Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenÃa los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya habÃa sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilÃcita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la polÃtica santafesina, que recibÃa dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilÃcita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayorÃa de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilÃcita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
"Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas", dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explÃcita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado polÃtico y jurÃdico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explÃcito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilÃcita.
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalÃa y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y MatÃas Edery no tenÃan ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenÃa cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes polÃticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, MatÃas Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
La ex jefa de fiscales de Rosario complicó al senador Traferri en la causa del juego ilegal
Sobre la llamada "pata polÃtica", que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque "no se encuentra en juzgamiento aquà fueron permanentemente aludidas durante el debate". Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y polÃticos, "siendo el eje central el senador Armando Traferri".
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le habÃa dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña polÃtica.
"Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilÃcita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilÃcito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal". Señalaron que esa estructura también era integrada "por personas que no fueron traÃdas a este juicio".
La fiscal Fabbro habÃa dicho en su alegato final: "Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de "filtraciones" o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traÃdo a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero".
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban "un conocimiento superficial del caso" que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria "confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas".
Siguieron los jueces: "La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habrÃa originado a partir de la manipulación o utilización de terceros - especÃficamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio"
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilÃcita se sabÃa que el trance serÃa determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquà estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artÃculo periodÃstico, con distinciones mÃnimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez dÃas de la declaración de Socca.
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