Axel Kicillof suele repetir que la provincia tiene unas 1.000 obras paralizadas por el plan de ajuste del gobierno nacional. Sin embargo, los últimos suceso de violencia narco en Rosario obligaron a poner el foco de atención en el Plan de Infraestructura Penitenciaria que el gobernador arrancó en 2020.

Ese programa de obras contemplaba la construcción de 12.036 plazas para el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Según pudo saber LPO, se pudieron inaugurar unas 6.240 plazas. En tanto, 5.172 se encuentran en ejecución y 624 no tienen inicio de obra.

La decisión de Javier Milei de paralizar las obras que contaban con financiamiento nacional impacta de lleno en el corazón del conurbano donde la construcción de siete nuevas alcaidías departamentales se paralizaron totalmente.

Estas alcaidías contemplaban la construcción de 2.136 nuevas plazas en Lanús, La Matanza, Quilmes, Moreno, Tigre, Tres de Febrero y Ezeiza. Además se incluían tres unidades penitenciarias con 2.480 nuevas plazas en Mercedes, Moreno y Florencio Varela.

Juan Martín Mena y Julio Alak.

Pese a las obras de los últimos años, el estado actual del Servicio Penitenciario es preocupante. Existen 53.600 personas privadas de la libertad en apenas 30.000 plazas. La sobrepoblación es del 45% y a eso se le suman unos 2.400 detenidos en comisarías.

Un relevamiento realizado en diciembre de 2020 -apenas comenzada la gestión Kicillof- determinó que había en las cárceles de la provincia 51.725 internos y 24.000 plazas, es decir que la superpoblación carcelaria alcanzaba el 120%.

La superpoblación carcelaria pasó del 120% en 2020 al actual 45%. El Plan de Infraestructura Penitenciaria contemplaba sumar 12.036 plazas. Se inauguraron unas 6.240, pero unas 5.172 se encuentran en ejecución y sus obras fueron paralizadas.

La sobrepoblación era la más alta de la historia de la provincia y eso generó una huelga de hambre que alcanzó a unos 11.000 internos en las 63 unidades penitenciarias de la provincia, entre alcaldías y cárceles. Por entonces, el gobierno denunció que hacía ocho meses que no se les pagaba a los proveedores de alimentos y medicamentos y que la deuda ascendía a $ 1.830 millones.

La crisis se remonta a la gestión del PRO en la provincia. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en particular desde el desembarco de Julio Conte Grand en la Procuración, la cantidad de detenidos creció rápidamente, pero sin sumar plazas, una tarea que estaba a cargo del entonces ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que controlaba el Servicio Penitenciario. Las comisarías dependían por esos años de Cristian Ritondo.

Si bien Ferrari avanzó con la construcción de algunas cárceles, la creación de plazas quedó muy lejos del nivel de detenciones. Hubo algunos intentos de ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, pero el fracaso de los contratos de PPP hizo naufragar los proyectos en danza.