Una resonante declaración judicial como testigo de un empresario bursátil desató este viernes en pleno centro de Rosario el allanamiento de un conocido financista de la ciudad. El blanco fueron las oficinas de Fernando Whpei, empresario que está señalado en una causa penal donde está imputado el juez federal Marcelo Bailaque, y que ahora queda comprometido por el testimonio del corredor de bolsa.

Lo que generó los allanamientos en las oficinas céntricas de Whpei fue la comparecencia del empresario Claudio Iglesias ante fiscales federales de Rosario. Iglesias fue imputado en 2019 en una polémica causa abierta por el juez federal Bailaque por lavado de dinero. En noviembre del año pasado el fiscal de la Procuración de Lavado de Activos Juan Argibay Molina sostuvo que ese expediente fue en realidad un plan extorsivo coordinado por el ex director de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna y del propio Bailaque para cobrarle sobornos a Iglesias.

Ahora Iglesias produjo un cataclismo en varias direcciones con una muy jugada declaración por la que le terminaron asignando un botón de pánico conectado a la policía de Santa Fe. Decidió presentarse como testigo en la causa por la cual se investiga a Bailaque y a Vaudagna por ese chantaje. Lo que dijo entre lo más sobresaliente es que la extorsión existió, que le sembraron evidencia falsa para involucrarlo y que el mediador para negociar que gambeteara la sanción penal a cambio de un soborno fue Fernando Whpei.

El testimonio de Iglesias gestó además un vuelco en una causa en la que terminó procesado él mismo, hace un mes, por lavado de dinero ya que asoma la presunción de que se concretaron con informes de la AFIP arbitrarios, amañados o falsos.

Los empresarios, dueños de medios, políticos y jueces que denunció el arrepentido de la AFIP

El nombre de Fernando Whpei ya había sido lanzado por el propio Vaudagna quien hace un mes declaró como imputado colaborador y admitió que junto a Bailaque habían armado una causa penal, a partir de un anónimo, con la intención de sacarle plata a Iglesias, que era en aquel momento directivo de San Cristóbal Seguros, y disputaba la presidencia de la aseguradora en un proceso electoral.

Ante los fiscales Argibay Molina y Federico Reynares Solari, este jueves Iglesias sostuvo que se enteró de que había sido denunciado cuando desde un banco del que es cliente le señalaron que habían recibido un oficio del juzgado federal 4 que le impedía operar allí. Poco después de esto, según dijo, Fernando Whpei se puso en contacto con él. "Esta causa es muy pesada, te va a complicar, hay gente de arriba de Buenos Aires interesada en avanzar. Te podemos dar una mano. Yo tengo llegada al juez y a la AFIP", señaló que le dijo el financista allanado esta mañana.

En esa misma conversación, dijo Iglesias, Whpei le solicitó una suma de dinero "muy importante" para paralizar la causa. Le prometió que movería sus influencias y que en base a ellas el juez la iba a archivar.

Los allanamientos en Santa Fe y Sarmiento, en pleno centro de Rosario

La denuncia contra Iglesias de 2019 tuvo un derrotero muy sugestivo y atípico. Lo mencionaron en un anónimo donde lo acusaban de captar dinero del delito en una mesa de dinero sin ningún dato concreto. Bailaque abrió una causa con ese anónimo sin referencias, no delegó la causa en ningún fiscal como hacía siempre y pidió de inmediato una serie de medidas que para los fiscales ahora intervinientes son de poca relevancia.

Esta causa es muy pesada, te va a complicar, hay gente de arriba de Buenos Aires interesada en avanzar. Te podemos dar una mano. Yo tengo llegada al juez y a la AFIP

A los tres días de abierto el legajo, Bailaque indagó a Iglesias y a otro coimputado al que implicaron, el agente bursátil Jorge Oneto, según dijo Iglesias para darle mayor sostén al expediente ya que este último había tenido una causa penal por una estafa inmobiliaria. A tres semanas de abierta con toda energía Bailaque la congeló con una falta de mérito para los dos empresarios.

En el medio estuvo la acción de Whpei, dice ahora Iglesias, como negociador de la coima para frenar la causa en su contra, la que en efecto se paralizó repentinamente. Iglesias dio una serie de detalles sobre la extorsión que denunció ahora haber sufrido que motivaron dos allanamientos. El fiscal Argibay ordenó la requisa de las oficinas de Whpei en Santa Fe y Sarmiento que se concretaron esta mañana. También la del estudio jurídico de un abogado de Rafaela que quedó conectado por el testimonio.

"Los allanamientos en Rosario y Rafaela fueron importantes y de resultado positivo", confiaron fuentes de la causa. Fueron concretados por el Grupo Especial de Operaciones Tácticas de la Policía Federal Aeroportuaria.

El ex AFIP Carlos Vaudagna

Iglesias estuvo mucho tiempo conectado a la Bolsa de Comercio de Rosario y es propietario de una agencia bursátil. Por su declaración contra Whpei sus abogados solicitaron medidas de custodia para él que los fiscales federales impulsaron. Se dispuso la prohibición de acercamiento de Whpei a Iglesias y su cuerpo de abogados. También le suministraron un botón de pánico conectado a la policía santafesina. 

Caso Bailaque: por primera vez exponen tres delitos atribuidos al juez

Iglesias dijo que Whpei le avisó después de presentarse que habría actividad del juzgado en su contra. "Te van a tener que allanar". Efectivamente se hicieron esos allanamientos en sus oficinas. Días antes, según fuentes judiciales, Bailaque había solicitado medidas inconducentes para la investigación pero presumiblemente afines al intento de complicar a Iglesias para disponerlo al pago.

Estas consistieron en oficios a distintas compañías de seguro de primera línea de todo el país y a la Superintendencia de Seguros de la Nación. "El único propósito era mostrar que Iglesias estaba siendo investigado para escracharlo cuando intentaba competir para ser presidente de San Cristóbal. Un mecanismo de presión para que arreglara", indicaron las mismas fuentes.

Bailaque fue denunciado por prevaricato e incumplimiento de deberes en noviembre pasado por haber favorecido a Whpei como destinatario en más de mil millones de pesos, en 2021, procedentes la caja de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín Limitada que tenía una investigación penal.