre el deterioro institucional de la policía y la gravedad de la violencia criminal, la policía de Santa Fe no es la única fuerza de seguridad en Argentina que se encuentra en esa situación

En el Censo Policial de 2020 nueve de cada diez policías santafesinos señalaron que la corrupción institucional constituye un problema grave y la identificaron como la principal causa de la desconfianza de la ciudadanía hacia la fuerza. Al mismo tiempo, más de la mitad de los encuestados manifestó la convicción de recibir represalias en caso de denunciar esos hechos, según el estudio realizado por el Observatorio de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia y el programa Delitos y sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.

Gustavo Javier González, abogado e integrante del programa Delitos y Sociedad, destaca "el registro evidente de prácticas regulatorias ilegales encabezadas por miembros de agencias de seguridad, que empiezan a emerger y consolidarse en nuestros contextos", entre las que puntualiza el funcionamiento de redes de recaudación, "la participación activa en actividades de ingreso, tránsito, distribución y comercialización de mercancías y sustancias ilegales" y "la apropiación y reintroducción de mercancías y sustancias ilegales secuestradas en procedimientos policiales y judiciales formales".

La complicidad de policías santafesinos con el narcomenudeo surge una y otra vez en las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Las prestaciones son variadas: "incluyen desde acciones permisivas y de protección, pasando por el control y hostigamiento focalizado sobre grupos competidores o enemigos de las organizaciones criminales con quienes partes de la fuerza de seguridad provincial y federal habían cristalizados acuerdos, hasta actos de fraguado, desvío y desaparición física de evidencias incriminatorias en procesos judiciales", explica González.

 La complicidad policial incluye desde acciones permisivas y de protección, pasando por el control y hostigamiento focalizado sobre grupos competidores o enemigos de las organizaciones criminales con quienes partes de la fuerza de seguridad provincial y federal habían cristalizados acuerdos, hasta actos de fraguado, desvío y desaparición física de evidencias incriminatorias en procesos judiciales

Las ollas se destapan pero a veces solo se distingue lo que aparece en la superficie. Los acuerdos con bandas aparecen restringidos a grupos aislados de policías, como se verificó en la ciudad de San Lorenzo y en la comisaría 10 de Rosario. En un escalón superior fueron condenados altos oficiales que se desempeñaron rutinariamente como informantes para prevenir a jefes narcos sobre procedimientos en curso, como se comprobó en los casos de Delfín Zacarías y Olga Beatriz Medina.

David Delfín Zacarias, "el Rey de la Cocaína"

Diario La Capital

"La expansión del consumo y la disponibilidad de cocaína en el territorio por la instalación de cocinas de la droga aumentan la participación de los que intervienen en el narcomenudeo", dice Enrique Font. En ese marco, agrega, "la estructura de los puestos de venta crece de manera exponencial y se vuelve un problema para el modo histórico de corrupción policial, que consiste en cobrar un porcentaje para permitir la actividad".

La investigación sobre juego clandestino que expuso los negocios del empresario Leonardo Peiti y salpicó al senador provincial Armando Traferri sería un ejemplo del modelo tradicional. El ex comisario Alejandro Torrisi fue condenado en septiembre de 2020 como integrante de una asociación ilícita que explotaba juegos de azar no autorizados, bajo la dirección de Peiti y de David Perona, capitalista fuerte en la ciudad de Rafaela.

Registrado como visitante de las jefaturas de policía de Rosario y Villa Constitución, Torrisi se desempeñó como recaudador de los garitos clandestinos y además "se encargaba de gestionar con personal policial los permisos para abrir las salas", de acuerdo a la acusación fiscal. Sus actividades se habrían extendido al norte de la provincia de Buenos Aires, según un audio en el que localiza parte de los sobornos: "¿Tenés para anotar ahí cómo quedaría formado el equipo? -le informó a uno de sus contactos- Arenales 25, Ferré 20, Ascensión 15, Arribeños 15, Comunal 15. Así estarían todas las comisarías cubiertas"

En su calidad de arrepentido, Peiti informó que los sobornos llegaban a los niveles más altos de la policía santafesina, y en particular a José Luis Amaya, jefe de policía de la provincia al que describió como insaciable en sus requerimientos de sobornos, y a Daniel Corbellini, jefe de la Policía de Investigaciones. Un coletazo de las investigaciones terminó con las imputaciones de otros cinco altos oficiales, entre ellos Jorge Juan Pérez, ex subjefe de la policía provincial, y con el desmantelamiento de una aceitada red de recaudación alrededor de garitos clandestinos.

José Luis Amaya, ex jefe de policía de Rosario y recaudador del juego clandestino

Si lo que la policía negocia en esos casos es la aplicación misma de la ley, para Font el modelo tradicional se vuelve impracticable para controlar el narcomenudeo. "La policía puede pasar a cobrar, como suele hacer, pero perdió la capacidad de regulación porque el fenómeno se transformó. La expansión institucional, además, abre más bocas de recaudación", dice el especialista.

Hernán Flom observa semejanzas y diferencias al comparar el fenómeno en Argentina y Brasil: "En provincias como Santa Fe o Buenos Aires se ve claramente una conexión entre corrupción policial y narcotráfico. En San Pablo la corrupción aparece más asociada a otros emprendimientos ilegales o formas de recaudación como extorsiones a comercios, sobornos para habilitaciones y protección del juego clandestino. En Río de Janeiro hay una corrupción ligada al narcotráfico mucho más extendida, y como en Rosario, asociada a la proliferación de la violencia por la naturaleza fragmentada tanto de la policía como del mercado de drogas".

