Julio Conte Grand se metió en la causa en la que se investiga el posible financiamiento ilegal de la política con fondos de la Legislatura y denunció a los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

El jefe de los fiscales -cercano a Mauricio Macri- pidió además que, de inmediato, los jueces sean apartados preventivamente. La presentación de Conte Grand se suma a la investigación disciplinaria que realiza la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobre ambos camaristas.

Doce días después de que el puntero del PJ fuera detenido con 48 tarjetas de débito de empleados de Diputados cuando extraía dinero de un cajero de La Plata, la Cámara Penal de Apelaciones de la capital provincial consideró que la policía no tenía orden de "requisa" para detener a Chocolate.

Finalmente, el fallo de Villordo y Benavides fue revocado por la Cámara de Casación bonaerense y la fiscal Betina Lacki volvió a pedir la detención de Rigau, que finalmente se entregó ante la Policía.

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En la provincia de Buenos Aires, el enjuiciamiento de un magistrado no tramita por el Consejo de la Magistratura. Para eso existe la secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento que funciona en la órbita del Senado bonaerense. Desde esas oficinas esquivan determinar los tiempos que llevará analizar la denuncia.

La presentación de Conte Grand será analizada por seis legisladores abogados y seis conjueces quienes integraran un jurado que será presidido por el presidente de la Corte bonaerense.

Ahora, la secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento comenzará un largo camino que incluye dar forma a una causa; notificar a las partes involucradas, a funcionarios de la Suprema Corte y del Senado. Luego se sortearán los legisladores y conjueces que integrarán el jurado y que decidirán sobre el futuro de los magistrados Benavides y Villordo.

Hasta ahora, la secretaría venía trabajando sobre la denuncia presentada por Javier Iguacel, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, pero la denuncia del procurador acelera los tiempos toda vez que por su investidura, su presentación no requiere de un dictamen para avanzar con el trámite.

Conte Grand sostiene que el juicio político de los dos camaristas se basa en "su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal" ya que los dos jueces consideraron que al no estar cometiendo "un delito aparente" que podría habilitar la intervención de la fuerza de seguridad, los agentes habrían "invadido la privacidad" de Rigau.

La denuncia analiza en profundidad la decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un habeas corpus y en ese marco, declararon la nulidad de la actuación policial contra Rigau y de todo lo actuado después en la causa.

"Quedó de manifiesto en la decisión del Tribunal de Casación Penal que los camaristas Benavídez y Villordo se habían apartado de la ley", dice Conte Grand en su denuncia.

No deberia pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenomeno denominado forum shopping.

Además, agrega que "a través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular".

También afirmó: "La materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación. No debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping".