La Legislatura logró suspender la PASO en la provincia de Buenos Aires y ahora las negociaciones pasarán por la modificación de los ajustados plazos de la elección provincial.

Como adelantó LPO, hubo un acuerdo entre la mayorías de los bloques políticos para desestimar por este año las primarias y evitar tres elecciones en la provincia. El proyecto, que ya tenía sanción en el Senado fue aprobado en Diputados por más de dos tercios de los votos.

La sesión transcurrió con durísimas críticas internas en el peronismo, en particular desde el axelismo hacia La Cámpora por demorar la sanción de la ley. Fue Susana Gonzálea, una diputada que responde a Mario Secco, quien planteó en el recinto las críticas más fuertes hacia La Cámpora y también hacia el Frente Renovador.

Recordó la carta en la que unos 44 intendentes del peronista le pidieron al gobernador que desdoble la elección en la provincia. "Si somos hombres y mujeres del partido porque no se respetó lo que pedían los intendentes", dijo y argumentó que "el único motivo era que Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional".

Los jueces resisten el desdoblamiento de Kicillof y ponen en jaque la elección en la provincia

"Lo que no puedo tolerar es que siendo oficialismo pongamos palos en la rueda", dijo González y cuestionó al camporista Facundo Tignanelli (jefe de los diputados peronistas) por no ir a la reunión convocada por la Junta Electoral para comenzar a discutir los plazos de la elección en la provincia. "Me puede o no gustar la posición de esos organismos (la Junta Electoral), pero la responsabilidad como diputados era estar ahí", dijo.

Además, cuestionó la maniobra de Tignanelli de buscar -semanas atrás- aprobar con mayoría simple un proyecto que quedaba abierto durante una semana para eventuales modificaciones. "Podrían haber incluido ahí hasta la destitución del gobernador", dijo González.

Algunos querían que Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional. Tratar de decir que 'el propio espacio era quien no acompañaba a Kicillof'.  

Ahora, suspendidas las PASO y con la elección provincial desdoblada, los comicios del 7 de septiembre deberán regirse por la ley 5.109 y ahí es donde entra en juego la discusión por los plazos.

LPO adelantó que los plazos que fijó Kicillof no convencen a la Justicia y que el entramado legal para llevar adelante los comicios entró en crisis. Sucede que el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, demora un convenio con la Junta para prestar recursos y personal para llevar adelante la elección. El magistrado espera tener el visto bueno de la Cámara Nacional Electoral.

Acuerdo en la provincia para votar la ley que suspende las PASO 

Ramos Padilla tiene dudas respecto del desdoblamiento. Teme que su personal y recursos no puedan afrontar primero la elección bonaerense y luego la contienda nacional. Las seis semanas que separan una elección de la otra no alcanzan.

Técnicamente la elección estará a cargo de la Junta Electoral un organismo sin experiencia, sin recursos y sin capacidad logística alguna.

La Junta Electoral viene reclamando una urgente modificación de los plazos que presenta la ley 5.109. Argumenta que la norma fija apenas 10 días de diferencia entre el cierre de listas y la presentación de las boletas, un plazo que la Junta Electoral considera imposible de cumplir. En esos 10 días la Junta debe corroborar que unos 10.000 candidatos estén en condiciones de competir en la elección.

Este lunes la presidenta de la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, se reunió con un grupo de legisladores para comenzar a consensuar cambios en los plazos. Como adelantó LPO, la mayoría de los jefes de bloque desistieron de esa invitación toda vez que ya habían cursado una convocatoria a Kogan para el martes.

El punto más sensible de los plazos que impone la ley electoral provincial tiene que ver con los escasos 10 días de diferencia entre el cierre de listas y la presentación de las boletas. En esos días la Junta deberá verificar las candidaturas, un proceso que consiste en el control de la edad, en verificar que los apellidos y nombres coincidan con el padrón. Además, la revisión de género declarado cotejando con el DNI que deben acompañar, la nacionalidad de conformidad al cargo para que se postulen, la incorporación de los seudónimos o sobrenombres y la verificación de la antigüedad en la residencia en el distrito según la categoría.

Si hay cuestiones que resolver sobre estos temas, la Junta le comunica a los apoderados y debe otorgarles un plazo entre 48 y 72 horas para subsanar. Si no hay observaciones por parte de los partidos, la Junta debe dar de baja esos candidatos y adecuar la nómina a fin de respetar la paridad de género.

"En resumen los 10 días que hay entre la presentación de candidatos y presentación de boletas históricamente han resultado insuficientes. Aún en el mejor de los casos reduciendo los plazos a 15 días, no se podría respetar el plazo de presentación de boleta", dice un documento que difundió la Junta Electoral tras la reunión.