El kirchnerismo logró en la Legislatura bonaerense dictamen de comisión para bajar al recinto de Diputados un proyecto que busca blindar a las empresas públicas ante eventuales intentos de privatización.

El proyecto fue presentado por la diputada de La Cámpora, Maite Alvado, y establece que cualquier cambio en el control de las compañías estatales deba ser aprobado por una ley que requiera una mayoría especial de dos tercios de los miembros de la cámara y no con mayoría simple, como ocurre en la actualidad.

El proyecto de Alvado consiguió el respaldo de los diputados de Unión por la Patria (kirchneristas, axelistas y massistas) y tuvo además el respaldo de los bloques aliados del oficialismo: Nuevos Aires y Unión y Libertad. También acompañaron el radicalismo y el bloque Hechos de los hermanos Passaglia. En tanto, los tres votos negativos los aportaron los representantes de La Libertad Avanza y PRO, quienes emitieron, en conjunto, un dictamen de minoría.

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Lo curioso del proyecto es que el peronismo parece buscar una actualización de la normativa ante un eventual desembarco de los libertarios en la provincia el año próximo.

El Estado controla en la provincia Aguas Bonaerenses SA, AUBASA, que tiene a su cargo rutas y autopistas, y Bagsa, que gestiona redes de gas natural en pequeñas localidades.

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"Permitir cambios frecuentes e impulsivos en la producción y prestación de estas empresas, socava la calidad y accesibilidad de los mismos, además de minar la confianza en las capacidades del estado provincial. La estabilidad en la gestión y producción es fundamental para planificar inversiones a largo plazo, mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del acceso equitativo", señaló la diputada en los fundamentos del proyecto.

Por otro lado, la legisladora expuso que la fusión entre participación activa del Estado y de privados garantiza que estos bienes y servicios se brinden "de manera eficiente y equitativa" y, para ejemplificar, focalizó en el caso de YPF a nivel nacional, al señalar que es el Estado el que "tiene la capacidad de supervisar y regular las operaciones de estas empresas, asegurando altos estándares de calidad y accesibilidad para los bonaerenses".