La Policía de Rosario produjo durante meses una malversación de fondos con combustible que implicó una sangría multimillonaria de recursos públicos. Según lo estimado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, el robo sistemático fue por unos 45 millones de pesos por mes.

La maniobra motivó este lunes la concreción de 38 allanamientos contra distintas dependencias, luego de que el fiscal José Luis Caterina investigara la acción detectada e identificara como responsables del delito a oficiales de jerarquía en todos los casos. También hubo 17 detenidos de los cuales permanecían 16 en esa condición.

La audiencia en la que serán imputados por malversación de caudales públicos ya fue solicitada. Entre los presos se cuentan cuatro responsables de Gas Auto Tiferno, la sociedad que controla la estación de servicio enganchada en las maniobras. También el jefe de la secretaría privada de la Jefatura de Rosario, el comisario Rodrigo Domínguez, que ya estuvo implicado en investigaciones por corrupción.

El ilícito determinó la intervención de la Unidad Regional II de Rosario, la mayor dependencia de la provincia, dispuesta por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el corrimiento de su jefe, Daniel Acosta. "Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública", sostuvo el funcionario.

Como interventor fue designado un director general de policía que estaba retirado del servicio activo. Es Claudio Romano y sus funciones podrían extenderse más allá de los tres meses en que se previó la normalización de la dependencia. El Ministerio ordenó una auditoría general sobre todas las áreas de logística con especial atención en la temática de combustible.

Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ante móviles policiales en Rosario

El fiscal encargado de la pesquisa, José Luis Caterina, sostuvo que el legajo se inició a raíz de una denuncia anónima enviada por correo postal a la Fiscalía de Rosario. "La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la UR II para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII. No están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible".

"Claramente surge una maniobra de sobrefacturación que está en connivencia con la estación de servicio. El dinero sobrefacturado se reparte entre los implicados. La plata viene directamente de la provincia y no implica ningún servicio en retribución. Es ganancia plena que se reparte entre efectivos policiales y las personas de la empresa", indicaron a LPO fuentes de la pesquisa.

Claramente surge una maniobra de sobrefacturación que está en connivencia con la estación de servicio. La plata viene directamente de la provincia y no implica ningún servicio en retribución. Es ganancia plena que se reparte entre efectivos policiales y las personas de la empresa

La tarjeta Visa Flota es un sistema de pago electrónico utilizado por la policía de la provincia de Santa Fe para la compra de combustible, que fue extendido a todos los vehículos policiales. Este sistema agiliza la recarga de combustible, mejora el registro y facilita el control.

La estación de servicio que aparece como clave en el desfalco es una Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, a una cuadra de la sede de la Jefatura de Policía de Rosario. Sus dueños están entre los detenidos.

El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereyra, declaró este martes en Radio Dos de Rosario que se investigó también en la Secretaría de Control de la cartera ministerial. Indicó que el jefe de Unidad Regional II hasta el lunes, Daniel Acosta, fue relevado de su cargo, aunque no aparece comprometido en los delitos bajo pesquisa porque la detracción de enormes recursos se dio bajo su gestión.

Los fiscales José Luis Caterina y Matías Merlo con el ministro Cococcioni

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, indicó que se realizaron 38 allanamientos. "El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la Unidad Regional II y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías", dijo en una rueda de prensa.

Cococcioni sostuvo que la investigación llevó diez meses de curso sigiloso para detectar la trama del ilícito. Afirmó que de parte del Ministerio hubo por ese momento una batería de medidas para detectar malas prácticas con directivas y protocolos para hacer eficientes los controles. "Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor".

"Siempre hemos dado a la policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Dijo Cococcioni.

Historias repetidas

Los fraudes con partidas destinadas a las reparaciones de patrullas o al combustible tienen un carácter sistémico en Santa Fe. En 2020 dos fiscales provinciales pidieron penas de nueve años de prisión para dos ex jefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales.

Los acusados fueron Rafael Grau y Omar Odriozola. El juicio contra ellos comienza este mes en la ciudad de Santa Fe. El primero fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. El segundo ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Por este caso ya hubo ocho policías condenados.

La investigación se inició el 4 de mayo de 2016 cuando Pullaro era ministro de Seguridad en el gobierno del socialista Miguel Lifschitz. Pullaro dijo haber recibido una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas que se realizaban en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas.

En su momento el fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la pesquisa, explicó los detalles del delito. "Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo". El funcionario afirmó que los dos oficiales superiores firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima a la vez que determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente".