El descomunal fraude que la policía de Rosario montó con facturación fantasma del combustible para los patrulleros tuvo una dimensión millonaria por la que ahora está preso el máximo jefe hasta mayo pasado. El robo tuvo detalles surrealistas. Será inolvidable la organización de un sistema de multas internas para los uniformados que tardaran en subir a los superiores la plata que se llevaban en sobres de la estación de servicio con la que armaron el tongo.

A estos "infractores" no les convenía demorar la entrega de la plata que les daban por combustible cobrado pero no despachado a los móviles. Los que se salían de plazo, tenían que pagar por la mora con costillares, botellas de Jonnhy Walker Blue Label que no se consigue a menos de 400 mil pesos o también dinero en efectivo. La dureza de las sanciones generaba mucho malestar entre los policías que participaban del robo. El destinatario principal de la bronca era el secretario privado del jefe de la Policía de Rosario, Rodrigo Domínguez, que administraba en persona la OGM.

¿Y qué era la OGM? La llamada por él mismo Oficina de Gestión de Multas. "Domínguez era la cara vivible y administrador de este sistema ante cualquier exigencia que no se cumpliera en el tiempo querido por él mismo y por el jefe de la Unidad Regional", dijo en audiencia el fiscal José Luis Caterina, que llevó adelante las imputaciones contra 14 policías jerárquicos la semana pasada. Las multas era un modo de generar cohesión interna y disciplina entre los que participaban del desfalco.

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Esto es un rasgo bizarro de una asociación ilícita compuesta por policías jerárquicos con mando que en Rosario se organizaron para robar dinero del Estado de manera explícita y con continuidad en el tiempo que incluye a 25 uniformados de los cuales 14 son miembros estables de la banda. Se valieron, según el fiscal, de una medida de emergencia legislativa para una situación de particular gravedad que dotaba a la Jefatura de Rosario de 400 millones de pesos en el último año. Lo hicieron para generar un esquema de retornos sistemáticos basados en sobrefacturación de combustible.

Se robaban durante un año como promedio 45 millones de pesos por mes. El entrecruzamiento de información permitió saber que en julio de 2024 un total de 85 patrulleros de Rosario que figuraban fuera de servicio en el parque automotor de la Jefatura de la ciudad realizaron cargas de combustible. Los funcionarios encargados del combustible desviaban los recursos y mentían en las rendiciones de cuenta, firmando y elevando planillas o tickets con información falsa acorde a lo facturado apócrifamente y no a lo efectivamente cargado en los móviles. A su vez, los responsables y auxiliares de la estación de servicio eran engranaje clave del desvío.

El comisario "arrepentido"

Hubo un primer tramo de esta imputación en mayo de este año pero había quedado afuera el jefe de la Unidad Regional de Rosario Daniel Acosta. En la Jefatura los rencores se cortaban con serrucho porque los mandos medios, que conocen de gestión, decían que Acosta no podía desconocer un desfalco millonario realizado por su secretario privado.

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¿Cómo era la maniobra? La máxima jerarquía organizó un arreglo entre la Unidad Regional II y la estación de servicio "Gas Auto Tiferno", proveedor principal del combustible utilizado por los móviles policiales de las Secciones de Cuerpos de Rosario. El acuerdo consistía en una sobrefacturación o facturación fantasma de cargas de combustible donde luego de que hubieran entrado esos caudales a la estación de servicio, sus dueños entregaban retornos en dinero en efectivo, con periodicidad quincenal y a cada una de las secciones, que los retiraba directamente. Estos retornos consistían en un porcentaje sobre la ganancia ilegítima que recibía Tiferno, cuatro de cuyos responsables fueron detenidos e imputados.

Cuando en mayo pasado fueron detenidos doce policías con mando por estas maniobras, un comisario con más de diez años de carrera le decía a LPO desde adentro que era impensable que el jefe de Unidad pudiera desconocer lo que pasaba de una manera tan aceitada. "Es algo demasiado grande, no es una corruptela, es una estructura histórica de recaudación. Una cosa es que participe, no tener conocimiento es imposible. El primero que se arrepienta involucra a todos los jefes de sección. Y caen los jefes que pasaron por la Unidad de hace diez años a la fecha".

Eso finalmente pasó hace dos meses. Surgió un arrepentido entre los que estaban imputados que dio detalles de cómo Daniel Acosta no solamente conocía lo que pasaba sino que lo había organizado.

