El Gobierno busca anular los contratos de los peajes que Macri le entregó a Abertis
Alberto anunció que pidió la nulidad de los contratos de los accesos Norte y Oeste. "Hubo un negociado escandaloso", advirtió Katopodis.

Alberto Fernández y Gabriel Katopodis anunciaron que el Gobierno nacional inició una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste firmados por la gestión de Mauricio Macri con la empresa española Abertis, de Florentino Pérez.

El presidente dijo que los contratos con las firmas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) "son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado y a los usuarios".

Las concesiones de Ausol y GCO (firmas en las que el Grupo Socma tuvo parte del paquete accionario) vencían en 2020, pero dos años antes Macri "renegoció" el contrato y extendió el período hasta 2030. Pero además le hizo una serie de beneficios que en el gobierno consideraron "escandalosas".

Un dato que remarcaron en el gobierno es que si se hubieran respetado las condiciones del contrato original, en algunas cabinas se debería estar pagando 1.830 pesos por las obligaciones de actualización que impuso Abertis.

El testimonio clave de una ex funcionaria de Vialidad complica a Macri y al presidente del Real Madrid

LPO dio cuenta a través de varias notas de las escandalosas condiciones del contrato de los peajes, que diversas fuentes aseguran que fue definido casi en su integridad por los técnicos de Abertis. Macri y Florentino Pérez tiene una vieja amistad desde los años 90, que luego reforzaron cuando coincidieron como presidentes de Boca y el Real Madrid.

Además de los monumentales beneficios, el contrato por los peajes llegó a la justicia federal por presuntas irregularidades en la extensión de la concesión, pero Comodoro Py nunca avanzó. Alberto y Katopodis anunciaron que aportarán información para que se reactive la causa.

Florentino Pérez

"Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador", afirmó Alberto durante el anuncio. Es que además de la amistad de Macri con Florentino, en la renegociación del contrato participaron del lado del Estado argentino funcionarios que habían sido parte de las empresas concesionarios. El propio Macri tuvo que evitar firmar la extensión porque su familia había tenido acciones en Ausol hasta un año antes.

"Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso", sentenció Katopodis sin matices. El ministro dijo que el contrato fue hecho "a medida de las empresas" y sostuvo que no hubo "ninguna justificación ni parámetro" para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias.

"En el transcurso de 2018, el Gobierno de Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como 'de vicio' y que determinan la nulidad absoluta", reseñó. Ambos decretos tienen por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).

Katopodis advirtió que Macri "otorgó una dolarización al contrato" de las autopistas sin que hubiera "ningún componente que justifique" esa medida, y refirió que "se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria".

"En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario, pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual", planteó el funcionario.

"Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que luego volvieron a esas empresas", agregó Katapodis sobre los involucrados de los dos lados del mostrador. "En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma", concluyó.

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