
El republicano califica a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero como "horrible" y "escandalosa". |
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción internacional desde su promulgación en 1977 durante la presidencia del entonces presidente demócrata Jimmy Carter. La norma contiene seis puntos fundamentales.
Prohibición de sobornos a funcionarios extranjeros: La FCPA prohíbe que cualquier persona o empresa estadounidense ofrezca, pague o prometan sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o asegurar negocios o cualquier ventaja comercial. Esto incluye pagos directos o indirectos a través de intermediarios.
Regulaciones contables: La FCPA exige que las empresas mantengan libros y registros contables precisos, así como sistemas de control interno adecuados para garantizar que las transacciones se registren de manera correcta y que no se oculten sobornos o pagos ilícitos.
Responsabilidad de las empresas: La FCPA no solo aplica a individuos, sino también a las empresas, las cuales pueden ser responsables por las acciones de sus empleados, agentes o socios comerciales si estos cometen actos corruptos bajo la jurisdicción de la ley.
Defensas y excepciones: La ley permite algunas excepciones, por ejemplo, en casos en que un pago puede ser considerado como "gastos de representación" si son de bajo valor y se hacen de acuerdo con las leyes locales. Sin embargo, esta excepción se aplica de manera muy restrictiva.
Aplicación internacional: Aunque es una ley estadounidense, la FCPA tiene una jurisdicción extraterritorial, lo que significa que puede aplicarse a empresas y personas fuera de los Estados Unidos, si tienen conexión con el país (por ejemplo, si la empresa realiza transacciones en dólares estadounidenses).
Investigación y sanciones: El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tienen la autoridad para investigar violaciones de la FCPA y pueden imponer sanciones severas, que incluyen multas millonarias y penas de prisión.
Desde finales de la década de 2000 hubo un notable aumento de casos presentados para la aplicación y el cumplimiento de la FCPA. La administración del presidente republicano George W. Bush había empezado a hacer cumplir la ley de manera más activa, aunque fue bajo la presidencia del demócrata Barack Obama que se produjo un profundo cambio de enfoque.
En su segundo mandato (2012-2016) la empresa alemana Siemens pagó una multa récord de 800 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Security Exchange Commission (SEC) por sobornos a funcionarios de gobiernos en varios países. A su vez, la empresa francesa Alstom fue multada con más de 700 millones de dólares en un caso de sobornos relacionados con contratos en África y otras regiones.
Durante la primera presidencia de Donald Trump (2016-2020) la administración republicana adoptó una postura más moderada en cuanto a la agresividad de la aplicación de la FCPA. Se dieron incentivos para que las empresas implementaran prácticas de cumplimiento interno más rígidas a cambio de menores sanciones en caso de violaciones.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) durante el período de 2016 a 2020 se registraron al menos 35 resoluciones de cumplimiento relacionadas con la FCPA. Este número incluye casos civiles y penales. Un caso destacado fue el de la petrolera brasileña Petrobras, que enfrentó sanciones multimillonarias por corrupción en el contexto del escándalo de la Operación Lava Jato.
Durante la presidencia de Joe Biden los casos de Telecom Italia (2021) y Credit Suisse (2022) fueron dos ejemplos significativos de investigaciones que involucraron pagos indebidos a funcionarios extranjeros. El 5 de diciembre de 2024 el Departamento de Justicia anunció que McKinsey and Company Africa (Pty) Ltd había acordado pagar más de 122 millones de dólares para resolver una larga investigación federal sobre sobornos a funcionarios del gobierno de Sudáfrica.
En los últimos años se ha producido una tendencia creciente para la aplicación de los llamados acuerdos de no persecución (NPAs) y acuerdos de culpabilidad (DPAs), los que permiten a las empresas evitar procesos judiciales largos a cambio de cooperación, sanciones económicas y mejoras en los controles internos de las mismas.
En mayo de 2012 Donald Trump, durante una entrevista con la cadena CNBC, calificó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos como una ley "horrible" y "escandalosa" y afirmó que colocaba a las empresas estadounidenses en una "enorme desventaja".
Los periodistas del Washington Post Philip Rucker y Carol D. Leonnig (ganadores de 4 Premios Pulitzer) cuentan en su libro "A very stable genius", que durante su primer mandato presidencial Trump le dijo al entonces secretario de Estado Rex Tillerson que era "injusto que a las empresas estadounidenses no se les permita pagar sobornos para conseguir negocios en el extranjero". Tillerson alertó al mandatario sobre los inconvenientes legales que se podrían presentar derogando la FCPA, Y Trump, no obstante, acudió, según los autores del libro, a su estrecho asesor Stephen Miller (actualmente su colaborador político de mayor confianza en la Casa Blanca) para que redactara una ley que elimine la norma anticorrupción sancionada por Jimmy Carter en 1977.
De acuerdo a las estadísticas que publica la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en la actualidad existen más de 100 casos que involucran a funcionarios y empresarios chinos en asuntos derivados del cumplimiento de la FCPA. Frente a los conflictos comerciales que aumentan día a día entre los Estados Unidos y China cabe preguntarse si el presidente Trump volverá a insistir con la derogación total, o la modificación integral de la FCPA, para que las empresas estadounidenses puedan competir en un pie de igualdad tanto con las compañías chinas como con las europeas.
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