Con un mes y medio de arrastre, el conflicto entre la gestión de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales en Mar del Plata alcanza su pico máximo de tensión.

Al aducir el no giro de fondos por parte de la Provincia, el municipio cerró la paritaria por decreto con un 10% de aumento.

Ante eso, el gremio acusó a la comuna de haber incumplido una promesa de 30% de suba con reapertura en junio, por lo que lanzó un duro comunicado en el que advirtió que el lunes próximo comienzan "un plan de lucha a matar o morir".

"Se nos acabó la paciencia", avisaron en el gremio que señalaron que habían aceptado una "oferta del 30%" y que "solo restaba ajustar las fechas de pago". Pero que luego comenzaron "a dilatar las reuniones, dejando todo en foja cero".

Fuentes municipales apuntaron al gobierno de Axel Kicillof por no transferir aún la segunda cuota de un fondo compensatorio a los distritos, lo que -aseguran- les hubiese permitido "tener un mayor músculo" a la hora de dar aumentos salariales.

 Además de cerrar la paritaria por decreto, el municipio impugnó el convenio colectivo de trabajo que la Provincia había avalado a los municipales y que Montenegro calificó como "disparatado" 

Como fuere, lo cierto es que el comunicado en duros términos emitido por el gremio abrió señales de alerta sobre la escalada del conflicto en las próximas horas.

Este viernes, además de cerrar la paritaria por decreto, el municipio impugnó el convenio colectivo de trabajo que la Provincia había avalado a los municipales y que Montenegro calificó como "disparatado", focalizando en aspectos como vacantes hereditarias.

La presentación fue realizada por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, ante la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense.}

Montenegro denunció que Kicillof avaló un convenio de trabajo "disparatado" para municipales de Mar del Plata

El documento señala que al municipio "le causa agravio la registración inconsulta y sorpresiva del proyecto de Convenio Colectivo elaborado por la anterior gestión comunal, cuyo trámite de registración fue omitido en los términos previstos por el art. 58, Ley N° 14.656 y que, por tanto, debe considerarse tácitamente desistido al no instarse el trámite por más de siete años por ninguno de los participantes".

Asimismo, resaltaron que entre que el convenio fue presentado ante el Ministerio y el de su registración "transcurrieron siete años y más de dos meses".

"El transcurso de este extraordinario lapso de tiempo fue deliberadamente omitido por la autoridad de aplicación, quien actuó como si estuviera disponiendo dentro de los plazos legales pese a tratarse de un instrumento que carecía de firma del intendente municipal. Como si el tiempo no hubiera pasado y se estuviera actuando regularmente", cuestionaron desde el municipio.