La mega devaluación que se produjo en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y el dólar pasó de valer menos de $20 a tocar los $40, tuvo un fuerte impacto en los negocios financieros y granarios que se terminó de profundizar a finales del 2019 poniendo en crisis a varias compañías de bolsa y corredoras que operaban a futuro como BLD, Guardati Torti, Grassi y la misma Vicentín, entre otras.

Con menos exposición mediática se originó una causa judicial entre el fondo DoubleBlue Capital contra el Grupo Unión de los hermanos Whpei que ya lleva más de dos años en los tribunales comerciales porteños pero que recién tomó estado público la semana pasada luego que en una causa penal paralela, se ordenaran siete allanamientos a oficinas vinculadas a los empresarios de Rosario.

Tras la quiebra, la justicia allanó la caja fuerte de uno de los ex directores de Guardati Torti

Desde el Grupo Unión apuntaron a Tomas Arlía, un financista argentino que hace más de dos décadas está radicado en New York y desde allí administró el poderoso fondo de pensiones de la General Electric hasta que en 2015 construyó su propia firma, DoubleBlue Capital, a través de la cual incursionó en las inversiones de riesgo especulativas que encontraron tierra fértil en la era Cambiemos cuando en el mercado de los bonos nacionales obtenían retornos extraordinarios.

La mega devaluación del 2018 durante el gobierno de Macri, cuando el dólar pasó de valer menos de $20 a tocar los $40, tuvo un fuerte impacto en los negocios financieros y granarios y puso en crisis a varias compañías que operaban a futuro como BLD, Guardati Torti, Grassi y la misma Vicentín.

En ese contexto, Arlía comenzó a gerenciar préstamos para fondeos de circuitos financieros locales hasta que la devaluación de 2018, cuando el dólar pasó de costar 20 pesos al doble, detonó el negocio y se abrieron renegociaciones que algunas escalaron hasta los estrados judiciales del fuero comercial.

"Lo que pasó con el fondo de Arlía y su estrategia, propia de los más feroces fondos buitres, es mirada con suma atención por el mercado", sostuvo una fuente del Grupo Unión al tanto de la causa.

Desde la financiera rosarina aseguran que Arlía, pese a haber embargado a los Whpei en más de 400 millones de pesos, avanzó en la denuncia penal antes de agotar la instancia comercial donde habría alegado un monto mucho mayor aprovechando que ese punto no se discute en sede penal.

Además, sostienen que el demandante no solo vinculó a los gerentes sino también a los familiares de los Whpei argumentando una supuesta maniobra de desapoderamiento para el desvío de fondos y lavado de dinero: "Fue un apriete", señalaron desde la mutual.

El ex ministro de Finanzas de Macri, Luis "Toto" Caputo.

Télam

Según el Grupo Unión, ambas acusaciones no tienen sustento lo cual surge de los mismos expedientes. En primer lugar, porque la causa se tramita en los juzgados de Ciudad de Buenos Aires cuando la acusación sobre lavados de activos que alegan son del fuero federal y por otro lado, afirman que todos los imputados ya han sido indagados y se les ha otorgado la falta de mérito en dos oportunidades, razón por la cual la causa penal parece cerca de su finalización.

Es que la denuncia penal se alega incumplimientos por casi mil millones de pesos luego que en marzo de 2018 la mutual de los Whpei transfirió su cartera de préstamos al fondo TMF Trust Company a través de DoubleBlue y como Unión Personal opera con los códigos de descuento de los empleados municipales y provinciales, mantenía la facultad de cobro de los créditos que toman los trabajadores, esos montos debían ser transferidos a los adquirentes pero eso no habría ocurrido, sostiene la denuncia.

Los mutualistas argumentan que el accionar de la justicia penal y el allanamiento de las siete oficinas es la respuesta porque "Arlía sabe que está perdido en términos del negocio financiero y además, buscando un éxito en la denuncia penal, se durmió con la causa comercial y dio ventajas que los Whpei aprovecharon".

Se refieren a la solicitud que hicieron a la Municipalidad de Rosario, y aparentemente en otros niveles del Estado, donde manejan los códigos de descuentos para que las retenciones de las cuotas que les hacen a sus empleados se depositen en otro número de cuenta que el declarado a los Double Blue. 

De hecho, según el portal Rosario3, fue desde el gabinete del intendente Pablo Javkin quienes advirtieron a la justicia que se habían cambiado las cuentas de depósitos.