En su estudio sobre la cuestión, Flom describe dos modos de regulación del mercado de las drogas. "En la provincia de Buenos Aires y en San Pablo hay una situación más ordenada, donde la policía negocia con grupos delictivos o tolera su actividad a cambio de que no haya una escalada en los niveles de violencia -dice-. El caso opuesto es lo que se evidencia en Rosario y en Río de Janeiro, donde se quiebra la cohesión interna de la policía, o la cohesión de la policía con el poder político, y entonces la regulación pasa a ser más caótica".

En el último Censo Policial más de seis de cada diez policías identificaron la baja remuneración como el principal problema que afecta a la policía santafesina. Para Hernán Flom, la situación de policías bajo la línea de pobreza puede ser una condición propicia para la corrupción, sumada al desprestigio de la fuerza y a la falta de reconocimiento de la ciudadanía, pero no necesaria. En ese sentido el investigador recuerda el escándalo de corrupción que convulsionó a la policía de Baltimore en 2017, llevado a la televisión en la reciente serie La ciudad es nuestra: aunque percibían sueldos apreciables, los agentes incurrieron de todas maneras en prácticas como quedarse con dinero robado o revender droga secuestrada.

La relación entre la pauperización de sectores policiales y los casos de corrupción quedó en evidencia en el caso de un agente de la sección Balística que cambió armas secuestradas en procedimientos por una moto. En 2020 el entonces ministro Marcelo Sain afirmó que el propio Estado era el principal proveedor del mercado negro de armas y denunció el alquiler de armas a bandas delictivas como una práctica de estilo entre sectores policiales.

En esos casos, según Enrique Font, surge otro aspecto del problema: "La explotación de los recursos propios, como las horas extras y las reparaciones de vehículos, o el mercado ilegal de las autopartes, que tiene una escala que todavía se puede manejar aunque es menor en relación a otros delitos".

Daniel Corbellini, ex jefe de Investigaciones y de la Central "El Ojo"

Diario La Capital

Negocios en ese rubro le costaron la subjefatura de policía de la provincia a Ariel Zancocchia, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a la administración y disposición de vehículos y autopartes pertenecientes a la policía de la provincia entre febrero de 2019 y julio de 2021. Otros seis policías fueron también imputados en las maniobras por las cuales la proveedora de repuestos era una empresa que había pertenecido al propio Zancocchia.

Un total de 36 policías de la ciudad de Santa Fe quedaron involucrados en una causa por fraudes con horas extras y adicionales que concluyó a principios de este mes. Las penas recayeron sobre tres oficiales que organizaron el sistema en la Brigada Motorizada mientras el resto pagó multas y efectuó donaciones, ya que según la fiscalía actuaron bajo coacción de los superiores. Un ejemplo de que el modelo vertical de la institución policial que hoy se pretende restaurar en Santa Fe resulta funcional al despliegue y el ocultamiento de prácticas de corrupción.

Hasta el 25 de julio de este año, fecha del último decreto, el gobernador Omar Perotti ordenó la exoneración de 210 policías. Si bien las causas son diversas, la vinculación con el narcotráfico aparece como una de las principales. La cifra de cesanteados aumenta al mismo ritmo que la extensión del problema, desde los 55 exonerados por Carlos Reutemann entre 1999 y 2003 a los 203 de Miguel Lifschitz entre 2015 y 2019.

 Hasta el 25 de julio de este año, fecha del último decreto, el gobernador Omar Perotti ordenó la exoneración de 210 policías. Si bien las causas son diversas, la vinculación con el narcotráfico aparece como una de las principales. La cifra de cesanteados aumenta al mismo ritmo que la extensión del problema, desde los 55 exonerados por Carlos Reutemann entre 1999 y 2003 a los 203 de Miguel Lifschitz entre 2015 y 2019

Font recuerda una causa de la Justicia Federal de 2013, cuando el problema comenzaba a ramificarse: "En una escucha telefónica uno de los acusados explicaba cuánta plata había que poner para abrir un puesto de venta de drogas en Rosario y discriminaba entre aportes a la División Judiciales, a la brigada de Drogas, al Comando Radioeléctrico y a la comisaría de la jurisdicción. Eran ya cuatro bocas, y esos espacios estaban fragmentados en la institución, porque no toda la plata de la recaudación subía de la misma manera en la pirámide de la fuerza".

Dentro de la orden de mantener la boca cerrada del gobernador Perotti ("pocas palabras y más hechos"), el nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, y el jefe de policía provincial Miguel Oliva se comprometieron a separar a los policías corruptos. Una declaración de rigor en funcionarios del área al asumir sus funciones, que se pondrá a prueba con la gestión.

"Se ha demostrado que las políticas de mano dura no son efectivas para reducir los niveles de inseguridad -advierte Hernán Flom-. Pueden tener un efecto temporario de cohesionar a la policía detrás de una determinada política, pero también llevar a una situación de mayor corrupción. Al habilitar un mayor ejercicio de la fuerza por parte de la policía y de su rol represivo, esas políticas generan más posibilidades de participar en actos de corrupción".