Un juez federal de Córdoba aceptó tratar una demanda colectiva contra el cobro de retenciones al agro desde el 1 de enero de 2022. Los ruralistas cuestionan el cobro de retenciones porque como el gobierno no logró aprobar el presupuesto, no pudo prorrogar la emergencia económica, que interpretan es el sustento legal de ese tributo.

La misma posición venían levantando los diputados de Juntos por el Cambio y el propio Schiaretti que pidió a sus legisladores, a quien recibió este viernes en Córdoba, que impulsen una ley que ordene la baja gradual del tributo a las exportaciones de productos agropecuarios. El gobernador de Córdoba ya había ordenado a sus diputados acercarse al campo, consciente del creciente malestar en el sector.

Schiaretti mandó a sus diputados nacionales a contener al campo

Se trata en rigor de un movimiento más amplio que también incluye a integrantes del Frente Progresista de Santa Fe, como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que acaba de firmar un documento contra las retenciones junto a dirigentes de Juntos. El regreso de las tensiones con el campo, que este sábado marcharán con tractores a la Plaza de Mayo, está abroquelando así junto al sector a prácticamente toda la oposición.

Quien aceptó tratar el amparo de la Sociedad Rural de Jesús María fue el controvertido Ricardo Bustos Fierro, que en 1999 habilitó a Carlos Menem a presentara a una segunda reelección. El ex presidente lo había designado en su actual cargo seis años antes.

El regreso de las tensiones con el campo, que este sábado marcharán con tractores a la Plaza de Mayo, está abroquelando junto al sector a prácticamente toda la oposición. Desde Juntos, pasando por el peronismo de Córdoba, hasta los socialistas de Santa Fe.

El magistrado admitió la demanda colectiva por considerar que el cobro de retenciones "afecta en conjunto a los productores rurales, entendidos estos como productores agropecuarios, por ser quienes sufren económicamente sus consecuencias".

El Gobierno no logró aprobar en Diputados el Presupuesto 2022 y por eso quedó sin efecto la emergencia económica de 2019 que permitía al Ejecutivo fijar las retenciones a las exportaciones. Si el juez decide en favor de los ruralistas le causará a Nación pérdidas multimillonarias.

En marzo el Gobierno había aumentado los derechos de exportación a la harina y al aceite de soja como parte de la "guerra contra la inflación" declarada por Alberto Fernández. El sábado la Plaza de Mayo será el escenario de una convocatoria contra el Gobierno, en donde también aprovecharán para manifestarse contra Cristina Kirchner por el Consejo de la Magistratura.

El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro.

Gentileza Comercio y Justicia

"Estamos en presencia de una causa fáctica o normativa común, que provoca la lesión a los derechos al exigir a la demandada el pago de derechos de exportación con posterioridad al 31/12/2021, sin que el Congreso de la Nación haya sancionado una ley que disponga el cobro de esos derechos y con fundamento en normas cuya vigencia temporal se ha extinguido", se plantea en la demanda presentada por la Sociedad Rural según publicó Palabras del Derecho.

Pocas horas antes de que saliera la decisión de Bustos Fierro, el gobernador Juan Schiaretti se reunió con los diputados que conforman el Interbloque Federal, que integran Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez y Florencio Randazzo. También estuvo presente la senadora Alejandra Vigo. Schiaretti ha decidido que la pelea por lograr una baja de las retenciones sea un eje central de su discurso público.

Un posicionamiento que ahora recupera centralidad con el tractorazo de este sábado, que indignó a la Casa Rosada. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, advirtió este jueves a los ruralistas que "ni se les ocurra" acercarse a la Plaza de Mayo, pero este viernes bajó el tono y dijo que en todo caso la seguridad de la Ciudad es un tema del gobierno porteño.