Un nuevo frente de conflicto se abre al interior del gobierno de Javier Milei, entre el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y la Cancillería comandada por Diana Mondino. En este caso, por un juicio laboral que realizó una ex empleada de Gendarmería Nacional en Chile, quien, al no recibir respuestas de la esta fuerza, demandó por unos USD 30 mil a la Embajada Argentina en el país trasandino.

La ex empleada de Gendarmería Nacional en Chile, Laura Chinni Vergottini - de nacionalidad argentina y radicada en el vecino país-, presentó una demanda ante la Justicia laboral chilena por el incumplimiento de su salario por el término de nueve meses sin notificación previa y tras 20 años de servicio.

Chinni Vergottini desempeñaba sus funciones en la Oficina de Enlace de Gendarmería Nacional en Chile, la cual en 2023 y por razones presupuestarias fue cerrada. Sin embargo, en ese momento las autoridades de la fuerza no previeron la situación de la trabajadora que se desempeñaba como secretaria de esa dependencia.

Finalmente, sin aviso sobre su futuro y sin el pago de su salario, la empleada se dio por despedida y decidió demandar por 27 millones de pesos chilenos (unos USD 30 mil ) a la Embajada argentina en Chile, entendiendo que la Oficina de Enlace funcionaba en la órbita de esa representación diplomática.

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Fuentes de Cancillería informaron a LPO que, a lo largo de 2023 y 2024 se procuró que Gendarmería Nacional se hiciera cargo de los salarios impagos de su empleada, sin ninguna respuesta. Tanto el actual embajador Jorge Faurie, como su predecesor Rafael Bielsa remitieron notas formales a las autoridades de la fuerza de seguridad, alertando sobre la situación y la eventual demanda judicial que sobrevendría si no se atendía ese reclamo.

Sin embargo, la dependencia que responde a la ministra Bullrich y hoy está conducida por el comandante general Antonio Bogado no respondió a esos pedidos. Además, abrió un frente adicional de disputa con la Cancillería, ya que pretende reabrir su oficina en Chile sin resolver previamente el reclamo de su ex empleada, una decisión que no es aceptada por las autoridades del Palacio San Martín.

La situación generó así un punto de tensión entre Cancillería y el Ministerio de Seguridad y llegó incluso a difundirse en algunos medios chilenos, donde la demandada cuestionó el accionar de las autoridades argentinas, especialmente de la Embajada que negó la existencia de la relación laboral y aseguró que correspondía a la Gendarmería Nacional darle una solución.