La fiscalía de Delitos Económicos de Rosario ordenó la detención de tres altos directivos de la compañía agroexportadora Vicentin, que declaró un default en 2020, y que tiene a una decena de personas de su conducción imputadas por estafa. Los que quedaron presos son Daniel Buyatti y Roberto Gazze. También tiene pedido de captura Omar Scarel, ex presidente de la cerealera, que no había sido ubicado.

Las detenciones se dieron en el marco de 20 allanamientos concretados en Rosario, Funes, tres en la ciudad de Buenos Aires, uno en Adrogué y también en Avellaneda y Reconquista, las ciudades colindantes en el norte santafesino donde tiene sede el complejo agroexportador.

Los directivos señalados están investigados por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por los fiscales provinciales de Rosario Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Eran responsables del manejo del flujo de dinero de la compañía que hace cinco años entró en cesación de pagos y dejó sin cobrar a miles de productores, comercios y entidades bancarias.

Fuentes ligadas al trámite señalaron que los pedidos de detención tendrían que ver con una denuncia realizada por acreedores privados que desistieron ingresar al plan de pagos producido por la empresa para evitar la quiebra y que actúan como querellantes. Se refiere al desvío aparente de sumas multimillonarias de la compañía para pagar a los abogados particulares de las personas detenidas lo que a criterio de estas no debe ser afrontado por la empresa.

La compañía tiene un pasivo post concursal de más de 5 mil millones de pesos, sus trabajadores están desafectados por primera vez desde el inicio del default porque no les pagan los salarios. Y recientemente la Corte Suprema de Santa Fe rechazó homologar el concurso preventivo por considerar que la propuesta de pago lesionaba el derecho de igualdad de los acreedores. La empresa proponía un pago de 30 mil dólares por acreedor sin consideración de volumen de deudas, lo que generaba para la Corte una ventaja para los que tenían créditos menores y desventaja para los grandes acreedores.

Daniel Buyatti, Alberto Macua, Omar Scarel y Roberto Gazze aparecen como los directivos más complicados porque fueron señalados en su momento como jefes de asociación ilícita. En 2022 el fiscal Moreno los llevó junto a otros cuatro directivos a audiencia imputativa por "haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, que contenían información financiera falsa" para ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

También los acusaron de confeccionar y presentar ante cinco bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos entre enero 2017 y julio de 2019 que exhibían una aparente sólida situación patrimonial, con el fin de "ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas".

Los fiscales sostuvieron que el sorpresivo default de 2019 fue resultado de un proceso de endeudamiento que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería.

Esta semana la situación particular del directivo Omar Scarel, hasta ahora prófugo, se complicó cuando el ex director regional de la ex AFIP Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, aceptó declarar como arrepentido ante fiscales federales de distintas localidades de Santa Fe. En su testimonio Vaudagna aceptó haber cometido delitos para asesorar e empresarios a fin de evadir y lavar activos. Confesó que ayudó a Scarel durante cuatro años para generar una estafa al fisco por 143 millones de pesos con reintegros de exportación cobrados por Vicentin de manera indebida.