El gobierno prepara un proyecto de ley de reforma laboral que reúne artículos del capítulo que desregulaba las relaciones de trabajo en el DNU 70/23, anulado por un fallo de Cámara, y los combina con disposiciones contemplados en el decreto de la Marina Mercante, cuestionado en el Congreso por la oposición.

Si bien circuló el rumor de que la iniciativa de Javier Milei se basaba en un proyecto de la libertaria Romina Diez, un diputado al tanto de la elaboración de la ley lo descartó de plano, y hasta sugirió que el texto de la legisladora era una copia sin coherencia ni cohesión de otro expediente ya presentado.

Fuentes del oficialismo dijeron a LPO que la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada podría contener la extensión de la jornada laboral a 12 horas y la reducción de indemnizaciones y la sustitución por el "fondo de cese laboral". Por lo demás, hay dudas sobre la limitación de las cuotas solidarias que se pagan en los gremios en cada paritaria, algo que promovía el radical Martín Tetaz el año pasado pero que no pasó el filtro del debate en comisiones porque el peronismo y Miguel Pichetto lo frenaron.

De todas maneras, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, admitió que el gobierno aspiraba a quitar la obligatoriedad de los aportes a las asociaciones sindicales y la ultraactividad, un concepto que implica que un convenio colectivo de trabajo sigue rigiendo pese a que se haya vencido.

Cruces entre la UIA y los diputados sindicales en el inicio del debate sobre reducción de la jornada laboral

Como la mayoría de los convenios están fechados en 1974, si los libertarios barren esa cláusula, los trabajadores quedarían desprotegidos en una insondable cantidad de rubros.

Hombre de Techint, Cordero expresó también cuando se presentó ante la comisión de Presupuesto en el Congreso que la intención era diseñar paritarias por productividad y por empresa, atendiendo a la realidad que cada firma tenga dependiendo de su ubicación geográfica, la rentabilidad del sector según su localización y las condiciones del entorno. "Si el gobierno obtiene la descentralización de la negociación paritaria, puede entregar lo demás porque, en definitiva, cada patronal impondrá las condiciones a sus empleados en su empresa y se diluye el poder gremial", explicó un abogado laboralista a LPO.

Julio Cordero.

Además, los encargados de llevar adelante el proyecto habrían incorporado ideas contenidas en el decreto 340/25, el de la Marina Mercante, para reducir el impacto de los conflictos gremiales. Ese decreto fue repudiado por el SOMU y por la oposición pero no pudieron voltearlo en el Congreso.

En su articulado, considera la aprobación de un "régimen de excepción" para la actividad de la Marina Mercante y, para eso, declara "como servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin".

Si el gobierno obtiene la descentralización de la negociación paritaria, puede entregar lo demás porque, en definitiva, cada patronal impondrá las condiciones a sus empleados en su empresa y se diluye el poder gremial.

El decreto establece que "los conflictos colectivos" que afecten la prestación del servicio no podrán vulnerar las "garantías de prestación de servicios mínimos". "En ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare", dice, y agrega: "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50 %".

Milei especula que la nueva composición parlamentaria le permitiría lograr la mayoría necesaria para lograr la reforma.

Sin embargo, la jueza Liliana Rodríguez Fernández, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo con competencia en Feria en enero de 2024, había declarado la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023.