Durante treinta años Chile fue conocido como un país bastante aburrido, que se gobernaba a través de un cierto consenso. La transición a la democracia fue considerada como un ejemplo y la consolidación democrática y gobernanza económica llevaron a los treinta años más exitosos en la historia del país. Pero la tranquilidad tuvo un precio, que se empezó a cobrar el 18 de octubre de 2019. Desde entonces, el país ha vivido un fuerte conflicto, que sólo se logró encauzar en un proceso constituyente, acordado por las fuerzas políticas. Con el plebiscito del pasado 4 de septiembre, ese proceso llegó a su fin, y una vez más se busca la manera de volver a ser un país aburrido.

El problema es que a casi tres años desde el Estallido Social, y después de un año de trabajo de una Convención Constitucional, la ciudadanía chilena rechazó la propuesta. Si bien las encuestas indicaban que este podría ser el resultado, el tamaño de la derrota - 61.9% vs 38.1%, con 85% de participación - fue un shock para el sistema político, y para el gobierno de Gabriel Boric en particular.

Según las reglas que echaron en marcha el proceso, a través de una reforma constitucional aprobada a comienzos de 2020, el rechazo significa que se acaba el proceso y la carta actual sigue vigente. Políticamente, sin embargo, esto no pareciera ser factible. La sociedad chilena ha sabido discernir entre desear una nueva constitución pero rechazar una mala propuesta. Más que un rotundo ‘no', el resultado del plebiscito fue un ‘ésta no'. 

 La Constitución de la anomia

Una encuesta de Ipsos de Agosto arrojó que un 78% de los encuestados creían que se debe modificar la constitución actual. A la vez, sólo un 15% pensaba que se debería convocar otra convención como la que recién tuvimos. La opción preferida es una comisión de expertos. A pesar de que un 41% de los encuestados optarían por este mecanismo, hay una minoría vociferante que pondría en duda la legitimidad de dicha vía.

Algo de esto, de hecho, ya se observa en las calles. La última semana ha visto un creciente ciclo de protesta y violencia, principalmente en los alrededores de algunos liceos (colegios secundarios) públicos y en las estaciones de metro. Muchos de los detenidos son menores de edad. Transeúntes que intentan razonar con los manifestantes son agredidos. Como en el pasado, ni las policías ni el gobierno parece tener la inteligencia de prevenir ex ante, o la capacidad o voluntad de detener ex post. La crisis de legitimidad de las instituciones continúa afectando su poder de imponer orden, un problema que parece haberse amplificado con el resultado del referéndum.  

Una encuesta de Ipsos de Agosto arrojó que un 78% de los encuestados creían que se debe modificar la constitución actual. A la vez, sólo un 15% pensaba que se debería convocar otra convención como la que recién tuvimos. La opción preferida es una comisión de expertos.

Es un poco temprano para saber si estamos ad portas de otro estallido social, pero la posibilidad es una preocupación para el gobierno. Recordemos que muchos de los actuales gobernantes incluyendo el presidente fueron, hace no mucho tiempo, líderes estudiantiles, manifestando públicamente su apoyo por las protestas en el metro de octubre de 2019, la antesala al Estallido Social. Pero ahora les corresponde navegar las aguas para no solamente intentar retomar la senda constitucional sino avanzar con la agenda de reformas en materias como salud y pensiones. Mientras una minoría se niega a aceptar los resultados, difícilmente se podrá avanzar en la agenda legislativa o constitucional.

Es verdad que se han iniciado intensas negociaciones entre los partidos políticos para buscar un camino hacia un nuevo proceso constitucional. Pero el resultado del plebiscito le ha dado un nuevo aire a la oposición, que hace pocas semanas se manifestaba dispuesta a considerar la continuación del trabajo constitucional, pero hoy su compromiso es más incierto. Las protestas, supuestamente destinadas a presionar a las autoridades políticas a lograr un acuerdo, hacen lo contrario, justamente porque no estamos en 2019. 

Son días decisivos, que determinarán si viene un Estallido, si habrá otro proceso constitucional, y si el presidente Boric se convertirá, a seis meses del inicio de su gobierno, en un pato cojo

No son solamente las condiciones políticas que son distintas, sino las económicas también. A diferencia del 2019, el país se encuentra ad portas de una recesión, golpeado por un creciente desempleo, una deuda que va en aumento, y tasas de inflación no vistas en tres décadas (producto, en parte, de la inyección monetaria que significaron sucesivos retiros de fondos de pensión, gracias, nuevamente, al apoyo de los que hoy gobiernan).

Son días decisivos, que determinarán si viene un Estallido, si habrá otro proceso constitucional, y si el presidente Boric se convertirá, a seis meses del inicio de su gobierno, en un pato cojo. No tiene que ser así. Boric tiene habilidades personales y políticas que Sebastián Piñera carecía y un consenso generalizado de que una nueva constitución es necesaria.

Dicen que solamente Nixon - presidente con fuertes credenciales anticomunistas - pudo establecer relaciones diplomáticas con la Republica Popular China. Tal vez Boric tiene el capital político para poner fin a las protestas y la violencia, no para parar la expresión popular, sino para defenderla en su versión electoral. Y así, empezar a volver a ser un país aburrido.