La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de los jueces Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, resolvió por unanimidad declarar inadmisible los recursos de casación interpuestos por las defensas de Joelton Gusmão de Oliveira y Joel Borges Correa contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que, también por unanimidad, había confirmado la denegatoria de la libertad.

Se trata de dos prófugos brasileños condenados por su participación en los ataques a los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023, durante la asunción de Lula. Ambos tienen en curso un proceso de extradición que tramita ante el juez Daniel Rafecas. 

LPO adelantó en exclusivo en noviembre que Rafecas ordenó la aprehensión contra 61 bolsonaristas y puso tensión entre Milei y Lula en la previa de la cumbre del G20.  Para el libertario es un tema incómodo porque Bolsonaro considera que todos los prófugos son perseguidos político y apela a la buena relación con Milei para que reciban asilo político, decisión que dejaría la relación con Brasil al borde de la ruptura.  

En junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil había recibido una lista con más de 180 nombres de prófugos en Argentina y otros países, como Paraguay y Uruguay. En octubre, el juez de la Corte Suprema Alexander De Moraes, determinó la extradición de más de 60 condenados. La sospecha de la Policía Federal es que la mayoría de los que huyeron a Argentina lo hicieron escondidos en coches tras romper la tobillera electrónica que usaban.

Rafecas ordenó la detención de 61 bolsonaristas prófugos y complica a Milei 

El Ministerio Público Fiscal se había opuesto a la libertad de los bolsonaristas. Así, en su dictamen, el fiscal Carlos Rivolo recordó que Borges Correa fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por la comisión de los delitos previstos y reprimidos en el artículo 359-L del Código Penal Brasilero bajo el delito abolición violenta del Estado Democrático de Derecho a la pena de cuatro años de prisión. 

Se trata de dos prófugos brasileños condenados por su participación en los ataques a los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023, durante la asunción de Lula. Ambos tienen en curso un proceso de extradición que tramita ante el juez Daniel Rafecas.

Por su parte, el fiscal recordó que Gusmão de Oliveira fue condenado a 17 años de prisión por la comisión de los delitos previstos por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, a la pena de cinco años de prisión por intento de golpe de estado.

Borges Correa fue detenido en una autopista de San Luis, mientras viajaba en un vehículo con matrícula brasileña y con destino desconocido. Tampoco pudo indicar su domicilio dado que primero afirmó vivir en el distrito bonaerense de Merlo pero luego invocó como su lugar de residencia un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. 

Presidencia

A su vez,  Gusmão de Oliveira fue detenido en La Plata tras ser identificado con un pedido de captura. A pesar de haber sido detenido previamente en Brasil y condenado luego, ingresó a la Argentina para evitar la efectivización de la condena, lo que resulta un indicador de la fuga del país de origen y de su falta de arraigo.

La decisión se produce un día después que cinco jueves del Supremo Tribunal Federal de Brasil de aceptar la denuncia contra Jair Bolsonaro por liderar una organización criminal que podría terminar en su detención a fin de año por el delito de "abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio".

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 Como adelantó LPO, el exmandatario podría ser condenado hasta a 30 años de prisión y corre el riesgo de ser detenido durante el proceso si se considera que se puede escapar u obstruir a la Justicia.

El tema sigue siendo sensible para el gobierno, esquivó a los abogados que vinieron al país en agosto y prefiere dormir la causa antes que tenes que decidir entre si apoya o no a los brasileños que esperan protección. Hasta el momento, una colaboración y el trámite de los refugiados está bajo la tutela de la Comisión Nacional de Refugiados.