El gobierno de Javier Milei mantiene pisadas las partidas presupuestarias para salud universitaria y en la UBA denuncian que ese congelamiento en el giro de recursos pone en jaque la atención en los centros de salud que dependen de las universidades.

De los 80 mil millones de pesos previstos en el presupuesto 2026 para esta área, la administración libertaria no ejecutó un solo peso al cerrar el primer cuatrimestre del año, por lo que advierten que están en riesgo las prestaciones en la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes por año.

"La administración actual está incumpliendo su propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente", advirtieron las autoridades de la UBA.

De los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.  

El congelamiento de estas partidas por parte del Ejecutivo nacional pone en riesgo la atención no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.

 En esa línea detallaron que, de los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. 

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Bajo la órbita de la UBA existen seis centros de salud: el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología "Ángel Roffo", el Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", el Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Estas alertas de ajuste sobre los hospitales universitarios van en línea con la denuncia de incumplimiento en la aplicación de Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales.

Es en ese contexto que la comunidad universitaria prepara una nueva marcha federal, que se desarrollará el martes 12 de mayo. En las universidades acusan una "decisión arbitraria e ilegal" del gobierno de Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.