El peronismo ya tiene los votos para avanzar en el juicio político que se presentará el miércoles en la Legislatura bonaerense contra la fiscal que liberó al asesino de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada en el auto durante un robo en La Plata.

El massismo presentó el pedido de juicio político por medio del diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el diputado bonaerense Rubén Eslaiman. El pedido se hizo el viernes por la noche de manera virtual y el próximo miércoles, tras los feriados de carnaval, el bloque masissta, por medio de la senadora Sofía Vanelli, hará un pedido a la bicameral de enjuiciamiento para que acelere el proceso y se aparte preventivamente a la fiscal Sabrina Cladera.

Cladera fue designada por María Eugenia Vidal y el peronismo quiere hacerle pagar el costo político a la ex gobernadora del PRO por el suceso que conmovió a la capital provincial.

La comisión del juicio político de la Legislatura tiene una integración que le permite al peronismo avanzar con el enjuiciamiento. El presidente de la comisión es el camporista Ariel Archanco, de La Plata, que tiene voto doble en caso de empate.

El resto de la comisión, de 12 miembros, tiene a 7 peronistas y sólo 4 miembros de la oposición a Axel Kicillof. Entre los peronistas, además de Archanco, están los massistas Vanelli, Juan Malpeli y Carlos Puglielli; además de Adrían Santarelli y Juan Pablo de Jesús, del sector de Martín Insaurralde; Luis Vivona, que pertenece al sector del intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini y Carlos "Cuto" Moreno, que reporta directo al gobernador.

AGLP

Los cuatro opositores son el senador Jorge Schiavone, que responde a Néstor Grindetti; Florencia Retamoso, esposa de Gerardo Milman y referente de Patricia Bullrich; y los radicales Emiliano Balbín y Agustín Máspoli.

Ahora, el massismo denuncia que Cladera incurrió en tres faltas establecidas por la ley 14.441 que ameritan su destitución: la incompetencia o negligencia en sus funciones, el incumplimiento de deberes inherentes al cargo y la comisión de irregularidades graves en los procedimientos.