El juez Fabian Lorenzini lleva el concurso preventivo de Vicentín desde diciembre de 2019 cuando el gigante agrario se declaró en default y dejó un tendal en productores, acopiadores y proveedores de la Zona Núcleo.

La caída de Vicentín abrió innumerables interrogantes, sobre todo sobre la sostenibilidad del modelo agroexportador que combinaba granos con audacia financiera hasta que el cimbronazo en la última etapa del gobierno de Macri dejó en offside a varios peso pesado de los agronegocios.

 Este martes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini avaló los informes de la sindicatura de la causa que analizó los avales de acreedores a la propuesta que había elevado el Grupo Grassi. 

Lo cierto es que en todos estos años pasó muchísima agua bajo el puente en el que no faltó el proceso penal por fraude contra los dueños de la empresa, un fallido intento de nacionalización en la era de Alberto Fernández y un sorprendente silencio stampa de los damnificados, principalmente productores agropecuarios que son los primeros en pegar el grito al cielo contra la carga impositiva estatal pero se desentienden de los aumentos indiscriminados de los alquileres de campos o de los descalces financieros que muchas veces los dejan al borde del abismo.

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 Vicentín no fue la única agroempresa que quedó en la cuerda floja. La sacudida financiera de la segunda mitad del macrismo sacudió a BLD, a la correacopio Guardati-Torti,  a la firma Cereales del Sur de Daniel Casanovas y a otras firmas de renombre en la city rosarina como Sebastián Grimaldi. Estas oficinas movían millones y millones de la agroexportación hasta que los agarró el temporal. 

Este martes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini avaló los informes de la sindicatura de la causa que analizó los avales de acreedores a la propuesta que había elevado el Grupo Grassi. En buen romance significa que el empresario rosarino quedó a un paso de hacerse del holding.

De esta manera, Grassi llegó victorioso a la compulsa contra Molinos Agro y Louis Dreyfus que se asociaron a último momento y presentaron una propuesta que no consiguió la adhesión de la mayoría. Ahora, se abren cinco días para impugnar la decisión del juez pero en el entorno del rosarino confían en que el cramdown se defina la semana próxima.