La investigación de una red de juego clandestino que operaba en Santa Fe conmocionó a la opinión pública y generó una crisis institucional en la provincia sin precedentes cuando quedó expuesta la participación de policÃas, el fiscal regional de Rosario y un fiscal subalterno además del señalamiento del senador de San Lorenzo, Armando Traferri, como organizador de la banda, junto a otros funcionarios polÃticos de menor rango.
A Traferri nunca se lo pudo imputar porque la Constitución provincial (que fue escrita y 1962 y no se reformó) prevé fueros extraordinarios, que no existen en ningún ordenamiento jurÃdico en el paÃs y que les otorga a los legisladores la inmunidad de proceso, además de la de arresto y la de opinión. Al menos asà lo dejó ratificado la Corte santafesina en un fallo dividido de cinco votos contra uno, como publicó en su momento LPO.
Sin embargo, el viernes los fiscales MatÃas Edery y Luis Schiappa Pietra junto a la fiscal general de Rosario, MarÃa Eugenia Iribarren, presentaron un recurso extraordinario en la Corte Suprema de la Nación que pide la inconstitucionalidad del artÃculo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
En el mismo, se obliga a los fiscales que, en caso de legisladores, se "abstengan" de formular acusación aún "cuando hubiera mérito" y estipula que previamente soliciten el desafuero del sospechoso a la Cámara correspondiente. En este caso, los senadores radicales y un sector de peronismo protegieron a Traferri y la causa no pudo continuar por esa lÃnea.
Ahora, con el caso trasladado a la Corte Suprema de la Nación, el tema excedió los lÃmites provinciales y dejó de ser un problema de Santa Fe para pasar a ser un problema nacional, consideró el fiscal Luis Schiappa Pietra, en diálogo con LPO.
En el fondo, la discusión sobre la que deberá definir el Tribunal es si corresponde o no que los legisladores de Santa Fe gocen de inmunidades tales que ni siquiera puedan ser sometidos a un proceso judicial a pesar de que hayan pruebas en su contra. De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández sigue procesada en varias causas y recién, en caso de que la justicia la declare culpable, se deberá solicitar al Senado de la Nación su desafuero para cumplir condena.
A los diputados y senadores de Santa Fe ni siquiera se los pueden imputar en un caso en el que se condenó al fiscal Ponce Asahad mientras que a su superior Patricio Serjal se le pedirá 12 años de prisión por haber brindado protección judicial e información sensible del Ministerio Público de la Acusación al capitalista del juego, Leonardo Peiti, quien reconoció ante el Tribunal haber entregado dinero a la campaña de Traferri.
A su vez, quedaron imputados el ex corredor de auto y concejal de Granadero Baigorria, Oscar "Poppy" Larrauri, por haber comprado inmuebles y autos con fondos que provenÃan del juego clandestino y el ex diputado provincial del PJ DarÃo Scataglini que seguÃa trabajando en la Legislatura y junto a Traferri hacÃan lobby para que Peiti se quedase con el juego legal mientras que la investigación se extendió por toda la provincia donde se encontraron células de la organización en Melincué, Rafaela, Reconquista, entre otras ciudades.
Tal es la dimensión de la causa que sacudió la institucionalidad provincial y aún se desconocen las consecuencias de la misma que ahora se definirá en la Corte Suprema nacional que está integrada por dos santafesinos, su presidente Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.
Es que en medio del reclamo social por mayor transparencia en un contexto histórico muy diferente al de 1962, cuando se escribió la Constitución, como marcó en sus fundamentos Daniel Erbetta quien fue el único juez de la Corte provincial que votó en contra de convalidar los fueros a Traferri, le costará mucho al máximo tribunal no confrontar con el fallo provincial.
Además de que la Constitución Nacional no contempla la inmunidad de proceso, hay compromisos internacionales que observan muy de cerca las decisiones de la Corte en temas de corrupción institucional que en este caso deberán analizar por qué algunos representantes del Poder Legislativo y la Corte provincial están diciendo que no se puede investigar, acusar y llevar a juicio a un senador a pesar de las pruebas que pueda haber en su contra.
Es que tampoco se descarta que el máximo tribunal le dedique algunos párrafos a la Constitución de Santa Fe que se deberÃa haber reformado y adaptado a la Nacional de 1994 donde se incorporaron los tratados internacionales: "no serÃa raro que la Corte termine concluyendo que la actual Constitución provincial es inconstitucional. Por lo pronto, el tema está en discusión en la polÃtica, como adelantó LPO.
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