El gobierno de Javier Milei quiere echar al sindicalista Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas y apuesta a una guerra total con los gremios del sector.

Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), integra el directorio de la compañía como representante de los trabajadores, que tienen un asiento en la conducción de Aerolíneas como parte del Programa de Propiedad Privada (PPP) creado durante las privatizaciones del menemismo.

Después de las asambleas de las últimas semanas -que el gobierno y la empresa consideran paros encubiertos-, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció que le pidió a Aerolíneas que lo remueva del directorio "porque le ha causado grandísimos daños y pérdidas a la compañía".

"Luego de su expulsión vamos a avanzar con acciones de daños y perjuicios basadas en la responsabilidad que le establece la Ley de Sociedades Comerciales", afirmó Mogetta en radio Mitre. 

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Poco antes Aerolíneas emitió un comunicado en que confirmó que convocará a una asamblea para echar a Biró. "Actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión, de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades", sostiene la nota.

Aerolíneas también informó que denunciará penalmente a Biró y al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey. El argumento es que las "asambleas" ya le provocaron pérdidas por más de 2 millones de dólares a la compañía.

En paralelo a la jugada corporativa y a la denuncia penal, fuentes del sector explicaron a LPO que la Casa Rosada apuesta a la división de los gremios aeronáuticos para dejar aislado a Biró, que por estas horas se llamó a silencio. La jugada es cerrar los acuerdos paritarios de cada sector y tentarlos con el asiento que dejará libre Biró.

El líder de los pilotos mantiene alineados a los gremios de Aeronavegantes, que conduce Brey, y a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que lidera Edgardo Llano, y a la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), de Rubén Fernández.

Estos cuatro gremios emitieron este lunes un duro comunicado en contra del anuncio del Gobierno de que avanzará reglamentación del carácter esencial de los servicios aeronáuticos para que tengan menos margen de acción para las medidas de fuerza.