El proyecto de Presupuesto 2027 que Luis Caputo mandó al Congreso es una caja de sorpresas para los legisladores de la oposición que empezaron a analizar el texto y, entre otras cosas, se encontraron con que el ministro coló beneficios impositivos para las empresas concesionarias de las rutas nacionales.

El artículo 67 del proyecto dispone una serie de beneficios fiscales para las empresas que firmen nuevos contratos de concesión de rutas nacionales, pero también para las que ya tienen contratos y realicen "ampliación de obras".

La medida generó polémica en el mundo empresario porque esas firmas que ya tienen contratos los ganaron en licitaciones que tenían determinadas reglas y no incluían esos beneficios, es decir que pudo haber alguna que se haya retirado o realizado una peor oferta por estas condiciones. Implícitamente, se están modificando esos pliegos.

El texto dice que beneficia a "los titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados a una licitación que se celebre a partir de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial para la construcción de rutas nacionales". Pero también aclara que el beneficio es para la "ampliación de obra por concesiones de rutas nacionales ya existentes". El abanico de lo que se determine ampliación de obra es muy grande, sobre todo porque en los contratos no hay grandes exigencias de obras para los concesionarios.

Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas

El proyecto habilita a los empresarios a realizar la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias por las inversiones que realicen en bienes muebles adquiridos par la ejecución de la concesión vial y en obras de infraestructura vial.

Además, tendrán un reintegro del IVA de las operaciones realizadas para esas obras y también podrán computar a su favor el 100% de lo que les deduzcan por el impuesto al Cheque para el pago de Ganancias, IVA o contribuciones patronales.

El proyecto también tiene una trampa para los gobernadores. En el último párrafo se invita a las provincias a adherir al régimen y adoptar exenciones en los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos para los contratos de concesión de las rutas. Y en la última línea dice que esa adhesión "será condición necesaria" para la vigencia de los beneficios que ofrece el Estado nacional en Ganancias, IVA e impuesto al Cheque. Es decir que el gobierno de Milei pone a los empresarios a presionar a los gobernadores para tener beneficios a costa de la recaudación provincial.

La medida generó polémica en el mundo empresario porque esas firmas que ya tienen contratos los ganaron en licitaciones que tenían determinadas reglas y no incluían esos beneficios. Implícitamente, se están modificando esos pliegos

La concesión de rutas nacionales ya había generado mucha polémica cuando Javier Milei les entregó las rutas 12 y 14, dos de los caminos más transitados de la Argentina y claves para el comercio del Mercosur, a la empresa Cartellone. 

La polémica surge de que Cartellone está involucrada en la causa Cuadernos y arrastra otras diez causas en la Justicia. El propio Milei firmó un decreto que prohíbe que las compañías implicadas en casos de sobornos puedan ser contratistas del Estado, pero en este caso miró para otro lado.