La Justicia Federal de Corrientes tiene paralizada hace casi dos años una causa contra el ex gobernador Ricardo Colombi, acusado de evasión y enriquecimiento ilícito por la compra de dos inmuebles, pese a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se avance con la investigación en ese fuero.

La causa había sido desestimada por la Justicia Federal de Corrientes y direccionada a un juzgado local de Mercedes, pero la Cámara Federal de Apelaciones correntina ordenó continuar con la investigación en el fuero federal de esa provincia por presunto enriquecimiento ilícito contra Colombi, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal en ese sentido.

Esa decisión de la Cámara es de abril de 2023, sin embargo, fuentes con acceso al expediente revelaron a LPO que desde entonces no se produjo ningún avance en un trámite que lleva casi una década en los tribunales federales correntinos.

Por la gravedad de los hechos incluidos en el expediente sorprende en fuentes vinculadas a la investigación la demora por parte de la Justicia Federal, en particular luego de que la apelación llegara hasta la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, y encendió señales de alarma en los pasillos del Consejo de la Magistratura, donde no se descarta un análisis puntilloso del accionar de quienes están interviniendo en la causa.

Sospechan de una maniobra de Valdés para beneficiar a un empresario amigo con las vacunas del dengue

Se trata de dos operaciones inmobiliarias originadas entre 2006 y 2007 con la intervención de dos personas que cedieron mediante una donación los inmuebles a Colombi y que además son indagados en una causa por la financiera trucha Pyramis en la que también se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Cassani.

El año pasado, la camarista Selva Angélica Spessot y su par Ramón Luis González determinaron de acuerdo con la posición del fiscal general ante esa cámara, Carlos Schaefer, revocar la decisión dictada en 2018 por el Juzgado Federal de Paso de los Libres por la que se había remitido parte de la investigación a un juzgado provincial de Mercedes con la excusa de que los delitos que se investigan se produjeron cuando Colombi era legislador provincial, lo que resultó ser falso.

Se trata de dos operaciones inmobiliarias originadas entre 2006 y 2007 con la intervención de dos personas que cedieron mediante una donación los inmuebles a Colombi y que además son indagados en una causa por la financiera trucha Pyramis en la que también se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Cassani.

La determinación de la Cámara fue tomada siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de la Nación, que ordenó que se continúe además la investigación por el delito de evasión agravada respecto de la escribana que había intervenido en el traspaso de los bienes.

La Corte Suprema hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, quien había sostenido en esa instancia el recurso planteado por Schaefer. 

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La causa se originó a partir de una denuncia por la compra de inmuebles por parte del ex director del PAMI en Corrientes, Marcelo Hernán Laslo, y de su esposa, María Helena Haddad, presuntamente adquiridos a favor de Colombi. Uno de ellos fue comprado el 28 de diciembre de 2006 por 250.000 pesos a través de una cesión de derechos, mientras que el 8 de marzo de 2007 las mismas personas habrían comprado una segunda vivienda por 600.000 pesos con la particularidad de que el boleto de compraventa está fechado el 31 de noviembre de 2006, una fecha inexistente en el calendario.

Valdés acordó con Lousteau y Pullaro para correr a Colombi de la UCR correntina

La fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, probaron que las viviendas habrían sido compradas por Colombi, que incluso habitaría en una de ellas. En paralelo, Laslo y Haddad eran investigados en la Justicia en el marco de la causa de la ex cooperativa Pyramis, por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa se originó a partir de una denuncia por la compra de inmuebles por parte del ex director del PAMI en Corrientes, Marcelo Hernán Laslo, y de su esposa, María Helena Haddad, presuntamente adquiridos a favor de Colombi. 

Laslo atesoraba fondos en la financiera ilegal Pyramis que no contaba con habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar y fue clausurada luego de que la Justicia federal dio por probado que utilizaba fondos del público para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques y operaciones cambiarias.

La Fiscalía fue más allá y sostuvo que dado que se desconoce el origen de los fondos y que la pareja aparece investigada por el accionar en Pyramis hay una posible vinculación entre ambas causas en relación al eventual delito de enriquecimiento ilícito, como punto de partida para el lavado de activos y evasión tributaria agravada.

La investigación por el accionar de la Cooperativa Pyramis tiene entre los indagados al actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, imputado por enriquecimiento ilícito y también su hijo, Diego Joaquin Cassani, luego que en un allanamiento en la financiera se descubriera una caja que figuraba a nombre de Cassani.

Pese a todo ello, el 14 de febrero de 2018, el juzgado federal de primera instancia de Paso de los Libres declaró la incompetencia del fuero federal y remitió una causa residual a un juzgado de instrucción del fuero ordinario de Corrientes. En ese acto también se dictó el sobreseimiento de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias. Además, rechazó el pedido de la fiscalía federal de conexidad de la causa con el caso Pyramis.

Sin embargo, en su apelación, el fiscal acreditó que, al momento de los hechos, Colombi era diputado nacional por la provincia de Corrientes, por lo que debía intervenir fuero federal.

En su fallo, la Cámara hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó revocar los puntos cuestionados de la sentencia, y que se reenvíen las actuaciones al Juzgado Federal Nº2 de la ciudad de Corrientes, con copia al Juzgado Federal de Paso de los Libres. Casi dos años después de aquella decisión, el expediente no tuvo movimientos.