El llamado a la "licitación corta" con la que debutó la Administración General de Puertos (AGP) que maneja transitoriamente los destinos del Sistema de Navegación Troncal terminó en un escándalo con una denuncia penal impulsada por la Coalición Cívica y un dictamen demoledor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que expuso irregularidades graves en el proceso.

Es que desde que se privatizó la administración del canal navegable en 1995, la AGP dejó de tener incumbencia nacional y sus actividades se redujeron al manejo del puerto de Buenos Aires. Por ello, cuando se le trasladó en septiembre del año pasado el control de la vía fluvial Paraná-Paraguay, el organismo tuvo que modificar su estatuto para poder ser concesionario y a su vez, tener facultades para subcontratar ya que no contaba con equipamiento, dragas, buques ni talleres para hacerse cargo del mantenimiento del río.

Como su actuación iba a ser provisoria, hasta el llamado a licitación definitiva que debería estar a cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, la AGP convocó a una "licitación corta" por unos pocos meses. Desde el organismo afirmaban que lo que buscaban era darle mayor transparencia al acto administrativo pero en el sector agroexportador comenzó a crecer el temor de que la verdadera intención fuese quedarse definitivamente al frente de la Hidrovía.

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Es que de la conformación del Ente aún no hay noticias. Solamente se produjo la designación del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuck, como presidente del organismo mientras que los representantes de las provincias y de los Ministerios aún está a la firma del presidente Alberto Fernández.

Lo cierto es que en el sector agroexportador, los empresarios y sindicatos coinciden en la incertidumbre que esta situación ha generado en las actividades que genera el mayor ingreso de divisas al país.

A su vez, el temor a que la AGP se quede al frente de la administración no es un tema menor ya que la evaluación que hacen respecto al desempeño durante los primeros siete meses es malo: "han enviado a dragar cualquier lado, y todo el equipamiento se concentró en el Río de la Plata", dijo un experimentado hombre del puerto.

Es que en medio del pico de la bajante histórica, de las terminales del Cordón del Gran Rosario se perdió de cargar el 30 por ciento que tuvo que derivarse a los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires porque las dragas no habían sido ubicadas en los pasos críticos para amortiguar el impacto.

"Respecto a la capacidad de carga, estamos como antes de 1996, de que se concesionaria el dragado. Ahora, se recuperó un poco porque llovió y se está cargando por abajo del 10% pero es una situación excepcional por las lluvias que tuvimos en nuestra zona pero la temporada seca prevé nuevas bajantes", agregó la misma fuente consultada por LPO que pidió reserva de su nombre.

 Respecto a la capacidad de carga, estamos como antes de 1996, de que se concesionaria el dragado. Ahora, se recuperó un poco porque llovió y se está cargando por abajo del 10% pero es una situación excepcional por las lluvias que tuvimos en nuestra zona pero la temporada seca prevé nuevas bajantes

En cuanto a la licitación fallida, además de una denuncia que presentaron las diputadas de la Coalición Cívica Zuvic, Oliveto y Ferraro, el procurador Sergio Rodríguez, de Investigaciones Administrativas, emitió un duro dictamen donde detalló las inconsistencias en la compulsa para un contrato que supera los 80 millones de dólares.

Es que de las cuatro firmas que se presentaron tres quedaron descalificadas lo cual llevó a una impugnación de la china Dredging International en alianza con la CCCC Shanghaidredging y la argentina Servimagnus. También quedó afuera EMEPA y la holandesa Boskalis. Mientras que la Compañía Sudamericana de Dragados, una subsidiaria de Jan de Nul, fue la única en quedar en carrera.

El fiscal marca varias arbitrariedades de la AGP a la hora de analizar el proceso como el haber esgrimido faltas fácilmente subsanables para evitar que las empresas queden afuera de la licitación cuando se trata de un servicio que por su naturaleza se dedican muy pocas compañías en el mundo.

Otro ejemplo fueron la falta de criterios objetivos en el reglamento para la evaluación de las ofertas lo cual le otorgó a los funcionarios: "Lo que queda claro es que mientras más amplio sea el margen de opinión del funcionario que adjudica, más posibilidades tendremos en sospechar si no se ha adjudicado a la oferta más económica", dice el fiscal actuante citando doctrina del Derecho Administrativo.

Pero lo más interesante del dictamen es que encomienda al Estado a llamar a un nuevo proceso licitatorio según "el Decreto N° 949/2020, sin perjuicio de las presentaciones que se harán ante la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Transporte, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegables y la Fiscalía Federal interviniente".