Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las polÃticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado "Cabotaje MarÃtimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación" sostiene que una eventual apertura del transporte marÃtimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podrÃa generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podrÃa reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marÃtima, mientras que compañÃas extranjeras podrÃan beneficiarse de regÃmenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podrÃa superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitirÃa el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podrÃa desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marÃtimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logÃstica portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extenderÃa a numerosas economÃas regionales.
El informe afirma que las compañÃas argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podrÃa derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanÃa y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podrÃa incrementar la dependencia logÃstica del paÃs y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactarÃa directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marÃtima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafÃos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que "ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar".
Esta fuente detalla que "el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping. Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos".
"La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva polÃtica podrÃa permitirles entrar en el cabotaje portuario. Varias organizaciones marÃtimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las polÃticas de Sturzenegger van en contra de la polÃtica hemisférica", remarca.
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Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podrÃa provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del paÃs en el Atlántico Sur.
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