En octubre la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, declaró que esperaba que su país ratificaría el TPP11 antes del final de año. Posteriormente, el presidente Gabriel Boric anunció que se zanjaron los temas pendientes para cerrar las negociaciones de modernización en el acuerdo comercial de Chile con la Unión Europea. De esta manera el Gobierno deja atrás la reticencia iniciada por el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

Ambos casos demuestran una obviedad: los sistemas presidenciales requieren un presidente, alguien que mande. Históricamente en América Latina, los sistemas políticos que se construyeron sobre la base de una desconfianza del pueblo, los políticos, los partidos y su arena de quehacer - el Congreso - optaron por sistemas presidenciales que, a mayor o menor grado, replican los patrones verticales de poder propios de sistemas monárquicos. Hace ya unos 50 años críticos como Juan Linz nos advertían de estas características y del peligro que el poder entregado al ejecutivo en sistemas presidenciales - la capacidad del ganador de "llevárselo todo".

Boric alcanza un 65% de rechazo a tres años del estallido que lo llevó al poder

En el otro lado de la moneda ocurre que si este poder tan concentrado no se ejerce, el sistema puede paralizarse. Es cierto que otras instituciones como el Congreso o el poder judicial pueden apoderarse de ciertos procesos de toma-decisión, pero la dirección general del país en sistemas presidenciales siguen dependiendo de la presidencia.

En los días posteriores al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, el primer mandatario chileno optó por restarse - por lo menos públicamente - de las discusiones sobre los próximos pasos a seguir. Tenía cierta lógica: los encargados de acordar un nuevo proceso serían los parlamentarios. Se construyó un consenso sobre el rechazo de la propuesta presentada por la Convención Constitucional debido a algunos excesos en ciertas áreas, pero que corrigiendo por éstas se podría avanzar rápidamente hacia un nuevo documento que ofreciera reformas razonables en aquellos aspectos que habían reunido demandas amplias durante el Estallido Social del 2019. 

Es cierto que otras instituciones como el Congreso o el poder judicial pueden apoderarse de ciertos procesos de toma-decisión, pero la dirección general del país en sistemas presidenciales siguen dependiendo de la presidencia.

Pero a tres meses de la votación, la clase política no logra ponerse de acuerdo en cómo formular un nuevo proceso constitucional.

AP

En parte, el problema es que los partidos políticos negocian con la calculadora en la mano, intentando sacar mayor ventaja no solamente respecto el posible producto final, sino la naturaleza y composición de un eventual cuerpo constituyente. ¿Deberá ser 100% electa o se contará con la participación de expertos dentro de la convención? ¿Cómo se designarán los expertos? Otra opción que se baraja es que los expertos, nombrados por el Senado, le presenten a la Convención un borrador. Algunos partidos oficialistas optan por dicha opción. Finalmente, la propuesta constitucional sería aprobada nuevamente en el Congreso, y luego través de un plebiscito.

Este modelo no convence a la oposición, que prefiere una convención mixta. Cincuenta expertos, nombrados por el Congreso, escribirían un borrador, que luego sería trabajado por una convención constitucional que incluiría a dicho grupo de expertos más cincuenta miembros popularmente elegidos. Adicionalmente, la derecha propone establecer un comité técnico que revisaría lo propuesto antes de ser presentado ante la ciudadanía a través de un plebiscito de salida. 

El presidente que hizo una carrera política criticando la política de los acuerdos y el frío realismo de "en la medida de lo posible", hoy reconoce que "es preferible un acuerdo imperfecto a no tener acuerdo

Es probable que se llegue a algún acuerdo, pero la dilatación dice mucho de cómo funciona la política chilena hoy en día: los políticos que hace tres años insistían que los problemas sociales requerían soluciones urgentes y que la debilidad institucional demandaba una nueva constitución hoy día piensan en cuántos escaños les tocaría en una convención constitucional. Y el presidente que hizo una carrera política criticando la política de los acuerdos y el frío realismo de "en la medida de lo posible", hoy reconoce que "es preferible un acuerdo imperfecto a no tener acuerdo".

La conversión de Gabriel Boric es buena para él y para el país. Desde su campaña presidencial muestra una creciente moderación y maduración, frecuentemente dispuesto a reconocer que posturas de su no tan lejos juventud no se traducen al lenguaje necesario para un palacio presidencial. El asambleísmo universitario no sirve para el ejercicio gubernamental. Es necesario, como demuestra el ejemplo de la política comercial, pasar del lenguaje a la acción, la decisión ejecutiva, en envío de mensajes - para no decir órdenes - claros. Vemos señales, pero falta que la conversión de Boric se concrete.