Javier Iguacel fue procesado en una causa que investiga la extensión irregular de la concesión de siete corredores viales. El juez Sebastián Casanello lo acusó en su fallo de buscar "beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente".

El intendente de Capitán Sarmiento está acusado junto a otros dos funcionarios de Cambiemos, que también fueron procesados. Entre las empresas que habrían sido beneficiadas por Iguacel se encuentra IECSA, fundada por la familia Macri, además de otros grandes jugadores de la obra pública. Según Cassanello, Iguacel llevó a cabo "contrataciones directas alegando circunstancias falaces y autogeneradas, a favor de los privados, desvirtuando el interés público que se debía defender".

En Mar del Plata, Iguacel defendió la exploración off shore en un acto con Montenegro

La ley permite prórrogas hasta de un año, plazo después del cuál el Estado debe llamar a licitación. El juez sostuvo que el ex funcionario alegó una situación de emergencia que fue "autoprovocada".

Según trascendió, la intención de Iguacel habría sido prorrogar las licitaciones hasta que estuviera disponible la ley que habilitaba la Participación Público Privada, una de las modalidades que intentó imponer el gobierno de Mauricio Macri y que terminó en un fracaso.

Iguacel junto a Bullrich, que busca llevarlo como candidato en la Provincia.

"Se extendieron los contratos que firmó el propio kirchnerismo, que no eran muy beneficiosos para el Estado, mientras se empezaron a hacer los pliegos. Ahí surgen los PPP, entonces se adapta el sistema. Para hacer bien las cosas se dispusieron nuevas extensiones porque eso llevó tiempo", explicó Iguacel a La Nación. "Si no, se quedaba sin operación las rutas. Si se vencían las contrataciones, el Estado tenía que hacerse cargo", dijo.

"No me preocupa porque lo que hicimos fue legal y extraordinario para el país", comentó el precandidato a gobernador bonaerense que está alineado con Patricia Bullrich sobre los PPP.

"Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP", señaló por Twitter en referencia a que ese mismo día la Corte rechazó más de una decena de recursos de Cristina Kirchner para que se declare nula la causa por los contratos de obra pública con Lázaro Báez.

La causa comenzó en agosto de 2019 tras una denuncia de la Secretaria general de los trabajadores viales. En la presentación la gremialista sostuvo que las concesiones de varios corredores viales se habían ampliado de forma irregular e ilegal y que el Estado fue perjudicado por esas acciones del Ministerio de Transporte.