Desde el estallido social que golpeó a Chile en octubre de 2019 circula, con mayor o menor intensidad, el concepto de anomia como factor explicativo y descriptivo. Introducido por Durkheim a comienzos del siglo pasado, la anomia es una condición en que las conductas o expectativas de los individuos no se condicen con las de la sociedad. 

En el caso chileno, se puede responsabilizar tanto a la ciudadanía por haberse centrado en los defectos de los últimos treinta años, como a las instituciones que dejaron de representar adecuada y legítimamente a la sociedad. 

La incapacidad de las instituciones estatales - políticas, policiales, militares - de poder responder a las diversas y difusas demandas del estallido (incluida la violencia desatada), estimularon a que las fuerzas políticas canalizaran el conflicto hacia un proceso constitucional. 

La imagen de Boric sigue cayendo y complica la aprobación de la nueva Constitucion chilena

La esperanza era que un proceso constituyente lograría imbuir la nueva institucionalidad con la legitimidad de la que carecía. Es así como, pandemia de por medio, en octubre del 2020 la ciudadanía chilena aprobó un proceso constituyente. Este llevaría a diseñar a través de una asamblea electa una nueva carta fundamental, para ser plebiscitada en septiembre del presente año. Entendido así, el proceso constituyente en que se encuentra el país tuvo dos objetivos principales: solucionar un conflicto, y legitimar el orden institucional chileno. Al parecer, no logró ninguno de los dos. 

El proceso constituyente en que se encuentra el país tuvo dos objetivos principales: solucionar un conflicto, y legitimar el orden institucional chileno. Al parecer, no logró ninguno de los dos.

A comienzos de julio, en una ceremonia solemne, la Convención Constitucional entregó su texto final. Con lo anterior, se inició dos meses de campaña electoral en que un lado supuestamente aboga por aprobar la nueva constitución y el otro por rechazarlo. La baja popularidad de los convencionales, marcada por un énfasis en simbolismos, en la política de identidad y en la exclusión de voces minoritarias, se ha traducido en que las encuestas van indicando que la opción Rechazo lleva una leve ventaja, aunque en los últimos días la brecha se ha ido achicando, como era de esperar.

AP

Ante dicho escenario el presidente Gabriel Boric se sintió presionado para que diera alguna señal de cómo manejaría un eventual rechazo de la propuesta constitucional. A mediados de julio el presidente aseguró que de ganar el Rechazo, "tiene que haber un nuevo proceso constituyente", lo que implicaría otra elección de nuevos convencionales. 

Con esto, el presidente sugirió que no estaría de acuerdo con las condiciones expuestas en la constitución actual, a través de una reforma aprobada por el Congreso a comienzos de 2020, que indica que un rechazo implica la continuidad de la presente carta fundamental. Para el presidente Boric y los que lo apoyan, el triunfo del Apruebo llevaría a una nueva constitución. Y en el caso de un Rechazo, también. Por ende, con un Rechazo simplemente continuaría el proceso.

Aparentemente con un Apruebo también, porque se ha hecho eco de la necesidad de realizar cambios a un documento poco claro, mal escrito, que deja la puerta abierta a un sinnúmero de problemas. Algunos de estos problemas son previsibles desde ya - en materia del sistema político, judicial y económico - mientras que otros recién serán evidentes en el futuro. De ahí que surge una de las variedades de campaña, junto con "Rechazo para Reemplazar", la de "Apruebo para Reformar".

Boric en su peor momento: el rechazo está en el 57 por ciento y le cuestionan la falta de iniciativa

En un poco más de un mes la papeleta ofrecerá dos opciones, Apruebo o Rechazo. Con solo esas posibilidades el país ya estaría enfrentando un período de incertidumbre, ya que el Rechazo resultaría en un desencanto masivo de parte de la población - con posibles manifestaciones y violencia - y el Apruebo significaría un largo período de implementación, especialmente porque la Constitución propuesta deja muchas cosas a definirse por la ley. Pero en realidad la incertidumbre es mucho mayor, ya que las opciones son, aparentemente, entre el Apruebo, el Apruebo para Reformar, el Rechazo, o el Rechazo para Reemplazar. Peor aún, nadie sabe qué exactamente significarían estas opciones. 

La propuesta constitucional - tal como el proceso entero - es producto y fiel reflejo de la anomia que la creó. Es una contradicción que ha estado presente desde el principio, la falta de conexión entre votantes, sus demandas, los políticos tradicionales y las personas que ostentan personificar las nuevas formas de representación. Se ha intentado crear un orden institucional sin acordar un pacto social, como si los vínculos sociales se pudieran simplemente decretar.

En el evento, por ejemplo, de materializarse lo que señaló el presidente -un nuevo proceso post-Rechazo-, ¿quiénes, exactamente, estarían a cargo de escribir el texto? ¿Los mismos constituyentes? ¿Un grupo nuevo, electo de la misma manera? ¿Un panel de expertos? ¿El Congreso?

Ninguna de estas opciones pareciera tener la legitimidad necesaria. Y ahí está el meollo del problema. La propuesta constitucional - tal como el proceso entero - es producto y fiel reflejo de la anomia que la creó. Es una contradicción que ha estado presente desde el principio, la falta de conexión entre votantes, sus demandas, los políticos tradicionales y las personas que ostentan personificar las nuevas formas de representación. Se ha intentado crear un orden institucional sin acordar un pacto social, como si los vínculos sociales se pudieran simplemente decretar. 

Y todo esto en un Chile - golpeado por pandemia, crisis económica, inflación, guerra, narcotráfico e inseguridad extrema - que está muy lejos de ser el de octubre del 2019. Aun así, el 4 de septiembre ganará una de las dos opciones. Pero el 5 de septiembre, los problemas de legitimidad continuarán.