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Este testimonio lo dio Gerardo Ramírez, jefe de Garage de la Jefatura de Rosario, como imputado colaborador. Resultó clave para confirmar la complicidad de distintos jefes de secciones. Explicó con detalle la figura del "encargado de carga", es decir, los responsables de concentrar las tarjetas Visa Flota y facturar combustible de manera fraudulenta. Ratificó que el circuito de dinero ilícito ascendía hacia la jefatura (Daniel Acosta y Rodrigo Domínguez), y que él mismo presionaba a otros jefes para cumplir con los pagos. Su declaración permitió abrir una nueva etapa de la investigación y fundamentó allanamientos posteriores.

Ramírez dijo que cuando asumió Acosta el 31 de mayo de 2023 lo designó jefe de Garage de la Jefatura y lo convocó a su despacho. "Estaba el señor Domínguez, y me plantea de ver la posibilidad de cómo poder hacer dinero, generar dinero con las cargas de combustible", amplió. "Surge en ese momento la propuesta por uno de los ahora administradores, o en ese entonces, administradores del Comando Radioeléctrico, el 144 subinspector Sergio López, el que sugiere hacer una sobrefacturación sobre lo que se venía facturando en combustible por carga de combustible por móvil. Él sugería hacer una sobrecarga de dos o tres litros por carga por móvil".

Los policías que demoraban en darle la recaudación a sus superiores tenían que pagar por la mora con costillares o botellas de Jonnhy Walker Blue Label que no se consigue a menos de 400 mil pesos

Según Ramírez, todo eso fue autorizado por Acosta. Desde entonces se convocaron a reuniones a todos los Jefes de Secciones de la Agrupación Cuerpos.

"Los convoca uno por uno. Mantiene reuniones en las que yo estuve presente. En lo que hasta mayo fue el comedor de la Jefatura. Ahí lo convocó en ese entonces Jefe de Comando Radioeléctrico, al Comisario o Sub Comisario no recuerdo en este momento, Diego Santamaría, a quien le hace la propuesta y le dice si quería seguir el cargo que había que acogerse a sus, a sus propuestas, a lo que Santamaría accede obviamente. Había que generar dinero y subirlo. Santamaría fue Jefe de Comando desde la asunción de Acosta hasta, por lo menos, el 5 de mayo de este año que nosotros caímos detenidos. Otro de los jefes convocados en su momento fue el Comisario Héctor Saucedo, Jefe de Motorizada, al cual se le hizo la misma propuesta y el mismo accedió. Fue Jefe de motorizada hasta el 5 de mayo también".

Sobre la organización del negocio, este oficial contó que "se pone un administrador que es el muchacho Fernando Ceballos, que estuvo detenido en Piñero, y era el que manejaba el pago con Tarjetas Visa. Esto generaba un pago quincenal de común acuerdo con la estación de servicio Tiferno, ubicada en Ovidio Lagos al 3.900, a una cuadra de la Jefatura. Y ese pago quincenal había que subirlo. El encargado de recolectar el dinero era Rodrigo Domínguez, mi jefe, el jefe de la privada".

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Ramírez recibe como arrepentido enojos y burlas por mitades de sus camaradas. Consideran que habla mucho del robo de combustible porque es un negocio que conoció como protagonista por más de una década en el control de secciones ligadas a este tipo de fraude. El fue uno de los allanados y detenidos en mayo pasado, cuando en su casa se encontraron 50 mil dólares de origen no sostenido en documentación legal. Vive en una casa de alto valor en un barrio de Pueblo Esther, a 20 kilómetros de Rosario.

Al acusar en audiencia, el fiscal Caterina sostuvo que ningún Jefe de Cuerpos rechazó la propuesta que bajaba la Jefatura de la Unidad, ni de los originales designados en 2023 ni de los que en algunos casos les sucedieron en esas jefaturas. El final de la asociación ilícita se da cuando se interrumpe su accionar con la primera tanda de allanamientos realizados el 5 de Mayo de este año. En ese momento se inició el borrado de evidencia por parte de algunos imputados, que incluyó desde desaparición de tickets de carga hasta quema de móviles policiales que resultaban incriminantes.

Acosta quedó preso e imputado de asociación ilícita y peculado por desvío de fondos públicos, defraudación agravada, cohecho y falsedad ideológica. A Rodrigo Domínguez le atribuyeron ser organizador, controlaba el flujo de dinero ilícito, imponer sanciones internas y recibir retornos directamente. El juez Gustavo Pérez de Urrechu impuso para ambos prisión preventiva.