El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de combustibles en Paysandú frente a las costas entrerrianas sigue sumando capítulos.  La demanda civil contra HIF Global y el Gobierno uruguayo había entrado en un proceso de resolución pero una declaración del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, generó un nuevo escenario de tensión. 

En una visita oficial, Orsi dijo que "hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho".

Sin embargo, esto fue desmentido al insten por la fiscal Josefina Minatta que aclaró: "Yo no retiré ninguna denuncia. Los Amicus Curiae tampoco. La causa sigue en pie". La funcionaria judicial fue quien promovió la acción penal por tentativa de contaminación en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

El impacto del error del presidente uruguayo obligó al Secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez Pereira, a aclarar que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente. Nosotros somos muy respetuoso porque tenemos un tratado del cuidado del Río Uruguay pero somos un país soberano".

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"La demanda de energía que va a demandar la empresa es casi igual a la que consume hoy Uruguay. La negociación comenzó con diferencias grandes, hoy nos estamos acercando a precios más reales", agregó. 

Los legisladores nacionales de Entre Ríos e impulsores de la demanda, Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay remarcaron la vigencia de la acción judicial. 

Hubo una confusión en las declaraciones del presidente. Nosotros somos muy respetuoso porque tenemos un tratado del cuidado del Río Uruguay pero somos un país soberano

En ese marco, Michel hizo un largo posteo en su cuenta de X en donde plantea que "la justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que "la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso".

En ese sentido, el diputado señaló: "Esa resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó producir las medidas que solicitamos".

Guillermo Michel.

LPOJuanca Casas

Las medidas de prueba detalladas por Michel son: 

1. Una Pericial Ambiental, a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

2. Pedirle a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de "e-Combustibles" y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

3. Requerir, vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay, toda la documentación de las empresas HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

La salida a este conflicto no es confrontar en los medios. Se requiere diálogo serio y responsable. Como dijimos desde el primer día. Estamos dispuestos a buscar conjuntamente una solución a este problema que están generando de forma unilateral por no respetar el Estatuto del Río Uruguay

El ex titular de la Aduana explicó que la última acción se realizó el pasado 21 de agosto y remarcó que "el juez pudo observar que la planta quedaría prácticamente frente a la toma de agua de los colonenses, a poco más de 3 kilómetros en línea recta". 

"El objetivo del procedimiento era que el magistrado releve de primera mano datos de donde se ubicaría la planta de combustibles, la relación tendría con Colón y otros puntos de conocimiento de interés", indicó.

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En otro posteo, Michel le escribió a Orsi y señaló que "la salida a este conflicto no es confrontar en los medios. Se requiere diálogo serio y responsable. Como dijimos desde el primer día. Estamos dispuestos a buscar conjuntamente una solución a este problema que están generando de forma unilateral por no respetar el Estatuto del Río Uruguay".

LPO publicó en marzo de 2025 que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y su canciller, Mario Lubetkin, recibieron a Frigerio y en ese encuentrO se habló sobre el proyecto de la empresa HIF Global que preveía una inversión de 6.000 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia de Uruguay.

En junio de este año, el caso por la contaminación en la ex Botnia dio un giro favorable para el reclamo argentino. El informe del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realizado en 2023, al que accedió LPO, da cuenta de "episodios de toxicidad detectados en los últimos meses del año".