Se está discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de cambio en las alícuotas del impuesto a las ganancias y de antemano se elevan voces de oposición de sectores con mayor capacidad contributiva expresando que podría "impactar fuertemente en las inversiones y el empleo formal". Me refiero puntualmente al comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el que señala que el proyecto del gobierno sobre ganancias es un "obstáculo para lograr la recuperación económica".

Argentina se encuentra en una situación de emergencia debido a la terrible pandemia que se sumó a la crisis instalada por el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri, cuyo saldo heredado es un endeudamiento por 100 años, la economía trabajando entre el 30% y el 40% de su capacidad y, sobre todo, pobreza y desocupación extrema, con hambre e indigencia. De ese país estamos hablando cuando nos referimos a elevar el impuesto a las ganancias de los que más recaudan en 5 puntos, así como bajárselo a los pequeños contribuyentes y empresas que están luchando a brazo partido para sobrevivir en medio del marasmo.

Vale aclarar que muchos años tuvimos una contribución de ganancias con tasa del 35% más 10% por dividendos distribuidos. Con tal alícuota, hasta el 2015 fueron los años de menor desocupación y de mayor inversión, como lo ponen en evidencia todas las estadísticas. En cambio, el gobierno de Macri bajó la carga impositiva a sectores con mayores ganancias -aunque no para los sectores de ingresos fijos como había prometido- en nombre de incentivar la inversión. ¿Lo logró con esas medidas? La respuesta es rotunda: no. Lo que logró fue desarticular la economía endeudando al país de forma irresponsable y, por supuesto, llevarlo a un aumento desmedido de la especulación.

¿Inversión? Cero. Entre 2017 y 2019 los datos muestran una realidad contundente: cuando disminuyeron los aportes de los mayores contribuyentes cayó la inversión real.

No es casual tampoco que la caída de la actividad económica fuera en paralelo con el descenso relativo de la recaudación impositiva. En tal sentido resultan falaces los argumentos que afirman que en Argentina "la presión tributaria es insoportable" si no se hace el análisis sobre la recaudación real y no la teórica sin considerar beneficios particulares a empresas, sectores, incluidas localizaciones puntuales y la significación de la evasión y la elusión impositiva.

El debate impositivo, es decir, cómo se reparte el esfuerzo de sostener la inversión pública en la emergencia, debe realizarse en forma seria, responsable y no improvisada ni mucho menos distorsionada.

No deben plantearse referencias equivocadas respecto a la cantidad de empresas que quedarían comprometidas con esta suba del impuesto, tal como puede observarse en el documento de la Unión industrial Argentina (UIA). El escrito no diferencia en sus datos empresas industriales, comerciales y de servicios subsumiendo argumentos en forma impresionista. Tampoco diferencia en su semántica el empleo formal de las grandes empresas de las de menor envergadura, omitiendo además que muchas de las primeras son ampliamente "ganadoras" en el marco de la crisis y cuya capacidad contributiva debiera ser mayor justamente por ello.

En fin, sería bueno que tan prestigiosa entidad pudiera plantear seriamente que aquellos que más pueden contribuir deben hacerlo para atenuar los graves problemas que está sufriendo el país. Todos debemos poner sobre la mesa nuestras mejores condiciones para que las pérdidas humanas y materiales se minimicen, y aspirar a salir de esta situación construyendo una sociedad más justa e inclusiva.