Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta que consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

La situación de los efectivos de seguridad exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice "cuidar a quienes nos cuidan" y, por el otro, paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.

Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes de las fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el ex ministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla. Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. "Los grupos de Whatsapp están en llamas", confirmó a LPO un uniformado.

Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA

La ex ministra Patricia Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esto tuvo un doble efecto que está eclosionando ahora: generó un malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial y bronca en el resto de las fuerzas que se sintieron discriminadas.

La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice "cuidar a quienes nos cuidan" y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.

Pero la preocupación más fuerte que corre por estas horas en la Casa Rosada apunta a la cuestionada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señala como una "académica" sin capacidad de conducción de las fuerzas. 

"Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está", explicó a LPO un experto en seguridad con paso por varias gestiones.

El volante convocando a la protesta que circula en los grupos de Whatsapp y las redes.

Existe además un antecedente que genera escalofríos en el Gobierno. Algunos funcionarios de primer nivel recuerdan que fue la misma Monteoliva la que conducía el ministerio de Seguridad de Córdoba cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la Capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo. 

A la crisis de los salarios, hay que sumar la interna de la ministra de Seguridad con un su ex jefa Bullrich porque la ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su feroz interna con la actual senadora. En el marco de esta disputa es que Bullrich cuestionó la represión a un camarógrafo de A24 en una marcha contra la Ley de Glaciares. Como derivada de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento durísimo con el jefe de la Gendarmería, Brilloni.

Otro ejemplo de la gestión errática de Alejandra Monteoliva se produjo semanas atrás cuando la ministra levantó o dejó que levanten la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital y encendió protestas -por ahora reservadas- de la DAIA.

El timing de Monteoliva no podía ser peor: la decisión se tomó justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel.

Lo más preocupante del caso es que la ministra, ante la revelación exclusiva de LPO, negó el hecho y una simple constatación personal en la sede de la DAIA le hubiera permitido confirmar su veracidad. "O miente o no le informan, que sería peor", afirmó a LPO un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso.