Mario Lugones puso a su amigo Ricardo Lara a manejar el traspaso de las obras sociales a las prepagas y los gremios preparan denuncias penales por el manoteo de miles de millones de pesos.
Ricardo Lara quedó a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, creado en los últimos dÃas por la resolución 102/2025 de la superintendencia de Servicios de Salud.
Ese comité tiene el control del traspaso compulsivo que ejecutó el gobierno de las obras sociales de los gremios a las prepagas, anticipado por LPO en exclusiva.
El ministro de Salud fue tutor académico de Lara y lo llevó a la Fundación Güemes a compartir panel con Santiago Caputo y Tomás Vidal, cuando los Peaky Blinders se encargaban de las encuestas de la clÃnica de Lugones.
Como Lugones tiene una prepaga del Güemes, se negó a firmar el traspaso de las obras sociales para no ser objeto de denuncias penales y la firma recayó en un jefe de asesores. Tampoco quiso firmar Gabriel Oriolo, el superintendente, que ahora empujó el comité para la liquidación. En los gremios igualmente preparan denuncias para todos los funcionarios involucrados con la medida.
La resolución del traspaso se firmó con fecha del 31 de enero pero retroactiva para todo el primer mes del año. Es decir que los aportes que los afiliados a las obras sociales hicieron para enero se pasan a las prepagas, pese a que las obras sociales ya habÃan comprometido pagos para tratamientos y medicamentos contando ese ingreso. Es por eso que se espera un descalce de pagos para la semana que viene que amenaza a las obras gremiales con el colapso e inclusive la quiebra.
Mientras se espera una lluvia de amparos que al menos detenga el efecto de la resolución, los gremios ya hablan de miles de millones de pesos que fueron retenidos para derivarlos a las prepagas.
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Qué bueno que Lara haya sido seleccionado como funcionario en virtud de su formación, sus sólidos antecedentes académicos y su vasta experiencia en gestión. Nada que ver a lo que era durante el kirchnerismo que los cargos quedaban para amigos y familiares con intereses cruzados con los del estado.
"Como Lugones tiene una prepaga del Güemes, se negó a firmar el traspaso de las obras sociales para no ser objeto de denuncias penales y la firma recayó en un jefe de asesores. Tampoco quiso firmar Gabriel Oriolo, el superintendente, que ahora empujó el comité para la liquidación"
Qué bueno que Milei haya incorporado la misma lógica de tiempos del macrismo de seleccionar funcionarios capaces por sus antecedentes en el sector privado pero que de ninguna manera tengan intereses en el área en la que se desempeñarían, como el recordado caso de Juanjo Aranguren.