El informe de la Comisión de Libertad de Prensa que emitió Adepa este jueves cuestionó con nombre y apellido los intentos de "amedrentamiento" que el senador peronista Armando Traferri realiza sobre los periodistas que escriben sobre las acusaciones judiciales que enfrenta por sus presuntos vínculos con el juego ilegal de Santa Fe.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su "preocupación por la actitud del senador provincial Armando Traferri, quien ante distintos artículos periodísticos reitera una actitud intimidatoria y de pretendido amedrentamiento contra sus autores", en un muy inusual señalamiento con nombre y apellido que da cuenta de la gravedad de la situación.

El procurador Casal pidió anular el fallo de la Corte de Santa Fe que favoreció a Traferri

En efecto, Traferri inició el año pasado un ataque sistemático mediante cartas documentos y pedidos de mediación a periodistas que escriben sobre su caso, por otro lado uno de los mayores escándalos de la política santafesina. 

LPO fue objeto de ese accionar del senador, que viene de un duro cruce con el periodista Osvaldo Bazán a quien, semanas atrás,intimó a través de una carta documento por dos notas publicadas en el portal mendocino El Sol donde se lo vinculó a ciertos delitos, como quedó expuesto en causas judiciales que se tramitan en Santa Fe.

El caso Traferri no es menor. Este senador del departamento de San Lorenzo evitó su detención porque los senadores santafesinos gozan de fueros absolutos. Los fiscales que investigan el narco en la provincia intentaron infructuosamente quitarle los fueros, pero en una actitud corporativa senadores de todas las fuerzas se abroquelaron en su defensa y ahora el tema está a resolución de la Corte Suprema y ya tiene un dictamen favorable a su desafuero del procurador Eduardo Casal.

No parece casual que los intentos de Traferri por acallar al periodismo coincidan con su campaña por la reelección. Es que si no logra renovar su banca se quedaría sin fueros para resistir una orden de detención de los fiscales.

Otra preocupación en esa provincia la genera la actitud del senador provincial Armando Traferri, quien ante distintos artículos periodísticos reitera una actitud intimidatoria y de pretendido amedrentamiento contra sus autores. Adepa reitera que cuando se debaten cuestiones de interés público, los funcionarios deben ser capaces de tolerar críticas y denuncias, y que la responsabilidad de los periodistas está restringida al dolo o la real malicia.

"Adepa reitera que cuando se debaten cuestiones de interés público, los funcionarios deben ser capaces de tolerar críticas y denuncias, y que la responsabilidad de los periodistas está restringida al dolo o la real malicia", le aclaró a Traferri la Asociación que nuclea a los principales medios argentinos. El caso de Bazán tomó estado público cuando el periodista publicó en sus redes el telegrama, pero no habría sido el único caso que llegó a la entidad.

Adepa enmarcó además estos ataques en la delicada situación que atraviesa el periodismo en Rosario debido a la guerra narco que se libra en esa ciudad y que ya ha derivado en amenazas a periodistas y medios.

Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, juntoa. la diputada radical Karina Banfi y Jorge Fontevecchia.

Juan Carlos Casas.

"El problema excede la grave situación constatada en la ciudad de Rosario, golpeada desde hace largos años por este flagelo creciente, y alcanza todos los grandes centros urbanos de la Argentina", sostiene Adepa y señala que "con virulencia inusitada, bandas criminales ligadas al narcotráfico cometieron en 2022 un homicidio cada 30 horas, y el 20% de las víctimas fueron menores de 19 años".

En el caso particular de Rosario, recuerda que "en menos de dos meses, las instalaciones de Televisión Litoral fueron blanco de dos balaceras que afortunadamente no produjeron víctimas fatales, y en los alrededores del canal Telefe Rosario aparecieron carteles intimidatorios con el sello mafioso".

 Quienes ejercen el periodismo en Rosario y en otros lugares han tenido que acostumbrarse a vivir en estado de alerta.

"Quienes ejercen el periodismo en Rosario y en otros lugares han tenido que acostumbrarse a vivir en estado de alerta. Se ha hecho común ver a profesionales cubrir estos hechos usando chalecos antibalas, ser víctimas de robos durante transmisiones en vivo o movilizarse en grupos a fin de protegerse, incluso entre colegas de medios competidores", agrega.

En otro capítulo inquietante de Santa Fe, Adepa hizo referencia al "plan de espionaje y criminalización contra Nahuel Caputo, (dueño de El Litoral y miembro de la entidad) comandado por el exministro de seguridad de esa provincia, Marcelo Saín".

Por otro lado, Adepa repudió la denuncia penal contra Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro y los diarios Clarín y La Nación que impulsó Agustín Rossi en enero pasado cuando aún era titular de la Agencia Federal de Inteligencia, previo a su paso a la jefatura de Gabinete, por la difusión de un pedido de informes efectuado por legisladores nacionales en relación con posibles delitos cometidos por presuntos agentes de inteligencia.

"Hoy debemos recordar todos los días a los periodistas amenazados por el narcotráfico y deplorar el abrazo público entre uno de los condenados por el crimen de Cabezas y el abogado Fernando Burlando, actualmente en campaña electoral", concluye el informe sobre el polémico spot que hizo el abogado para lanzar su campaña a gobernador.